Gobierno militariza la Araucanía y no se hace cargo de los mapuches baleados

Tras la cumbre de seguridad en que participaron las máximas autoridades de la administración Piñera, el gobierno anunció un Plan Especial de Seguridad para La Araucanía. Este plan consta de nueve puntos, seis de ellos referidos directamente al control policial y facilitación de los procesos judiciales por hechos de violencia, dos puntos referidos a la defensa de las víctimas y apenas una medida en defensa directa de las comunidades indígenas.

Uno de los puntos principales del plan del gobierno es “incrementar las dotaciones regionales de Carabineros y la PDI a modo de quedar en condiciones para brindar una respuesta adecuada a los desafíos que está imponiendo el actual clima de violencia”. Pero no solo se aumentará el número de efectivos, sino que también se va a mejorar en forma sustantiva su equipamiento: “Carabineros ha dispuesto el traslado y uso de tecnología de última generación, de vehículos debidamente habilitados y de equipamiento adecuado para enfrentar la violencia con plena coordinación y mas eficaces tácticas operativas”. Estas medidas, en la práctica significan militarizar la zona.

El timonel del PPD y senador por La Araucanía, Jaime Quintana, comentó que “Estas medidas no contribuyen a la paz social”. A nombre de su colectividad, señaló que “rechazamos los actos de violencia del Estado. Nos parece que los allanamientos a las siete de la mañana en comunidades de Ercilla, con más de 200 efectos policiales, al más puro estilo del ejército mexicano combatiendo el narcotráfico, no guarda relación con lo que puede ser un delito cometido por una persona que pueda ser parte de un pueblo indígena”.

Las medidas adoptadas por el gobierno, también fueron fuertemente criticadas por Fernando Quilaleo, integrante de la comisión política del PPD y ex director del programa Orígenes. Quilaleo pedirá este miércoles al representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, el envío de observadores internacionales que reactiven un proceso de diálogo en el conflicto que mantienen el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Quilaleo criticó el enfoque de la cumbre de seguridad efectuada por el gobierno: “En vez de hacerse cumbres de diálogo para mejorar condiciones sociales y económicas de derechos, se hacen cumbres para mejorar las condiciones de represión. Y cuando se afinan los mecanismos de represión lo único que se consiguen es mayor violencia. Nosotros estamos preocupados de que se constituya una espiral de violencia que no podamos detener”.

Estas medidas de fuerte control policial se producen en medio de una semana en que han ocurrido graves hechos de violencia en la Araucanía. El día de ayer, 200 carabineros desalojaron a 80 comuneros mapuches que habían ocupado los predios de Montenegro y La Romana.

En el operativo, una niña y un joven mapuche resultaron heridos. Fernanda Marillán, de 12 años, resultó herida con perdigones en la espalda y las piernas. Jacinto Marín, de 17 años, recibió ocho perdigones en la sien izquierda y tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital de Angol, donde fue operado. Según la versión de los comuneros, “los carabineros llegaron de manera agresiva y de inmediato empezaron a disparar gases lacrimógenos y perdigones”.

Hasta el momento, el gobierno no se ha referido públicamente a los menores baleados por carabineros, pero el hecho ha provocado la reacción de organismos internacionales. La Unicef expresó un “enérgico rechazo y condena” a los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en la Región de La Araucanía que han afectado a menores de edad. El organismo reiteró su repudio a todo acto de violencia que amenace o ponga en riesgo la estabilidad física o emocional de los niños, niñas y adolescentes; solicitando protección especial para los niños, niñas y adolescentes de La Araucanía