ONU: “En Colombia las ejecuciones extrajudiciales no se han erradicado”

Las agresiones contra los defensores de los derechos humanos, lideresas, sindicalistas y periodistas siguen siendo una de las principales preocupaciones para la oficina de la Alta Comisionada de La ONU en Colombia. Así lo señala el informe que fue presentado por el representante de la entidad en Colombia, Todd Howland.

Este organismo señala que existe un significativo número de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, no sólo por parte de los grupos ilegales sino también presuntamente por agentes estatales. Sobre este punto, el documento recoge el hecho de que las ejecuciones extrajudiciales no “se han erradicado totalmente” y señala algunos casos que observó en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar. Uno de estos casos es el de una persona indígena reportada como “baja en combate” por tropas del Ejército en Arauca, y que posteriormente sería calificada como un “error militar”.

Sobre este mismo tema, el documento señala que algunos oficiales del Ejército continúan negando la existencia de este tipo de ejecuciones y desprestigian el sistema judicial cuando se producen sentencias condenatorias.

Por otro lado el informe, que hace un detallado análisis de todos los actores y elementos que intervienen en el conflicto de Colombia, destaca como avances positivos del Gobierno de Juan Manuel Santos la promoción y protección de los derechos humanos en 2011 y “las significativas iniciativas para corregir violaciones a los derechos humanos”.

También reconoce que la adopción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ha demostrado la voluntad política y compromiso del Gobierno con los derechos de las víctimas del conflicto armado interno con independencia de la identidad de los victimarios. En este apartado señala la participación activa y directa de la sociedad, especialmente de los afectados que resulta de vital importancia y muy relevante para poder llevar a cabo dicho objetivo.

Grupos armados

El informe condena a las FARC y al ELN por seguir violando de manera sistemática el derecho internacional humanitario, por continuar con los homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños, ataques indiscriminados y secuestros. Sobre las ejecuciones que realizaron las FARC en noviembre del 2011 a los cuatro miembros de la Fuerza Pública que llevaban secuestrados entre 12 y 14 años, se señala que los comandantes de la guerrilla “parecen haber recibido una orden de matar secuestrados en su poder antes de permitir un rescate militar”.

Además, la Alta Comisionada expresa su gran preocupación por la continua expansión de grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de organizaciones paramilitares y señala la “evidente complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la Fuerza pública con estos grupos, principalmente causada por la corrupción, intimidación y amenazas”.

Como conclusión, la Oficina de Colombia realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Colombia, recordando que sus anteriores consejos no fueron implementados en su totalidad. La primera de ellas es la de buscar una salida pacífica al conflicto armado que asegure una paz duradera y sostenible. También exhorta a los grupos armados ilegales a que acepten y cumplan a cabalidad el derecho internacional humanitario y liberen de manera inmediata y sin condiciones a todas las personas secuestradas.