La historia del tribunal fantasma que armó un fraude con multas del TAG: simulaban audiencias, inventaban expedientes y notificaban hasta 90 casos por minuto

El abogado Ricardo Matthews tenía un contrato a honorario por $495 mil líquidos en el juzgado de policía local de La Granja en 2020. Pero ese no era su sueldo real: cada 30 días generaba una segunda boleta al Servicio de Impuestos Internos por casi $15 millones. Más del triple que el juez titular del juzgado y más del doble que el alcalde de la comuna, que en ese momento era el decé Felipe Delpín. 

Matthews estaba a cargo de coordinar lo relacionado con las multas que cursaban las autopistas por no pago del TAG. Además, ejercía como notificador de las mismas demandas, lo que le permitía aumentar su remuneración. Era un trabajo que conocía bien, pues lo realizaba desde 2014.

Pero esa rutina normal en el tribunal de La Granja, escondía un sofisticado sistema de fraude. Tanto así, que esta red de corrupción diseñó un “tribunal fantasma” con expedientes físicos adulterados, que logró que casi todas las autopistas urbanas —mediante las empresas de cobranza— usaran el juzgado de policía local como base central para comunicar las supuestas multas a los usuarios en la Región Metropolitana.  

El punto más rentable ocurrió durante la pandemia. El abogado Matthews hizo cosas imposibles en su rol de notificador de procesos judiciales. Una especie de mago de la justicia: el 5 de septiembre de 2020 informó que realizó 64 notificaciones a usuarios infractores del TAG en la comuna de Colina, de las cuales 49 las ejecutó cuando los presuntos multados mostraron su cédula de identidad, en un rango de tiempo entre uno y dos minutos. Es decir, entre 60 y 120 segundos por caso. 

Cuatro días después, el 9 de septiembre, informó que se trasladó de su oficina en La Granja para notificar en 92 domicilios en Colina y Lampa, cuya “efectividad” ahora la habría logrado con un minuto de diferencia por usuario. 

Pero el episodio más extremo ocurrió el día 26 de ese mismo mes: Ricardo Matthews “logró estar” a la misma hora notificando una multa en las comunas de Til Til y Colina, zonas que están separadas por 30 kilómetros. 

El abogado jefe de esta orgánica subrepticia mantenía una tarifa por cada notificación que era almacenada en una base de datos no oficial como “full” y “light”. Por ejemplo, por cada acción que supuestamente hacía en terreno, cobraba entre $20 mil a $35 mil, lo que le valía generar una boleta a las empresas cobradoras–subcontratadas por las autopistas urbanas–por los casi $15 millones mensuales.    

Tal fue el abuso que empezó a levantar sospechas por varios episodios que no se pudieron sostener. Sumado a que en ese mismo mes de septiembre pandémico asumió un nuevo juez de policía local en La Granja. Venía a reemplazar a un magistrado que ya se iba a retiro por su avanzada edad, lo que explicaría las maniobras “fantasmas” en el tribunal, cuyo control jerárquico había caído en el juez suplente Eduardo Moya, quien habría avalado todo el sistema irregular liderado por Matthews.

Se trataba de Felipe Ongaro, un abogado que se había especializado en auditorías forenses durante su paso por la Defensoría Penal. Por ello, al llegar a su nuevo puesto, el 14 de septiembre de 2020, le preguntó a Eduardo Moya por qué había tantas demandas de autopistas. Sin mostrar asombro, le indicó que había un abogado que se llamaba Ricardo Matthews. Por tanto, era con él a quien tenía que pedirle explicaciones. 

Así, fue a enfrentarlo por la alta cantidad de acciones judiciales:

—No tengo mucho que ver —le dijo al nuevo juez. Titubeo que abrió sospechas. 

La corazonada de Ongaro creció cuando un día se le informó que se habían programado 50 audiencias para una jornada: solo de autopistas urbanas y a la misma hora. Una situación anormal, porque es claro que no se podrían realizar en el mismo momento. 

—¿Por qué tantas audiencias y todas a la misma hora?, ¿esto es posible?”, preguntó el magistrado. No hubo respuesta de Matthews ni de Eduardo Moya. Sólo le facilitaron un par de contactos y unos papeles sueltos. 

El hombre de las notificaciones “mágicas” sabía que estaba en la mira. El mecanismo que le permitía alcanzar un sueldo de $16 millones al mes estaba por ser descubierto.  

El juez intuía que algo pasaba. Aplicando sus conocimientos, auditores no solo detectó irregularidades y eventuales ilícitos. Sino que también abrió una caja negra que desempolvó un tribunal que funcionaba en las sombras con expedientes falsos y funcionarios que no eran funcionarios oficiales pagados por la municipalidad —aparecieron familiares de los mismos involucrados— y que tenían acceso sin problemas al Juzgado y su logística. 

