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13 de Septiembre de 2011

Contraloría cuestionó anomalías administrativas de La Moneda

Un informe “reservado” enviado por el organismo fiscalizador y que publica The Clinic Online, establece además que la Casa de Gobierno le pagó a sus asesores más importantes -15, en total, entre ellos María Luisa Brahm- antes que terminaran el trabajo y emitieran el informe respectivo, en vez de usar la fórmula “mes vencido”, como sucede en toda la administración pública.

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En un informe de 13 páginas y con carácter de “reservado”, la Contraloría cuestionó una serie de prácticas administrativas anómalas de la Presidencia de la República.

El documento, que publica íntegramente The Clinic Online, establece entre otros puntos que La Moneda le pagó a sus asesores más importantes -15, en total- antes que terminaran el trabajo y emitieran el informe respectivo, en vez de usar la fórmula “mes vencido”, como sucede en toda la administración pública.

En su respuesta al organismo fiscalizador, la Casa de Gobierno indicó que los contratos “se pactaron de forma distinta”, pero que arreglarán el modo de cancelar.

Sin embargo, la Contraloría no aceptó la fórmula, señalando que la autoridad “no se refiere a lo observado, en cuanto a que los informes confeccionados por los profesionales que realizaron las actividades tienen una fecha anterior a la ejecución total de los trabajos, con lo cual se informa, aprueba y paga una actividad que no se ha realizado completamente, y por otro sólo se enuncian medidas a implementar a futuro en relación con los contratos cuestionados, en consecuencia, no es posible levantar en esta oportunidad la observación”.

Dentro de este cuestionamiento administrativo está la jefa de la asesoría presidencia, María Luisa Brahm. También María Isabel Aninat, Fernanda Otero, Claudio Rosas, entre otros.

¿Y la ley?

No fue lo único que la entidad revisora encontró. También se detectaron contratos de servicio, que fueron denominados por La Moneda como “urgencia calificada”, donde la fecha del documento de formalización es posterior a la compra.

La Presidencia se defendió señalando que la Dirección Administrativa debe procurar los recursos económicos y humanos para el Mandatario fue realizar sus actividades.

“Las actividades presidenciales son siempre dinámicas y de un ritmo que en la práctica no es posible seguir siempre con las formalidades jurídicas previas que requieren los actos de la administración. La agenda presidencial se planifica y organiza, sin embargo, está sujeta a la agenda pública del país, la que depende de la coyuntura social y política que se enfrenta día a día. Es un hecho público y notorio el despliegue sistemático del Presidente de la República y el gobierno en todo el país en la contingencia cotidiana. A este tipo de requerimientos nos enfrentamos a diario en la administración y tenemos el deber de cumplir y no fallar”, respondió.

Con el mismo lenguaje formal, pero aclaratorio de cómo los funcionarios públicos deben hacer cumplir la ley y obedecerla, la Contraloría sentenció: “… que aún cuando resulte comprensible que las actividades de la presidencia puedan tener un carácter dinámico, ello no puede ser impedimento para cumplir a cabalidad con la legalidad de los actos administrativos…”.

Si bien es cierto el organismo fiscalizador no efectuará sumarios administrativos, si revisará que las medidas ordenadas se cumplan, y las prácticas anómalas sólo serán aceptadas, “en esta oportunidad”, señala el informe.

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