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Poder

29 de Mayo de 2011

Acoso laboral y prácticas antisindicales en la Armada

De un día para otro, la Armada de Chile decidió eliminar una serie de beneficios salariales a un grupo de empleados civiles de la Base Naval de Talcahuano. La respuesta de ellos fue organizar un sindicato y posteriormente una asociación de trabajadores, pero la empresa duro poco: la Inspección del Trabajo, los juzgados laborales y hasta la Contraloría les negaron el derecho a organizarse y el pleito se encuentra ahora en el Tribunal Constitucional.

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En diciembre del 2009, un explosivo anuncio sorprendió a Cristina Amigo, asistente de párvulo de la Base Naval de Talcahuano de la Armada de Chile.

A través de una carta, la Dirección de Bienestar Social de la base le comunicó que el contrato que la vinculaba con la marina sería modificado para eliminar el pago de una serie de beneficios salariales.

La misma carta fue entregada a los más de 60 civiles que hasta entonces trabajaban en la base vinculados a la Armada mediante un contrato bajo la figura de fondos propios. La institución alegaba haberles pagado beneficios que no les correspondían y planeaba poner fin a esta situación.

“Yo había trabajado en otros jardines y salas cuna y al comienzo me costó aceptar el trato militar”, relata la asistente desde su casa en la población Las Canchas de Talcahuano, recordando el verano de 1993, cuando se unió a la Armada para cuidar a los infantes de los infantes de marina. “Con el tiempo me acostumbré y terminé amando mi trabajo. Eso hasta que nos llegó la carta”.

El Caleuchito

Durante sus años de servicio, la educadora alternó entre el jardín infantil El Caleuchito, dentro de la misma base, y el Pulpito Azul, en la Población Naval Rencoret, un condominio para los marinos desde donde se aprecia toda la bahía.
“Yo trabajé con niños desde tres meses hasta cinco años, y al final hacía todo porque las parvularias estaban en otra”, dice en pasado, porque el comienzo de los cambios en las condiciones contractuales fue el final de su carrera laboral al interior de la Armada.

Las modificaciones contempladas en el contrato eliminaban de un cañonazo un puñado de beneficios que hasta entonces disfrutaba el grupo compuesto por asistentes de párvulo, panaderos, choferes, manipuladores de alimentos, auxiliares de aseo, encargados de la lavandería de la base y meseros.

Según la comunicación, firmada por el Jefe del Departamento de Bienestar subrogante, el capitán de corbeta Luis Guzmán Pérez, el cambio entraría en rigor a partir del 1 de enero del 2010 y obedecía a una serie de dictamenes de la Contraloría General de la República.

Entre esos el fallo 44405 originado en octubre del 2007 y que establece que los empleados civiles de las Fuerzas Armadas no tienen derecho a los reajustes y asignaciones especiales de quienes llevan el uniforme.

De un momento a otro los salarios, que en promedio rondaban los 250 mil pesos, bajarían en hasta 70 mil pesos para empleados que trabajaban hasta 60 horas semanales.

Las asignaciones por zona, los pagos de trienio o bonos por cada tres años de servicio y los aguinaldos desaparecían bajo el nuevo documento. “Lo único que nos ofrecían eran aumentos según el IPC y eso es igual a nada”, dice la educadora.

Acoso laboral

La primera reacción de los trabajadores afectados por la determinación fue conformar un sindicato para resistir en bloque la reforma, que en algunos de los casos reduciría los salarios en más de un 30 por ciento.

Cristina lideró el movimiento que el 28 de diciembre de ese año conformó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bienestar de la Armada, con la participación de trece trabajadores y cuyos estatutos fueron remitidos a la Inspección del Trabajo de Talcahuano.

La jugada fue un torpedo que sacudió la base. Por un lado, el grupo de civiles disconformes con las intenciones de los marinos creció como la espuma, amenazando con la posibilidad de una huelga en los servicios del recinto, y por otro, marcó un giro en el rumbo de las relaciones entre ambos bandos.