“Detecté a hijas y cónyuges de funcionarios sentados trabajando en este esquema al interior del juzgado”, revela a The Clinic el exjuez Felipe Ongaro, que terminó renunciando a su cargo a fines de 2024 por una serie de factores: la autoridad municipal de ese momento no tomó en cuenta su denuncia, tampoco los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Incluso, se vio expuesto a amenazas. 

“Todo fue muy complejo. Muy difícil”, se lamenta.  

La cronología de denuncias no escuchadas por la Municipalidad de La Granja

No llevaba ni tres semanas en su nuevo puesto como juez titular del Juzgado de Policía Local de La Granja cuando Felipe Ongaro decidió desatar la tormenta en septiembre de 2020. Tras analizar una compleja base de datos, detectó manipulación de documentos y la creación de oficios falsos con códigos de causas inexistentes. 

Con asombro y sin entender a qué red de corrupción se estaba enfrentando, decidió armar su propia ficha investigativa. Así, una de las pruebas más sorprendentes que rastreó fue una suerte de comunicación —mediante oficios falsos— entre los funcionarios de su tribunal con las dependencias del Registro Civil para obtener información sobre todos los vehículos de los supuestos infractores a modo de facilitarles esos reportes a las empresas de cobranzas para lograr la prenda de los bienes. 

“Todo el tribunal trabajaba en torno a esto. Nutrían las bases de datos para las empresas de transportes y los particulares”, detalla Ongaro. 

Este mecanismo, además, les permitía retener los automóviles de los supuestos multados, a quienes les aplicaban juicios express y, en algunos casos, hasta lograban rematar sus bienes sin que ellos supieran. 

Así, el 17 de noviembre de 2020, el juez Ongaro envió el primer oficio de tres para informarle al entonces alcalde Felipe Delfin de las irregularidades recabadas y con el objetivo de que el jefe comunal abriera un sumario administrativo. 

Como no tuvo respuesta, un mes después, el magistrado usó un canal menos formal para advertir la situación. A través de un correo electrónico, le solicitó la investigación interna para “hacer efectivas las responsabilidades funcionarias”. 

Tal era el malestar del juez que dos días antes de Navidad, el 22 de diciembre, evacuó un memorándum con el detalle de los “ilícitos” detectados hasta ese momento. Iban tres comunicaciones con antecedentes graves y no existía una respuesta.    

“Le mencioné lo que estaba ocurriendo al alcalde. Fue complejo, porque había personas que eran de su confianza. Incluso, Ricardo Matthews, al enterarse de esta investigación, les comunicó a las autopistas que no se iban a aceptar más demandas de usuarios que no fueran de la comuna”, recuerda el exmagistrado, quien incluso desclasifica la consecuencia de esa decisión: abogados de una de las empresas concesionarias se acercaron al juzgado en La Granja para informar que conocían al alcalde Delpín y que este sistema debía continuar. 

Se iba el año 2020, y el alcalde Delpín —tras la evidente presión del juez de policía local— firmó una instrucción para abrir un sumario administrativo, el 29 de diciembre. 

Sin embargo, como el juez Ongaro no encontró fluidez con la jefatura municipal, decidió recurrir a la Corte de Apelaciones de San Miguel, en enero de 2021, cuyos antecedentes fueron derivados de inmediato a Contraloría. 

Esa denuncia tampoco avanzó de la manera esperada. Y como los funcionarios del juzgado se vieron “perjudicados” con el fin de estos millonarios ingresos, iniciaron una suerte de rencilla contra su jefe denunciante, a quien denunciaron por acoso laboral.

Esto desencadenó que Ongaro recurriera nuevamente a la Corte de Apelaciones de San Miguel en septiembre de 2022. Es decir, dos años después de haber detectado las graves irregularidades de este sistema informal e ilegal de cobro de multas del TAG. 

El juez estaba completamente solo. A ratos reinaba la desesperación.

Pero todo comenzó a cambiar en marzo de 2023 cuando le llegó a su mail un oficio desde la Fiscalía de Las Condes solicitando información por una querella que había presentado la autopista Ruta del Maipo. La compañía, mediante una auditoría interna, detectó diversas irregularidades cometidas por la empresa que ejecutaba las cobranzas: de 2.740 causas informadas por no pago del sistema de televía, la concesionaria detectó que en 2.425 demandas por no pago, “nunca fueron notificados” los infractores a pesar de que se habían reportado como una causa tramitada en el Juzgado de La Granja. 

