Presentan primera querella por el pollo-gate

El diputado Gabriel Silber (DC) presentó este viernes ante el Séptimo Juzgado de Garantía una querella en contra de los ejecutivos de las empresas productoras de pollos implicadas en una presunta colusión de precios que detectó la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El legislador, junto con el libelo, solicitó que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para que indague las eventuales responsabilidades legales que se derivan de este caso.

Tras la presentación el parlamentario opositor señaló que “sin perjuicio de la investigación administrativa que está realizando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que establecerá multas, nosotros estimamos que aquí existen delitos realizados por los ejecutivos de estas empresas, que a través de una maquinación han afectado gravemente el mercado, porque este cartel, de hecho, ha determinado artificiosamente el precio del pollo, no ha dejado que el mercado lo fije”.

Silber dijo que la querella apunta a que los responsables de estos hechos enfrenten penas de cárcel, “ya que la gente está aburrida de que quienes cometen delitos de cuello y corbata no vayan presos y sólo reciban multas que generalmente son pagadas por las propias empresas”.

Agregó que “lamentamos que en este caso el gobierno, que está tratando de aparecer como el defensor de los consumidores, no haya hecho nada efectivo, y más parece que, debido a los conflictos de interés y familiares de muchos de sus más latos funcionarios, ha pretendido lanzar una cortina de humo, anunciando comisiones y reuniones, pero no ha presentado ninguna acción judicial”.

“Lamentablemente se han dejado pasar casi 2 semanas desde que se conoció la denuncia de la FNE, y no se había presentado ninguna acción judicial, lo que podría haber permitido que se destruyera documentación importante para la investigación, así como el formateo y desaparición de computadores y discos duros, entre otros datos vitales para el caso”.

Entre las diligencias solicitadas al tribunal se considera la inmediata constitución de los fiscales en las oficinas de las empresas involucradas, incautación de computadores y material contable y la interceptación de llamadas telefónicas.