Presidente de las Municipalidades a juicio por corrupción

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó esta mañana al Ministerio Público que lleve a juicio por corrupción al recién nombrado presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Colina Mario Olavarría (UDI).

La decisión del tribunal de alzada se produjo luego de la solicitud de la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Alma Sánchez, para anular el acuerdo al que había llegado Olavarría con la Fiscalía Centro Norte. Esta última resolvió otorgarle la facilidad de un procedimiento abreviado que, en los hechos, implica que no recibiría sanción alguna por el delito reiterado de cohecho, por los que fue formalizado en abril de 2010.

El dictamen afecta también al “intermediario” de las coimas -como lo define el CDE- Nabil Mansour Lelesdakis y a Domingo Soto López, ex asesor de Olavarría por el mismo ilícito.

Los hechos se remontan al octubre de 2007. En esa fecha un capitán de Carabineros de Colina interpuso una denuncia ante la Fiscalía, ya que el supermercado Tottus, recién inaugurado estaba instalado a menos de cien metros de la unidad policial y de un centro para menores en riesgo social, toda vez que el Concejo Municipal le otorgó a la empresa una patente de alcoholes.

Al poco tiempo de la investigación iniciada por el Ministerio Público local, aparecieron cobros de coimas por 6.000 UF, los que fueron revelados por la empresa DyS (Líder) que resolvió no entrar en el negocio con la municipalidad.

El cobro, básicamente, estuvo a cargo del empresario Mansour, según el CDE, disfrazado como una comisión de corretaje.

Sin embargo, pese a las pruebas, la Fiscalía resolvió otorgarle beneficios de salida alternativa a Soto, Mansour y al vicepresidente ejecutivo de Tottus Francisco Leyton. Básicamente, debían pagar 60 millones de pesos en cuotas de 5 millones como donación al fondo municipal y firmar mensual durante un año en el Ministerio Público. Olavarría, en tanto, sólo debía cumplir con lo establecido en un informe de Contraloría que indicaba el cumplimiento de medias administrativas.

El CDE no aceptó las condiciones de la Fiscalía, estimando que los delitos probados en la investigación afectaban la fe pública y la “lucha anticorrupción”, ya que le otorgó condiciones “altamente beneficiosas” para Olavarría sin fundamentación alguna.

“Por un lado, esta parte, representando los intereses del Estado, estima que los imputados no deben continuar ni tener la posibilidad de ejercer nuevamente algún cargo público, al haber infringido reiteradamente con su conducta, todos los deberes y valores que se predican de la función pública, afectando gravemente su imagen”, señala la apelación del CDE.

En su alegato del lunes, Sánchez argumentó que existe una “inconsistencia patrimonial” de Olavarría “que no resiste análisis”, lo que fue considerado por los ministros para revocar el acuerdo con la fiscalía, donde la empresa Patagonia, según el CDE aparece como la sociedad, donde se triangulaban dineros que Olavarría recibía.

De hecho en la investigación de la fiscalía quedó acreditado que Olavarría recibió más de $ 117 millones, los que fueron pagados en montos de dos millones, sostuvo el organismo, con el fin de blanquear el origen ilícito del dinero.

El Ministerio Público ahora deberá decidir si llega a un juicio abreviado o bien oral, donde los imputados podrían ser condenados o absueltos, decisión que también puede ser apelada al tribunal de alzada capitalino.