Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener

Según revelaron cables de Wikileaks filtrados a través de el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), la aprobación de la central Campiche estuvo rodeada de polémica, luego de que la Suprema paralizara las obras y el gobierno de Bachelet hiciera cambios legales que permitieron su construcción. Cables filtrados por Wikileaks dan cuenta del fuerte lobby que ejerció la embajada de EE.UU. por AES Gener. El gobierno reaccionó rápio, temiendo ahuyentar inversiones, e incluso la presidenta habría pedido a la ministra Patricia Poblete que encontrara una solución. Según el embajador, Poblete le dijo que esa era su primera prioridad y le prometió que “el gobierno solucionaría la situación”.

A fines de octubre y principios de noviembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Paul Simons, hizo llegar una carta a varios destinatarios del gobierno. La había escrito Gary Locke, el secretario de Comercio de su país, y le urgía que las principales autoridades chilenas la leyeran. Al primero que se la entregó fue a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a un cable enviado a Washington por la embajada y filtrado por Wikileaks, el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del problema y, “comprometido a encontrar una solución”. En los días siguientes, la misiva llegaría hasta los escritorios de los ministros de Interior, Economía y Energía.

Para entonces ya habían pasado cinco meses desde que la Corte Suprema invalidara la aprobación ambiental de la central termoeléctrica Campiche, un proyecto que se encontraba en construcción en la comuna de Puchuncaví, en la V Región, y que pertenecía a la compañía eléctrica AES Gener, la segunda empresa más grande del rubro en el país y filial en Chile de la norteamericana AES. La decisión judicial no cayó nada de bien ni en EE.UU. ni en el gobierno de Bachelet.

El fallo unánime de la Suprema determinaba que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) había incurrido en una ilegalidad al aprobar en mayo de 2008 el permiso ambiental a la termoeléctrica y permitir su construcción sin antes considerar el tipo de uso de suelo. Con eso, se paralizaba una inversión de US$ 500 millones para generar 270 MW de potencia a base de carbón, lo que equivalía al 10% de la capacidad de generación en construcción en ese momento y al 3% de la capacidad ya instalada de la matriz eléctrica en Chile.

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