Los parlamentarios con vínculos en colegios y universidades que votaron sí al presupuesto 2012

Poco después de las tres de la tarde del lunes, justo antes de que se votara y aprobara la partida de Educación en el presupuesto para 2012, el diputado Sergio Aguiló y otros opositores propusieron que los legisladores con vínculos con universidades privadas u otros intereses de educación se inhabilitaran de la votación. La medida no fue acogida y minutos después, la cámara baja le dio el visto bueno al presupuesto -con la ayudita de tres independientes-, impidiendo que el proyecto se fuera en general a Comisión Mixta.

Después de eso, los estudiantes se mostraron frustrados por la actuación de los legisladores, que, según ellos, votaron a espaldas del movimiento y de las demandas que ellos pidieron en las calles durante los últimos seis meses. La ciudadanía y las redes sociales, por otro lado, reventaron contra los honorables que votaron a favor del gobierno, sobre todo contra René Alinco, a quien apuntaron con el dedo por alinearse a la derecha y al que le recordaron el apoyo a Hidroaysén de hace unos meses.

Antes de eso, en julio pasado, el Parlamento discutió sobre la posibilidad de que algunos de sus miembros se inhabilitaran de votar debido a sus posibles conflictos de interés con instituciones educativas a medida que el cuetionamiento al lucro se instalaba en la agenda. Pero de esto el lunes no se supo nada. Tanto así que al menos 7 de los que terminaron aprobando el presupuesto para el Mineduc 2012 tienen intereses en sociedades que lucran con la educación.

Sí

La lista parte con Ernesto Silva Méndez, diputado UDI por el distrito 23 (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura) e hijo del ex fundador y rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bufallay. Si bien en su patrimonio declarado no aparece ningún vínculo con la universidad o con otra entidad educativa, el suicidio de su padre -quien tenía una importante participación en la UDD- el 8 de agosto pasado podría haberle traspasado parte de sus acciones a él o su familia. En cualquier de los dos casos se puede considerar un posible conflicto de interés.

La lista la sigue Eugenio Bauer Jouanne, diputado UDI por el distrito 33 de la región de O’Higgins, quien según el Inspector de Intereses de la Fundación Ciudadano Inteligente es partícipe de INMOBILIARIA INVERSIONES Y SERVICIOS EDUCACIONALES DE LA REGION DE O’HIGGINS S.A.

Según la información del Diario Oficial, en su constitución de sociedad anónima cerrada puede, además de arrendar, subarrendar y adquirir bienes raíces -a juicio de los expertos, el gran negocio de las educación superior en Chile-, “prestar servicios por cuenta propia o de terceros, especialmente en el campo de la educación y/o para instituciones universitarias, técnicas o profesionales y en general cualquier actividad que se decida impulsar relacionado directa o indirectamente con los fines señalados”.

Junto a él, el diputado UDI por el distrito 39, de la región del Maule, Romilio Gutiérrez Pino, tiene entre sus intereses declarados su participación en R G ASESORIAS LIMITADA, empresa que tiene por objeto la “prestación de asesorías educacionales, consultorías y servicios de carácter profesional, en materias contables, tributarias, económicas, financieras, administrativas y de cualquier otra índole”, según consta en el documento de constitución de sociedad en el Diario Oficial.

Lo sigue el también UDI Carlos Recondo Lavanderos, diputado por el distrito 56 de la región de Los Lagos, quien tiene entre sus intereses declarados la sociedad “Gestión Inmobiliaria y Educacional Limitada”, la cual organiza, gestiona y desarrolla proyectos inmobiliarios destinados exclusivamente al funcionamiento de establecimientos educacionales, según el documento disponible en el Diario Oficial.

Y según esa misma constitución de sociedad, estos tienen que ser “colegios y escuelas destinadas a la formación científica humanista y/o técnica, debiendo siempre tener su orientación e inspiración en la religión católica”. Así mismo, Recondo tiene otra sociedad, no declarada pero detectada por el Inspector de Intereses, llamada Inmobiliaria Estancilla S.A. que tiene por objeto las mismas actividades que la anterior para la construcción de “colegios y/o escuelas en los que se imparta enseñanza preescolar, básica y media, orientada e inspirada en la religión católica”.

