Los cinco errores de la reconstrucción

Error 1: Todos son responsables de todo = nadie es responsable de nada

El Presidente Piñera decretó el primer día de su gobierno la creación del Comité Interministerial de Reconstrucción, responsable por Decreto Supremo de generar el Plan Nacional de Reconstrucción. El comité es liderado por el Presidente, y deben concurrir 11 ministerios: Interior, Secretaría General de la Presidencia, Obras Públicas, Vivienda, Salud, Educación, Transporte, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y Planificación y Cooperación (hoy Desarrollo Social). Sus sesiones son determinadas por voluntad del presidente. De esta manera, no hay institucionalidad de la reconstrucción, sino que se deben coordinar ¡11 ministerios, exactamente la mitad del gabinete completo! que deben además continuar con sus funciones regulares. ¿Quién es el responsable? El último responsable es el propio Presidente. ¿Recursos? Este comité no tiene asignados recursos, de modo que depende de poder coordinar las agendas de los distintos ministerios.

Este fue un primer error: nadie tiene la obligatoriedad de asumir la responsabilidad política por la reconstrucción, más que el Presidente. Lo que ocurrió después era esperable: el gobierno quiso seguir con su agenda, y de hecho debía seguir haciéndose cargo de los problemas regulares del país. Por ello en todos los ministerios dejaron de ser los responsables por la reconstrucción, a excepción de Vivienda y Urbanismo, para quien era inescapable. Las últimas noticias de este Comité son de mediados del 2010.

Error 2: Sin planes, sin recursos, sin leyes, no se puede confiar en la buena voluntad

Habiéndose reducida la reconstrucción a un sub-tema dentro del Minvu, la reconstrucción iba a ser reducida aún más. En el ministerio plantearon que realizarían “planes maestros” para las principales ciudades afectadas. Sin embargo, estos planes no existen en términos legales: no existe una figura que los haga vinculantes, no había presupuesto asignado sino que dependía de un modelo de responsabilidad social empresarial, sin un estándar básico, y sin un rol del Minvu más que contactar a empresas con algunos municipios. Los planes partieron mal cuando varias de las empresas eran vistas por las comunidades como actores con serios conflictos de interés. Tal era el caso de Arauco y sus conflictos ambientales en Constitución, o Hurtado Vicuña y su negocio de expansión urbana en el caso de Talca.

En casos como Talca ninguna obra se ha concretado, y no existió participación ciudadana. Era imposible que funcionara, puesto que el equipo consultor estaba contratado por una empresa de Santiago, y no había ninguna responsabilidad política y administrativa detrás, a lo que se suma que solo estarían en la ciudad por tres meses ¿quién podría ser un interlocutor para la comunidad en esas condiciones? Lo que pasó luego en ciudades como Talca y otras es que todas las partes quedaron agotadas, sintiendo que perdieron el tiempo, pero nadie es responsable por ello. El plan sirvió para quebrar confianzas en lugar de avanzar. De esta forma se dificultó muchísimo el actuar en materia de planificación urbana, y entonces la reconstrucción sufrió una nueva reducción: de un problema de ciudad a un problema sólo de vivienda.

Error 3: poner en peligro la credibilidad de las cifras de vivienda

Fue el propio gobierno el que fue reduciendo la reconstrucción al problema de la vivienda, específicamente bajo un modelo de subsidio a la demanda y provisión privada de la oferta. Reducido a un problema de subsidios, el gobierno comenzó a declarar que estaba entregando subsidios en tiempo record. Entonces hubo una primera discusión en la que se aclaró que lo que se estaba haciendo era asignar subsidios pero que “entregarlos” implicaba una obra, y ellas todavía no comenzaban. El 7 de noviembre del 2010 el Presidente Piñera afirmó que a dos años del terremoto estarían la totalidad de la meta de 220.000 viviendas con subsidios asignados y seis meses después todos ellas construidos. Según las cifras oficiales al 31 de enero del 2012, apenas se han entregado 12.248 viviendas en todo el país, las que corresponden al 5,57% de la meta, y se habrían asignado en total 113.570, equivalentes al 51,62%. Todo esto ha generado una baja en la credibilidad de las metas y las cifras.

