Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Nacional

4 de Octubre de 2011

El despelote que la Ley Hinzpeter buscó provocar en la mesa de diálogo

El anuncio de penalizar las tomas de colegios y universidades, que vendría incluido en el proyecto de ley que enviaría hoy el gobierno al Parlamento, levantó tierra en toda la arena política y en los estudiantes movilizados, quienes creen en el anuncio de ese documento un mero intento por provocarlos a bajarse de la mesa de diálogo. Sin embargo, sin dejar de causar desconfianza los estudiantes irán igual este miércoles al Mineduc con una propuesta de gratuidad bajo el brazo, en una reunión que promete ser más larga y tensa que la de la semana pasada.

Por

“Esto demuestra que el gobierno está sumamente desgastado y no tiene ni la más mínima capacidad política para llevar adelante un cambio que le pide la ciudadanía. Parece que lo único que quieren resolver es el conflicto en la calle, como si los compañeros en toma fueran una casualidad”, dice Patricio Contreras, miembro de la mesa ejecutiva de la Confech sobre el proyecto de ley que anunció el fin de semana el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y que incendió el debate político sobre la criminalización de la protesta del otrora hombre fuerte de La Moneda.

Según Contreras, la desconfianza hacia los espacios de diálogo todavía es tangible, pero de todas formas asegura que los estudiantes enfrentarán la mesa con una propuesta bajo el brazo, a la que llaman Bases técnicas para un sistema gratuito de educación. “Todo esto genera desconfianza de lo que vaya a pasar el miércoles, aunque independiente de eso nosotros les vamos a ganar porque llevamos una propuesta mientras ellos sólo se detienen en criminalizar al movimiento”, dice.

El domingo por la tarde, apenas unas horas después de que el Presidente Sebastián Piñera firmara el Proyecto de Ley, que fortalece el resguardo del orden público y modifica disposiciones del Código Penal, los dirigentes estudiantiles comenzaron a enterarse de que la nueva arremetida legal del gobierno venía con yapa: convertir en delito las tomas de colegios y universidades, con penas de hasta tres años de cárcel.

El documento, modifica el artículo 269 del Código Penal y transforma la ocupación o invasión ilegal de inmuebles en delito. Esto incluyendo a viviendas, comercio, edificios fiscales y establecimientos educacionales.

De esta forma, la administración Piñera entabló una nueva iniciativa legal -que ingresaría hoy al Parlamento- que además de transformar en agravante el actuar encapuchado, castigar las faltas de respeto a los policías y crear el delito de impedimento al libre tránsito, le pone la suela encima al gran motor del movimiento estudiantil. Y de paso, creen los estudiantes, a la mesa de diálogo que recién comienzan a entrablar con el Ejecutivo.

Quebrar la mesa

Desde el domingo por la tarde, los dirigentes comenzaron a ponerle ojo al proyecto, llamado Ley Hinzpeter en redes sociales. Les parecía raro que apareciera días antes de que se sentarán por segunda vez en una semana a discutir con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, sobre el tema por el que han bateado cacerolas y marchado kilómetros estos últimos cinco meses.

“El gobierno siempre antes de las reuniones manda señales intentando quebrar de antemano los espacios, pero nosotros vamos a insistir instalando nuestras demandas”, dijo Giorgio Jackson, presidente de la Feuc, sobre esta postura. Así, tanto Jackson como José Ancalao, quién dijo que como estudiantes se sentían “provocados” por las señales y declaraciones del gobierno, y otros dirigentes estudiantiles, universitarios y escolares, fueron acumulando críticas por lo que consideraron un nuevo intento por dividir a los estudiantes movilizados.

Derecha alineada

Mientras tanto, en la vereda política, ayer la coalición de gobierno salió a defender con uñas y dientes el polémico proyecto de seguridad ciudadana. Después de las declaraciones del propio presidente el domingo, el ministro del Interior ayer reafirmó que le pondrían urgencia al proyecto que, esperan los parlamentarios oficialistas, ingrese mañana al Congreso.

Aunque descartando que la iniciativa fuera creada para estas instancias, Hinzpeter ayer se dirigió a la derecha más dura y explicó que esta busca una actitud de firmeza. “La verdad es que nosotros tenemos que evitar que minorías secuestren los derechos de las mayorías”, dijo el jefe de gabinete, olvidando el escuálido 22% de apoyo que arrojan las encuestas ciudadanas al gobierno donde participa.

Sin embargo, con la polémica desatada y la oposición reclamando por lo que consideraban una medida “bastante absurda” y que profundiza “la vía represiva en vez de buscar las causas que generan las movilizaciones”, el gobierno le volvió a echar leña al fuego. En un contacto con TVN, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que eran convenientes las modificaciones legales en medio del contexto actual del conflicto estudiantil porque “algunos grupos han tomado como costumbre invadir propiedad pública o privada”.

A pesar de ello, la coalición gobernante valoró en masa la propuesta del gobierno y desestimó que la iniciativa legal se hiciera con el propósito de amenazar o presionar al movimiento estudiantil. De hecho, descartaron que el documento incluyera a los establecimientos educacionales. “No he leído el proyecto de ley, pero se que busca sancionar a los delincuentes, a los que invalidan las manifestaciones, se infiltran y cometen disturbios. Este proyecto no busca castigar ninguna manifestación ni toma en términos pacíficos. Aquí lo que se busca es sancionar y aumentarle las penas a los delincuentes”, dijo la diputada y presidenta de la comisión de seguridad ciudadana y drogas, Marcela Sabat.

Los diputados oficialistas, tanto RN como UDI, defendieron el “espíritu” del proyecto y descartaron que éste sea un parte de un intento por trabar nuevamente la instancia de diálogo del gobierno con los estudiantes, como también una forma de volver a repuntar en las alicaídas cifras de seguridad ciudadana que el la ciudadanía le ha dado al gobierno que vino a acabar con la delincuencia. Sobre este tema, el diputado RN Pedro Browne, dijo que las cifras actuales no son más malas que las de gobiernos anteriores y explicó que esto se trata básicamente de una crítica “injusta a la conducción del ministro del Interior”.

En tanto, el abogado y diputado UDI, Cristián Letelier, consultado por esl asunto dijo que más allá de esa situación “los gobiernos tienen que responder a lo que la ciudadanía pide, pero más que eso, al bien común”. El parlamentario, antiguamente abogado de la Fundación Jaime Guzmán, dijo que hacia un proyecto de ley que se desconoce no debe criticársele, aunque resaltó que esto no merma el ánimo de diálogo entre el Ejecutivo y los estudiantes.

“De ambas partes hay desconfianza. Todo lo que haga el movimiento estudiantil el gobierno va a desconfiar y viceversa. Entonces, aquí hay que partir desde la buena fe, en sentido que el gobierno tiene que cumplir con su labor, entre ellas, la tranquilidad pública”, dice el diputado UDI Cristián Letelier.

Sin embargo, los estudiantes piensan distinto. Según José Ancalao, lo que hizo el gobierno fue un intento por provocar que los estudiantes se bajaran de las mesas y volvieran a ser tildados de intransigentes. “Trataron de hacernos pisar el palito, pero no lo haremos y vamos al diálogo a discutir las verdaderas reformas para darle gratuidad a la educación”, dijo.

Notas relacionadas