Como cabeza visible, Cristina cuenta que el cambio del trato con sus superiores fue dramático. “Apenas ellos supieron que estábamos queriendo conformar un sindicato de trabajadores civiles, hubo presiones, amenazas, malos tratos”.

En su caso, la relación con su empleador directo, el capitán de navío Pedro Canario, Jefe del Departamento Bienestar Social de la base, se hizo insoportable hasta el punto en que como “castigo”, dice, fue reasignada al jardín infantil Tortuguita Marina de la Isla Quiriquina, frente a Talcahuano.

“Todos los días tenía que viajar en el transbordador hasta allá, me mareaba y sufría mucho. Siempre me ha dado miedo viajar en el transbordador, ellos lo sabían, una persona quiso cambiar conmigo y dijeron que no, que esa era mi asignación”, relata.

Un proceso similar ocurrió con los otros miembros del grupo. Un caso emblemático fue el de Alejandro Seco, chófer del camión de basura en la base. Tras el intento de organización fue removido del volante para pasar a recoger la basura en el remolque.

Según los trabajadores, la estrategia de acoso se repitió con varios colegas, las jornadas laborales se extendieron de un día para otro, los uniformados comenzaron a revisar los bolsos de los empleados a su salida del recinto y quienes se mantuvieron al margen de la situación obtenían los turnos más codiciados, hasta el punto en que el movimiento que había llegado a reunir 60 personas se redujo a la mitad.

“Algunos de nuestros hijos van al colegio Arturo Prat, y además de los recortes de beneficios, irnos de la base hacía que el colegio pasara de 50 mil a 140 mil pesos, hay compañeras con dos hijos y eso es mucha plata”, explica Amigo.
Sindicato trunco

Sin embargo, el proyecto del sindicato tuvo pies cortos en términos legales. El 11 de febrero de 2010, un mes y medio después de entregada el acta de constitución, la Inspección del Trabajo de Talcahuano rechazó la posibilidad de la organización sindical, básicamente por tratarse de un grupo de empleados dependientes de la Armada.

Los estatutos que rigen a las Fuerzas Armadas impiden que sus miembros conformen cualquier tipo de organización y a juicio de la inspección, eso se aplicaba también para este grupo de civiles.

La negativa derivó en un pleito legal ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, donde el proyecto volvió a encallar: a juicio del tribunal, así sean trabajadores civiles están bajo el mando de la Armada, por lo que debían regirse por sus estatutos.

¿Y los beneficios? Se preguntaban los empleados que veían con tristeza cómo la posibilidad de cualquier reclamo ante el cambio unilateral del contrato hacía agua en tribunales.

“Adentro de la base, a nosotros nos trataban como uniformados cuando les convenía. Nos hacían formar y hasta nos hicieron comprar un uniforme por el que nos descontaron 60 mil pesos. Pero no nos tocaba ninguno de sus beneficios”, dice Amigo.

Leonardo Contreras, abogado representante del grupo de trabajadores, reconoce que el fallo fue negativo pero alega que también cuenta con un punto favorable: el documento establece que las personas contratadas por la dirección de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas no son parte del personal de la institución, lo que abría la posibilidad de ser considerados trabajadores del Estado.

Lejos de frenar su artillería sindical, y bajo la incesante ofensiva del nuevo contrato, el grupo de trabajadores optó por cambiar de estrategia y emplear un arma distinta: el 18 de junio del 2010 decidieron conformar la Asociación de Funcionarios de Bienestar de la Segunda Zona Naval, amparados en la ley 19.296, que regula las asociaciones de funcionarios estatales.

Para la constitución de la sociedad, el grupo de Talcahuano entró en contacto con colegas civiles de las bases de Iquique, Valparaíso y Puerto Montt, sin embargo, estos finalmente desistieron de participar, argumentando el mismo tipo de presiones que sus colegas de la Octava Región.

