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Poder

13 de Enero de 2012

Consejo de Defensa del Estado pidió antecedentes del caso La Polar a la Fiscalía y evalúa querella criminal

Así quedó establecido en un correo electrónico enviado al fiscal a cargo, José Morales, de la abogada del organismo Stephanie González, “a fin de estudiar los antecedentes y determinar la posible intervención de este servicio como querellante en el proceso”. En tanto, los bancos BBVA y Edwards le cerraron las cuentas al ex presidente del […]

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Así quedó establecido en un correo electrónico enviado al fiscal a cargo, José Morales, de la abogada del organismo Stephanie González, “a fin de estudiar los antecedentes y determinar la posible intervención de este servicio como querellante en el proceso”. En tanto, los bancos BBVA y Edwards le cerraron las cuentas al ex presidente del directorio Pablo Alcalde, quien se encuentra formalizado por infracción a la Ley de Mercado de Valores.

El pasado 30 de noviembre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó “en carácter de urgente” a la Fiscalía Centro Norte una copia íntegra de la carpeta de investigación del caso La Polar.

Así quedó establecido en un correo electrónico enviado al fiscal a cargo, José Morales, de la abogada del organismo Stephanie González, “a fin de estudiar los antecedentes y determinar la posible intervención de este servicio como querellante en el proceso”.

La decisión del organismo se debió a una solicitud formal del Instituto de Normalización Previsional (INP) -hoy Instituto de Previsión Social-, por la compra de la base de datos, hecho en el que habrían participado funcionarios públicos, se lee en el e-mail.

La petición del CDE, en todo caso, no prosperó como esperaba, ya que la Fiscalía le entregó copia de dos tomos: uno relativo al INP y otra arista relativa a Fonasa. Respecto de esta última, cabe recordar, se descubrió que La Polar logró usar también la base de datos para determinar cuantos de sus clientes estaban muertos.

Para ambos casos, La Polar debió contar con funcionarios públicos que permitieron el uso de esos listados. Por esta razón se evalúa una querella criminal.

Esta no es la primera vez que el CDE ha evaluado hacerse parte en la indagatoria. En agosto, la consejera María Inés Horvitz planteó la tesis de que podría existir el delito de usura, pero se determinó que el organismo carecía de la llamada “legitimación activa”, es decir, la facultad de participar como querellante en la arista referida al uso de información privilegiada y otros delitos de la Ley de Valores y Seguros.

En otro orden de cosas, en la carpeta de La Polar, aparecen una serie de oficios enviados por el banco BBVA y Edwards, informando que resolvieron cerrarle las cuentas al ex presidente del directorio Pablo Alcalde. Este último se encuentra formalizado por infracciones a la ley de mercado de valores junto a los gerentes Julián Moreno y María Isabel Farah, quienes están en prisión preventiva, luego que en diciembre se les imputaran los cargos.

En tanto, el Consejo para la Transparencia obligó al Sernac a entregar a la Fundación Ciudadano Inteligente, una copia con todas las presentaciones que hicieron afectados por las repactaciones ilegales hechas por La Polar.

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