Otra comisión: diputados investigarán por casos de falsos exonerados

Por unanimidad la Cámara de Diputados acordó este jueves crear una comisión investigadora “para indagar acerca de posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de beneficios previsionales a Exonerados Políticos, por parte de la autoridad competente, y las eventuales participaciones de parlamentarios, ex parlamentarios, ministros, subsecretarios, funcionarios públicos, jefes de servicio y cualquier otra autoridad pública que de alguna manera haya participado en dicho proceso”.

La solicitud fue presentada por las bancadas de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), y su funcionamiento estará radicado en la Comisión de Trabajo de la Cámara, instancia que preside el diputado Felipe Salaberry (UDI).

Al respecto, el jefe de bancada de RN, Cristián Monckeberg, afirmó que “afortunadamente la Concertación tuvo un momento de lucidez y dio sus votos para la Comisión Investigadora. Lo que buscamos es asignar las responsabilidades que corresponden, porque no es posible que diputados utilicen el dolor de las víctimas de la violencia política, para sus fines personales. Ese es dinero que debe ser destinado a reparara a los verdaderos afectados, y no para conseguir algunos votos más en época de elecciones”.

Los diputados de la Coalición además pidieron a la Comisión de Ética de la Corporación que invite a todos los diputados que pudieran haber entregado certificados de este tipo.

“Hemos hecho una presentación a la Comisión de Ética para que invite a todos los parlamentarios que en algún momento hayan firmado un certificado que acredite que una persona prestó servicios para una empresa del Estado y que haya sido exonerado, para que expliquen dichos certificados y evitar que se mezclen certificados fraudulentos con legítimos”, aseguró el jefe de la bancada UDI, José Antonio Kast.

“Es fundamental aclarar ese punto, porque nuestro mandato nos obliga a cumplir las leyes, no relativizarlas, como han hecho algunos”, agregó Monckeberg.

Kast insistió que “es necesario despejar el manto de duda, ya que son bastantes los parlamentarios que emitieron estos certificados, aunque estamos convencidos que no todos se hicieron de mala manera”, y añadió que “el tema cruza el espectro político, ya que hablamos de la fe pública, y lo que queremos saber si hay personas que le mintieron a un parlamentario, o si algunos parlamentarios usaron esto como una herramienta de campaña”.

Agregó que “nadie que firme una carta de recomendación está cometiendo un delito; sin embargo, sí sería constitutivo de delito cuando una persona hace de esto una práctica habitual y lo transforma en un mecanismo para obtener un beneficio del Estado que no le corresponde”.