The Chilean way

Foto: Agencia Uno

El reciente anuncio de una tibia reforma tributaria” realizado por el gobierno, demuestra cuánto cuesta en Chile meter la mano en el bolsillo de los de arriba para hacer más llevadera la tragedia cotidiana de los de abajo. No debiera serlo. Los países desarrollados, ese club en el cual Chile insiste en querer participar, lo hacen a menudo y de forma bastante carepalo. ¿Cuánto impuesto pagan las grandes empresas en Canadá, Francia, Japón o en Holanda? Sospecho que mucho más que el tibio 20% que se anuncia por estos lados casi como si se tratara del arribo del socialismo.

Y es que esos países quizás entienden que el desarrollo no pasa solo por los indicadores macro económicos o el número de connacionales en la lista Forbes; también pasa, y sobre todo, por la satisfacción de necesidades básicas de su población. Y por la posibilidad de cada ciudadano de forjar, para él y los suyos, una vida digna a base de derechos y no a privilegios heredados de la cuna, su origen étnico o condición social. Aquello era precisamente el Antiguo Régimen en Europa. Y no cambiar el chip le costó a un monarca su aristocrática cabeza.

Hace no mucho, por ejemplo, estuve en Canadá. Y allí, para mi sorpresa, todas las bebidas alcohólicas son distribuidas por agencias estatales y no precisamente por privados. Y el gobierno participa activamente en el mercado comprando y vendiendo. En el primer caso con los ”Liquor Boards” o monopolios provinciales estatales de importación. Y en el segundo, con los “Liquor Stores” o tiendas estatales, generalmente ubicadas en las cercanías de algún gran supermercado. Como será de comunista el gobierno canadiense que, además de controlar la importación y venta de bebidas alcohólicas, destina un altísimo porcentaje de las ganancias de la industria a fines sociales; educación y vivienda, por ejemplo.

”¿Cómo es esto que el Estado monopoliza la venta de alcoholes?”, pregunté a un amigo canadiense, más que sorprendido a mi llegada al país del norte. Es una medida que viene de los tiempos de la Prohibición. Hoy no existen restricciones legales, pero nos parece de sentido común que las ganancias de una industria que genera tantos costos sociales sirvan para enmendar en parte sus efectos. Y ello es un deber del Estado. “¿En Chile no se hace?”, me respondió. Preferí cambiar olímpicamente de tema.

Sentido común. Es lo que se extraña en Chile a la hora de hablar de impuestos y reformas tributarias. Por acá se prefieren las soluciones parches, los planes B. O la mundialmente famosa ”Chilean Way” que quiere decir ”para qué hacer algo bien si lo podemos hacer mal o más o menos”. En el caso mapuche, por ejemplo, esta fue por dos décadas la principal característica de las políticas impulsadas por la Concertación. ¿Les conté de aquellas comunidades a las cuales CONADI compró magníficos fundos pero omitió invertir en maquinarias, insumos agrícolas y, sobre todo, capacitación técnica? ¿O de aquellas comunidades a las cuales se les compraban manadas de vacas lecheras y la gente no tenía tierra ni pasto para mantenerlas? Obviamente se las terminaron comiendo. Filete de primer corte.

Sucedió innumerables veces en la zona sur. De allí el estado actual de abandono de muchos fundos recuperados por familias mapuches. No, no se trata de que sean flojos y borrachos, como piensa don Sergio Villalobos. Intente usted, sin apoyo financiero ni técnico, pasar de ser horticultor de subsistencia a empresario agrícola y después hablamos. En el camino, por cierto, alguien se dio cuenta del cagazo e ideó la solución: ”ORÍGENES”, un osado programa de apoyo y asistencia al desarrollo de las comunidades indígenas del país. ¿De dónde salió la plata? ¿Acaso de un royalty social a la gran industria forestal, salmonera o minera presente en Chile en territorios indígenas? ¿Acaso del pago estatal de la denominada ”deuda histórica”? En absoluto. Salió de un millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 167,9 millones de dólares, pagaderos por todos los chilenos en 15 años plazo, con 5 años de gracia y tasa de interés ajustable. Para las agencias multilaterales y los intermediarios locales, negocio redondo. Para las comunidades indígenas, mejor no hablar de ciertas cosas.