Vía El País

Paolo Paoletto Gabriele irá a juicio. El mayordomo personal del Pontífice Benedicto XVI, bajo arresto domiciliario desde finales de julio tras pasar más de 50 días en una celda vaticana, será juzgado por robo de documentos secretos de la Santa Sede, que luego aparecieron en la prensa destapando intrigas y maquinaciones en la jerarquía eclesial. Pero el asistente del Papa no se sentará solo en el banquillo: el juez instructor, Piero Antonio Bonnet, ha enviado a juicio por haberle ayudado a Claudio Sciarpelletti, programador informático empleado en la Secretaría de Estado (servicio exterior) vaticana. Había sido arrestado, sin que la noticia trascendiera, el 25 de mayo y enseguida puesto en libertad. Su papel “es marginal”, subrayó el portavoz Federico Lombardi.

La sentencia —publicada este lunes al final de una investigación “larga y cuidadosa”, como la definió Lombardi— confirma el papel central de Gabriele, que podría enfrentarse a una condena de hasta seis años de cárcel, al final del juicio que arrancará en octubre. El hombre de confianza del Papa, de 46 años, casado, padre de tres hijos, está oficialmente acusado de haber sustraído del despacho de su superior jerárquico, el secretario de Ratzinger, Monseñor Georg Gänswein, numerosos mensajes, cartas y correos secretos, y de haberlos fotografiados con su Smartphone. En su piso, situado en el territorio de la Ciudad del Vaticano, la policía del pequeño Estado encontró objetos de Ratzinger, como —según se dio a conocer hoy— un cheque de 100.000 euros, firmado el 26 de marzo de 2012 y destinado al Pontífice, una pepita que parece de oro y una edición de 1851 de La Eneida traducida por Annibal Caro. Estos hallazgos fueron suficientes para decretar el arresto inmediato, el pasado 23 de mayo, del fiel colaborador. Desde entonces, el mayordomo fue interrogado tres veces y ha colaborado con las investigaciones. También fue sometido a un examen psiquiátrico, que no reveló enfermedad alguna.

Carlo Fusco, uno de sus defensores, esperaba que este lunes se oficializara el envío a juicio de su cliente. Gabriele había confesado sus errores en una carta que envió al Pontífice, para pedir perdón y en la que insistía en que había actuado en solitario “sin cómplices internos o externos”. El escándalo de las filtraciones, sin embargo, no termina en Gabriele y Sciarpelletti. El portavoz del Vaticano ha anunciado que más personas están siendo investigadas. “No creemos haber terminado el trabajo… La investigación sigue abierta con respecto a otras personas que parecen estar implicadas”, afirmó Lombardi, citando declaraciones del fiscal Nicola Picardi.

Además, la acusación contra Gabriele es de “robo con agravantes” y no “divulgación de documentos”. Esto deja pensar a los observadores que, según los fiscales (y el juez), no fue “Paoletto” quien filtró a la prensa los papeles. Los magistrados han interrogado a otras personas, laicas y clérigos, que no han sido imputados como el mayordomo, que había conseguido ganarse la confianza del Papa desde que empezó a trabajar para él en 2006.

A mediados de enero empezó en la prensa italiana un insólito goteo de documentos e informes confidenciales. Una televisión italiana, La7, sacó a la luz unas cartas enviadas a Benedicto XVI por el nuncio en EE UU, Carlo María Viganó, en las que denunciaba la “corrupción, prevaricación y mala gestión” en la administración vaticana. Un periódico de investigación, Il Fatto quotidiano, escribió sobre una conspiración para asesinar al Pontífice y publicó documentos. A mediados de abril, el Papa creó una Comisión Cardenalicia, presidida por el español Julián Herranz, para esclarecer los hechos y dejar de asistir impotente a la lluvia de filtraciones que destapaba un clima de rivalidades e intrigas muy humanas en el palacio del representante de Dios en la Tierra.

El 19 de mayo, explotó la bomba: llegó a las librerías el ensayo Sua Santità, del periodista Gianluigi Nuzzi, con un centenar de nuevos documentos filtrados desde el Vaticano que desvelaban tramas y maquinaciones en el otro lado del río Tíber.

El 23 de mayo, se produjo el contraataque papal: la Gendarmería Vaticana registró la casa del mayordomo Gabriele y enseguida procedió a su arresto. Solo al cabo de dos días el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, confirmó lo que se rumoreaba: “La persona encarcelada por poseer ilícitamente documentos reservados es el señor Paolo Gabriele, que queda en estado de detención”. Era la primera vez que el nombre del fiel asistente del Papa se comunicaba oficialmente a los periodistas. Gabriele se transformó en el “cuervo”, es decir, el topo que desencadenó la más grande tormenta sobre la jerarquía eclesiástica. Una pregunta queda en el aire: ¿Paoletto actuó solo?

Benedicto XVI sigue la investigación que hace temblar su “corte” desde la residencia estival de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. El 27 de julio convocó a la comisión cardenalicia, a los magistrados vaticanos, a su secretario, Georg Gaenswein, y al comandante de la Gendarmería, Domenico Giani, para informarse. En aquella reunión Ratzinger animó los magistrados a seguir investigando “con solicitud” para llegar a la verdad.