Para los afectados, hay otras cifras que los inquietan. El gobierno declaró que fueron 370.000 las viviendas severamente dañadas o destruidas, luego 288.000 familias postularon a los subsidios, pero el ejecutivo estableció una meta de 220.000 viviendas. No existe claridad de las razones por las que 68.000 postulantes quedaron sin beneficios, y la reducción progresiva de las diferentes cifras. Otra medida inquieta esta vez a los técnicos: a comienzos de diciembre de 2011 el ministro Perez Mackenna anunció que dejaría de pedir el Permiso de Edificación a las obras iniciadas en sitios propios. Dicho permiso es la única forma de contar con información pública que verifique que las obras efectivamente se iniciaron, y por otro lado se entrega cuando se verifica que cumple con las normativas, por lo tanto, es la única forma de asegurar que la construcción respeta las normas sísmicas y la planificación urbana. Cada una de estas situaciones no hacen más que poner mantos de desconfianza sobre la información y las metas. Con la eliminación de los permisos de edificación ya ni siquiera se podrá verificar si efectivamente las cifras de obras construidas son realidad, y sólo se podrá contar con la información oficial del Minvu, que hoy es fuertemente criticada.

Error 4: sobredimensionar la importancia de las Aldeas y abusar de la exposición mediática

La importancia mediática de las movilizaciones estudiantiles tuvieron efectos en la reconstrucción, los que se pudieron observar en su plenitud cuando ambos asuntos compartieron subcomisión en la discusión de presupuesto, haciendo que no se supiera nada de la discusión que se generó aparte del tema educación. Pero antes de eso, la destitución del ministro Joaquín Lavín para instalarlo en Mideplan dejó a Felipe Kast disponible para la tarea que se le encomendó desde agosto: Delegado Presidencial de Campamentos y Aldeas. En ese momento, el ex ministro tomó el protagonismo mediático de la reconstrucción, y se le asignó una glosa especial en el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los anuncios y recursos especiales – más allá de los subsidios – se concentraron en ese programa. Sin embargo, las cifras del gobierno indican que se trata de alrededor de 4.300 familias, lo que corresponde a un 2% de las metas de viviendas a construir, y poco más del 1% del total de viviendas afectadas.

Sin embargo, en rigor el Delegado no posee ninguna responsabilidad política ni administrativa: formalmente no es más que un asesor del Ministro de Vivienda, lo que nos vuelve sobre el problema de las responsabilidades. Durante el primer semestre de 2011 fue el entonces Encargado Nacional de la Reconstrucción, Pablo Allard, quien se acercó al Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que agrupa a los damnificados, para prometerles respuestas del gobierno a sus demandas. Sin embargo, él igualmente trabajaba como asesor y tampoco tenía responsabilidad política ni administrativa, lo que quedó demostrado al renunciar repentinamente y sin costos a su cargo al finalizar el semestre, sin que se asignara a ningún otro “encargado nacional”. La función de Allard era fundamentalmente ejercer la vocería en los medios, lo que ahora asumió Kast. Sin embargo, entre los damnificados han cuestionado fuertemente que el pasado 4 de diciembre este último convocara a la prensa para anunciar el evento musical Viva Dichato, transmitido por televisión durante todos los sábados de febrero, sin mencionar ningún momento logros concretos de la reconstrucción.

Error 5: intentar cerrar una reconstrucción que sigue abierta

Hoy se intenta dejar atrás el problema de la reconstrucción, el cual de todas maneras ha sido reducido a nivel público a apenas una parte de una de sus dimensiones. La percepción de la ciudadanía es que transversalmente a los políticos sólo les interesa la reconstrucción cuando les sirve para pelearse: interpelación a la Ministra Matte, Acusación Constitucional contra la ex intendenta del Biobío, y hoy culpar a la ex presidenta Bachelet por el “Caso Tsunami”. Todo esto no permite avanzar, y en vez de reconstruir estamos generando un problema serio de descontento social. No hay otra forma de reconstruir que la acción concertada de todos los afectados, que incluyen a las comunidades, al gobierno nacional, a los municipios, y también a los privados. Lo que estamos viendo hoy corre el riesgo de no ser reconstrucción, sino cualquier otra cosa.

El autor es Arquitecto y Magister en Desarrollo Urbano UC. Fundador de la ONG Reconstruye.org. Asesor del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa.