Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Poder

16 de Marzo de 2012

CDE evalúa presentar querella criminal contra responsables de muertes por Tsunami del 27-F

Un consejero del organismo confidenció a The Clinic Online que la copia de las carpetas de investigación que lleva la fiscal Solange Huerta, está en manos de la procuradora general de Santiago, Irma Soto, quien ya inició el análisis jurídico para determinar si existen méritos suficientes para hacerse parte del caso. Hay que recordar que la perseguidora penal le imputó cargos por cuasidelito de homicidio a dos personeros de la administración Bachelet; el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende y la ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, entre otros y dejó fuera a la ex Mandataria.

Por

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa presentar una querella criminal en el caso que lleva la Fiscalía Occidente por las responsabilidades que le cabrían a ex personeros del gobierno de Bachelet, marinos y personal de la Onemi, según confidenció a The Clinic Online un consejero del organismo.

De hecho, el CDE tiene una copia íntegra del expediente, que le fue allegado por la fiscal regional Solange Huerta para su análisis.

De acuerdo a la fuente consultada por este diario, los antecedentes recayeron en manos de la procuradora general de Santiago, Irma Soto, quien ya derivó el estudio de las carpetas de investigación a los especialistas del CDE para su valoración.

La revisión de los antecedentes en el CDE se había mantenido en la más absoluta reserva, ya que hasta ahora la única figura penal que podría usar el organismo para hacerse parte en el caso sería la de “delitos funcionarios”. Estos ilícitos, de acuerdo a la descripción que de ellos hace la ley y distintos manuales del Ministerio Público, agrupan a aquellos delitos que responden a intereses sociales y la probidad funcionaria, entre otros aspectos.

Hay que recordar que Huerta presentó la solicitud de formalización por cuasidelito de homicidio ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde incluyó a ocho personas. Se trata del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el jefe del SHOA, Mariano Rojas; el ex jefe del Centro Nacional de Alerta Temprana (CAT), Johaziel Jamett; el ex jefe de turno de Onemi, Osvaldo Malfanti; sismólogo de la Universidad de Chile Carlos Aranda; y Andrés Enríquez y Mario Andina, ex titular de Oceanografía del SHOA y el ex jefe de turno de la misma entidad. La audiencia de formulación de cargos se realizará el próximo 7 de mayo.

La elección de los imputados por parte de Huerta generó polémica en la derecha, sobre todo en uno de los querellantes, el abogado Raúl Meza, porque no se incluyó entre los responsables a la ex Presidenta Michelle Bachelet.

En los pasillos de la fiscalía y en los tribunales de garantía, la formalización por cuasidelito de homicidio elegida por Huerta es comentario obligado. Sabido es que el organismo perseguidor siempre “tira el tejo pasado” a la hora de pedir sanciones e imputar delitos. En esa línea una fuente de la Fiscalía Occidente, explicó que Huerta está buscando el apoyo del CDE para evitar que el caso se desinfle, principalmente contra la figuras emblemáticas del proceso, es decir, Rosende y Carmen Fernández.

Como sea, en el CDE algunos consejeros no están convencidos de que la entidad deba hacerse parte del caso tsunami. Explican que la cantidad de demandas en contra del fisco por las muertes es alta, por lo que no resulta coherente en materia jurídica perseguir a responsables y luego defender al Estado, tratando de que se rechacen las indemnizaciones. El criterio anterior es el mismo que se aplicó para el proceso que lleva el ministro Juan Cristóbal Mera por el accidente en Juan Fernández, donde el CDE no se hizo parte, se indicó.

Cualquier decisión que adopte el CDE, en todo caso, deberá pasar por el pleno del organismo, compuesto por doce miembros.

Notas relacionadas