El rector Víctor Pérez y su estrategia para negar información de la U. de Chile

Justo antes de finalizar su intervención en el set de Tolerancia Cero, este domingo el historiador Alfredo Jocelyn-Holt lanzó una acusación que dejó perplejos a los panelistas del programa y encendió twitter. “Se habla del lucro y los rectores de las universidades públicas se abanderizan y dicen que ellos defienden una institución pública. En instituciones como la Universidad de Chile, hoy día, hay personas que tienen ingresos por 14 millones de pesos y están pidiendo más plata (…) Entonces, transparentemos. Esto es el MOP-GATE en otra dimensión”.

Las palabras del historiador, profesor de la escuela de Derecho de “la casa de Bello”, son parte de las sospechas que Francisco Zambrano quiso despejar hace dos años, tras el conflicto que mantuvo al edificio de Pío Nono nº1 tomado por dos meses y que terminó con la renuncia del decano Roberto Nahum, acusado de plagiar la tesis de un alumno.

Terminado el conflicto, el 13 de noviembre de 2009 Zambrano pidió a la entonces Directora de Escuela de Pregrado, Pilar Moraga Sariego, el Acta de la Comisión de Claustro de la facultad y la lista con remuneraciones, beneficios, función, cargo, grado y la fecha de inicio de funciones de sus profesores. La información no fue entregada, lo que motivó al estudiante, hoy en 5º año, a presentar un recurso de amparo al Consejo para la Transparencia que falló a favor de Zambrano.

Sin embargo, el rector Víctor Pérez presentó un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones el 8 de mayo de 2010, que después volvió a fallar a favor del alumno, para luego presentar un recurso de queja en la Corte Suprema (el 6 de enero de 2011) y poco después un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Aunque ninguno de ellos ha hecho aún el fallo definitivo, los argumentos para no transparentar la información no dejan de ser llamativos.

Fuego cruzado

Antes del cambio de gabinete y las actuales propuestas del Mineduc a los sectores de la educación en conflicto, el actual vicepresidente del Cruch y rector de la “casa de Bello”, escribió una carta a El Mercurio donde explicaba y enumeraba los puntos que faltaban en la agenda de trabajo con el ministerio para llegar a un acuerdo entre el entonces ministro Lavín y ellos.

“Los temas que se siguen omitiendo son mayor transparencia, fiscalización, aportes basales permanentes para las universidades estatales, y más y mejores ayudas a los estudiantes”, dice la misiva, publicada por el medio el día 27 de junio de 2011, en la que además señala que algunas universidades con fines de lucro “están pidiendo que el Estado les entregue recursos de todos los chilenos, sin fiscalización de la Contraloría, para que ellas puedan mejorar aún más su negocio”.

La carta motivó una serie de dimes y diretes entre políticos de la Concertación y la Coalición por el Cambio, unos increpando al rector Pérez y otros defendiéndolo. La carta de Pérez en el oficialismo no había caído bien, dado el escenario en el que estaba: por un lado pidiendo más transparencia y mano dura contra las universidades que lucran en el sistema mientras mantenía el litigio legal por negarse a dar la información que Francisco Zambrano había solicitado hace poco más de un año y medio.

Todo esto, pocos días después que el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el cura Fernando Montes, pidiera públicamente a las universidades Católica y de Chile atreverse a transparentar sus negocios, en una entrevista publicada por la revista QuéPasa.

“Son hechos con todas las apariencias legales de instituciones sin fines de lucro, pero aprovechan el nombre y el prestigio de las universidades, y se convierten en un negocio interno de los profesores”, dijo tan solo unos días antes de la carta de Pérez y la negación de los rectores a firmar el acuerdo propuesto por el entonces ministro Joaquín Lavín.

¿Servicio público?

El primer fallo, emitido por el Consejo para la Transparencia, ordenó a la máxima autoridad de la universidad a entregar esa información. Sin embargo, la defensa de la misma argumentó que la Universidad de Chile es una persona jurídica de derecho público autónoma, a la que no le es aplicable la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

¿La razón? La defensa explicó que la institución no se encuentra comprendida en la enumeración de órganos del Estado que contiene su artículo 2° inciso 1° en la Constitución, por lo tanto, no estaba obligada a responder. El fundamento específico es que la Universidad de Chile no es “un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa”, por tanto no queda sujeta a Transparencia.

Sin embargo, la razón que da la defensa del rector Pérez está fundada en la Ley Orgánica Constitucional (disponible abajo), la misma que en su artículo 1º enumera las instituciones que comprenden la administración del Estado, incluidos los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, integrando a las universidades estatales en el artículo 40º inciso 3º de la misma ley.

“Los jefes superiores de servicio, con excepción de los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, serán de exclusiva confianza del Presidente de la República, y para su designación deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso a la Administración Pública, y con los que para casos especiales exijan las leyes”.

De hecho, el Estatuto de la Universidad de Chile (disponible abajo) dice en su artículo 59 inciso 1º que “Los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que desempeñen, tendrán la calidad de empleados públicos y se regirán por los Reglamentos que a su respecto dicte la universidad”.

Incluso la universidad está sometida al sistema de compras públicas ChileCompra y la fiscalización de Contraloría. Al respecto, el rector Pérez declinó referirse a este tema. Fuentes de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile explicaron que por estar radicado en la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Constitucional, no pueden referirse públicamente a este conflicto.

Por otro lado, Zambrano espera que los fallos del Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones, cuyos alegatos comienzan la próxima semana, le den finalmente la razón en los próximos meses, algo que espera sea para mejorar las condiciones de la comunidad académica de Derecho en la Universidad de Chile.

Francisco, ¿Qué te parece que el rector Pérez pida más transparencia para otras universidades y más recursos para las estatales mientras sigue en el litigo para no pasarte la información que pediste?
-Es una frescura fatal porque lo que está haciendo el rector es caer en una hipocresía tremenda al decir, por una parte, que somos un órgano del Estado, que el Estado tiene que financiar, y por otro lado decir en tribunales que nosotros tenemos la misma naturaleza que las iglesias o que el cuerpo de bomberos. Por otra parte apunta con el dedo a sus supuestos competidores para que se transparente el sistema universitario privado pero el sistema público universitario ni tocarlo. O sea, denos 20 mil millones de pesos, pero no nos fiscalicen ni miren lo que estamos haciendo”.

¿Por qué crees que el rector no quiere entregar esa información?
-Creo que Jocelyn-Holt tiene razón al decir que hay que transparentar en la universidad. Se nota que hay algo que quieren ocultar porque quien más transparenta más está expuesto.

Estatuto Universidad de Chile

Fallo del Consejo para la transparencia

Ley Orgánica Constitucional