La directiva de esta nueva entidad quedó conformada por tres asistentes de párvulo: Cristina Amigo, Sandra Illanes y Sonia Galaz. “Queríamos conservar lo que por derecho nos ganamos, nuestros sueldos, y de un momento a otro a los señores de la Armada se les ocurre reducirlos, quitándonos un derecho adquirido como lo eran los trienios, pero no tan solo eso, también el trato no era el que la familia naval promueve”, dice Illanes.

Los despidos

El resultado inmediato de esta decisión fue el despido de los trece fundadores del movimiento de resistencia. Diez de ellos volvieron a sus casas con la indemnización correspondiente pero las tres parvularias se fueron con las manos vacías, acusadas de “incumplimiento grave” de las obligaciones del contrato.

“El capitán Canario le dijo a una de mis colegas que la despedía por haberlo demandado y que nosotros deberíamos estar felices de que no nos pedían que devolviéramos la plata que nos habían dado todo ese tiempo por trienio y por zona, que supuestamente no nos correspondía”, dice Amigo.

La carta de despido firmada por Canario señala que la constitución de la Asociación de Funcionarios de Bienestar de la Segunda Zona Naval infringió expresamente disposiciones constitucionales y legales que por contrato las tres funcionarias se habían comprometido a cumplir.

En esta, el marino habla de incumplimiento al artículo 160 del código de trabajo, aplicando la norma para los civiles, sin tomar en cuenta el artículo 212 del mismo código, que habla de la libertad de sindicalización para los civiles.

Por otra parte, Canario cita en su carta normas que rigen a los miembros de las fuerzas armadas y que acompañan los beneficios que estos reciben.

“Con la carta de despido nos imposibilitaron hacer uso del seguro de cesantía y el seguro del crédito hipotecario, dejándonos de brazos cruzados. No voy a negar que hubo momentos difíciles, tuve la casa con cuotas impagas y aún arrastro deudas”, relata Illanes.

Además del despido de su directiva, la conformación de la asociación también naufragó en la inspección del trabajo: el personal vinculado a las Fuerzas Armadas no puede conformar organizaciones de trabajadores, reiteraba el argumento.

Esta nueva negativa también fue impugnada en el juzgado de letras del trabajo de Concepción, donde la jueza titular, Valeria Zúñiga, decidió cortar por lo sano y derivar el asunto al Tribunal Constitucional para que sea este quien se pronuncie sobre el limbo en que se encuentra este grupo y una larga lista de trabajadores a lo largo de las bases militares del país.

La audiencia se realizó el martes 3 de mayo y en este momento el tribunal se encuentra deliberando sobre la materia. A juicio de Contreras, los argumentos de la contraparte, en este caso el Consejo de Defensa del Estado y la Dirección del Trabajo, sobre que los empleados hacen parte de la Armada, fueron duramente cuestionados en el alegato.
En cualquier caso, advierte: “Si nos va mal en el Tribunal Constitucional no descartamos ir a tribunales internacionales, hay convenios firmados que Chile se comprometió a cumplir”.

Tras el revuelo, la Armada decidió cortar por lo sano y externalizó buena parte de los puestos a cargo de civiles, contratando a un colegio para que se hiciera cargo de los jardines infantiles y externalizando otro tipo de empleos. Sin embargo, el limbo en que se encuentran estos trabajadores también se repite entre trabajadores de sanidad de la armada, enfermeras, arsenaleros y otros servicios.

Según estimaciones de miembros del grupo, en las bases militares de Chile hay 900 empleados civiles atrapados en un limbo similar.

“El principio de la norma de no sindicalización busca evitar que empleados puedan entrar en paro si hay, por decir algo, una guerra, pero qué importancia puede tener que una asesora de párvulo pueda estar en huelga si estamos en guerra”, dice Contreras.

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