Otros

Además de los diputados antes mencionados, todos militantes de la Unión Demócrata Independiente, se suma uno de sus senadores, el señor Hernán Larraín Fernández, socio de Asses Ltda., entidad que tiene como uno de sus objetos comerciales la “prestación de servicios de asesoría profesional en toda clase de materias educacionales, sean éstas de carácter docente, de capacitación, investigación o extensión o vinculadas con la administración, desarrollo y financiamiento de la educación y de establecimientos educacionales”.

Incluso, en julio pasado, cuando se discutía sobre la inhabilidad para votar en estos casos, el senador gremialista dijo que cuando hubieran intereses comprometidos a propósito del tema universitario “lo razonable es que la persona se inhabilite”. Sin embargo, el viernes pasado el senador votó sí después del debate maratónico que libraron en la Cámara Alta los parlamentarios.

Junto a él también se encuentra al diputado Mario Bertolino, RN del distrito 7 de la región de Coquimbo, quien es partícipe un porcentaje menor del Colegio Inglés Católico de La Serena, según su declaración de patrimonio disponible en la página del Congreso.

En la lista aparece el también UDI Nino Baltolú, del distrito nº1 por Arica y Parinacota, quién según la biografía de su sitio web y disponible también en la página del Congreso, es presidente del Centro de Formación Técnica (CFT) de la Universidad de Tarapacá desde el 2005. Esa participación no está en su declaración de patrimonio, a diferencia de su Cadillac Sedán Deville 4.5 de 1988 y su deuda de 4 millones de pesos con la Caja de Compensación de Los Andes. Todo esto, según su declaración de abril de 2010.

El pasado te condena

Junto a los antes mencionados, desde la aparición del movimiento educacional se ha apuntado con el dedo a varios personeros de gobierno que tienen o tenían participación en algunas universidades u otros establecimientos educacionales. El primero de ellos y quizás el más emblemático es el actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, ex Mineduc, quien retiró sus acciones en la Universidad del Desarrollo al asumir Educación, aunque hasta el último día de su labor en el edificio de Almirante Lorenzo Gotuzzo sirvió de argumento a los estudiantes para cuestionar su idoneidad en el cargo.

A él se suma el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, quién también participó en la fundación de la Universidad del Desarrollo. A este último los dirigentes estudiantiles le pidieron su inhabilitación en el debate de una reforma constitucional por educación, la cual adoptó a los días siguientes.

En esa misma línea aparecen el actual ministro de Justicia, Teodoro Rivera, ex rector de la Universidad Autónoma de Chile, y el ministro de Economía, Pablo Longueira Montes, miembro del consejo directivo de la Universidad San Sebastián.

En la otra vereda también existen una larga lista de ex ministros y asesores de gobiernos de la Concertación con los papeles manchados a la hora de hablar de lucro en educación. A decir, los ex ministros de educación: el PPD Sergio Bitar, miembro del directorio de la Universidad Mayor; el DC Sergio Molina, presidente del directorio de la Universidad de Viña del Mar y miembro de la sociedad de inversiones Norte Sur, junto a Alberto Etchegaray. La lista sigue con Genaro Arriadaga (DC), ex ministro de Segpres, en la junta directiva de la Universidad de las Américas; Edmundo Hermosilla (DC) en el directorio de la Universidad Miguel de Cervantes junto a Gutemberg Martínez, rector y esposo de la senadora Soledad Alvear.

Junto a ellos, el también ex titular del Mineduc y ex candidato presidencial Jorge Arrate, en la universidad Arcis entre 2003 y 2006 y la también ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, parte de la fundación Belén Educa, que tiene un importante número de establecimientos educacionales a lo largo del país.

Acá todos los diputados que votaron a favor: