El ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia contra tres ex uniformados que asesinaron a dos turistas argentinos y cuatro chilenos, simulando una fuga en los alrededores del túnel Lo Prado.

Las seis personas fueron detenidas en la Torre 12 de la Remodelación San Borja y ejecutadas en las inmediaciones del Tunel Lo Prado, el 17 de octubre de 1973. Por esta razón el magistrado dictó 10 años de presidio sin beneficios a los ex uniformados Gerardo Urrirch González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa.

Los tres son responsables de la muerte de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); Carlos Adler Zulueta (25 años), turista argentino; Beatriz Elena Diaz Agüero (26 años), turista argentina, cónyuge del anterior; Víctor Garretón Romero (60 años), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25 años) estudiante universitario y Julio Saa Pizarro (35 años), cirujano dentista.

Según la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de Remodelación San Borja el 16 de octubre de 1973 por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército, quienes los llevaron hasta el recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, Pudahuel.

Al día siguiente, los detenidos fueron llevados a los alrededores del túnel Lo Prado, donde -según la investigación- se les ordenó que huyeran del sitio para simular una fuga y, a pesar de pedir clemencia, fueron asesinados con ametralladoras.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó antecedentes de los homicidios por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI y el 2 de junio de 1976, mediante resolución N°1810, determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al Gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.

Esa denuncia dio inicio a un proceso judicial por orden del ministro del Interior de la época, a cargo del fiscal militar Rolando Melo Silva, de la cual no se obtuvieron resultados.