Columna de Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile: ¿“Tomas” o “campamentos”?

En su cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast describió la realidad habitacional a través de dos enfoques en aparente tensión. Por una parte, al hablar del déficit de vivienda, volvió a reconocer -después de mucho tiempo- que las familias de los campamentos son una responsabilidad ética del Estado. Por otra parte, en el marco de la agenda de seguridad, abordó la necesidad de recuperación de terrenos de diferentes “tomas”, mezclando realidades tan disímiles como Temucuicui, el fallido barrio de Cerro Chuño en Arica y el campamento El Boro en Alto Hospicio. 

Así, vuelve a instalarse una frontera arbitraria que poco a poco está ganando terreno en el imaginario colectivo: las tomas vs. los campamentos. Sin embargo, desde TECHO – Chile vemos que el problema es que aunque todo campamento es una toma, no toda toma es un campamento.

Cuando el fenómeno se analiza exclusivamente desde la óptica de la seguridad, todo es simplemente “toma” y la respuesta habitual es el desalojo masivo. Da lo mismo si dicha toma de terreno responde a una reivindicación étnica, al funcionamiento de una organización criminal o, simplemente, a la falta de vivienda de una familia vulnerable. El foco exclusivo para la autoridad es restituir el bien inmobiliario a sus legítimos dueños.

El costo social de este enfoque reduccionista es altísimo: desalojar sin alternativas habitacionales no soluciona el problema; solo lo desplaza hacia la precariedad del hacinamiento o incluso hacia otros campamentos cercanos.

En macrocampamentos como El Boro coexisten, sin duda, dinámicas delictivas organizadas con miles de familias que llegaron ahí simplemente porque no tenían dónde vivir. Son estas últimas quienes sufren con mayor fuerza la doble victimización: la violencia de las bandas y el abandono crónico del Estado.

Comprender las verdaderas causas sociales detrás de los asentamientos actuales exige asumir que la pobreza en Chile mutó profundamente. En los últimos treinta años, el país triplicó su ingreso per cápita y, con ello, la vulnerabilidad social cambió de rostro.

El explosivo aumento de familias en campamentos durante los últimos quince años —pasando de 27.000 a 120.000— no responde a las mismas causas de los años noventa. Hoy detrás de cada asentamiento hay motores específicos, tales como el encarecimiento del suelo, el alza en los costos de construcción, los flujos migratorios de la última década o la falta de actualización de los planes reguladores.

Los campamentos se han transformado en una incómoda metáfora del desarrollo chileno. Aquellas herramientas de política habitacional que fueron exitosas entre 1996 y 2010 para reducir los asentamientos informales hoy se muestran completamente superadas por la realidad. El problema de la política de vivienda no es que haya fracasado en términos absolutos; el problema es que fue diseñada para un Chile que ya no existe y, por lo mismo, se agotó.

El alza sostenida de las familias viviendo en campamentos ha cruzado de manera transversal a sucesivos gobiernos de todos los signos políticos. Esto demuestra que no estamos ante una crisis de una administración, sino ante un desafío de Estado, que no encontrará soluciones en las recetas del pasado ni profundizando enfoques puramente policiales.

Es urgente convocar a un esfuerzo articulado para diseñar una Nueva Estrategia Nacional de Campamentos. Esta política pública debe ir mucho más allá de la mera entrega de viviendas. Requiere una mirada multidimensional que involucre activamente a los gobiernos regionales, los municipios y a ministerios clave como Desarrollo Social e Interior. Solo entendiendo la identidad y la urgencia de cada comunidad podremos iniciar un nuevo ciclo de descenso en las cifras, devolviendo la dignidad a miles de familias más allá de las etiquetas semánticas con las que se les pretenda calificar.