El exjuez Ongaro asegura que estos antecedentes le permitieron constatar que esta red ilícita era más grande de lo que imaginaba. Por eso, dispuso medidas drásticas en ese momento.

“Tuve que incautar expedientes, pues se estaban desapareciendo o eran manipulados por los involucrados. Entonces había evidencia que se podía extraviar o desaparecer”, detalla. 

Consultada la actual administración de La Granja, encabezada por el alcalde Claudio Arriagada, no hubo una respuesta para conocer el resultado de los sumarios instruidos por su antecesor Felipe Delpín, quien falleció en febrero de 2025. 

Por su parte, Ruta del Maipo, mediante un comunicado, informó a este medio que desde que detectaron estas maniobras irregulares han colaborado con el Ministerio Público, ya que se trata de hechos “graves”, y que están expectantes de que se pueda “establecer las responsabilidades correspondientes”.

La “30 minutos”: funcionaria notificada demandas del TAG desde su asiento cada media hora, aparentando estar en Maipú y Vitacura

El abogado Ricardo Matthews no ejercía solo este mecanismo fraudulento. Tenía varios funcionarios municipales que participaban bajo su conducción. Una de ellas era Jessica Romero, quien se encargaba de las demandas vinculadas a la Autopista Central.

En el tribunal era conocida como la “30 minutos”, pues aparecía notificando las acciones judiciales en diversos puntos de Santiago. Por ejemplo, el 26 de septiembre de 2020,–según un documento incautado en el juzgado de La Granja– figura en dos comunas a las 16.30 horas. Es decir, supuestamente tocó el timbre en Maipú y Vitacura ese día y a la misma hora. De acuerdo a la revisión de ambos domicilios, existía una distancia al menos de 20 kilómetros. 

La revisión —y denuncia del juez Ongaro— descubrió que esta conducta la realizó en distintos períodos, como ocurrió el 2 de mayo de 2020: a las 12:30 horas estaba notificando una demanda de la Autopista Central en dos domicilios simultáneamente en La Florida.  

The Clinic se comunicó con Jessica Romero para obtener su versión y optó por no entregar una respuesta. Mientras que su excoordinador, Ricardo Matthews, tampoco fue posible de contactar para este reportaje.   

“Actuaban en un nivel muy alto de impunidad”, sostiene el exjuez Ongaro, quien vivió en carne propia las consecuencias de parar esta supuesta red criminal. Asegura que perdió apoyo “político” de las administraciones comunales de La Granja. Por un lado, Felipe Delpín no midió el impacto de la denuncia. Y, por otro, el actual alcalde Claudio Arriagada no le dio garantías de perseguir activamente estos presuntos delitos. 

Incluso, luego de que los involucrados supieran de los sumarios, Ongaro comenzó a tener algunos inconvenientes camino a su casa en la periferia de Santiago. A pesar de que realizaba rutas distintas por seguridad, en varias oportunidades fue seguido por un mismo vehículo, lo que él atribuyó a una especie de “amenaza”. Por lo mismo, cada cierto tiempo–incluso en la actualidad– se traslada a Brasil para despistar sus movimientos.  

The Clinic pidió una respuesta a la municipalidad de La Granja, pero al cierre de esta edición, no hubo una comunicación formal. 

Fiscalía alista declaración clave y CDE se querella por falsificación de instrumento público por multas TAG

El Juzgado de Policía Local de La Granja fue usado por la mayoría de las autopistas urbanas —a través de las empresas de cobranza— para supuestamente intentar que los usuarios infractores de no pagar el TAG enfrentaran algún proceso judicial. Tenían que conseguir que se pusieran al día de alguna manera. 

De forma curiosa, Ricardo Matthews logró que gran parte de las demandas ingresaran por La Granja, a pesar de que la Ley 18.287 indica que las autopistas tienen que tramitar sus procesos en las comunas en que vive el usuario o en el domicilio que informó al momento de obtener el sistema electrónico de cobro. 

En ese sentido, una de las concesionarias más afectadas fue la ruta privada de la salida norte de la Región Metropolitana, que comprende la Ruta 5, el tramo Santiago-Los Vilos y la autovía Santiago-Lampa. Así, mediante un comunicado, la Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. indica a The Clinic que en 2023 presentaron una querella ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago tras tomar conocimiento de esta red de corrupción. 

“De manera paralela, y como parte de sus mecanismos internos de control y cumplimiento, Autopista del Aconcagua encargó una investigación forense externa e independiente” que no detectó hallazgos de anomalías ni transgresiones a la normativa legal. Pero, de todas formas, la empresa “resolvió finalizar la relación contractual que mantenía con la empresa de cobranza externa que prestaba dichos servicios”. 

Todos estos insumos están incluidos en la carpeta investigativa que lidera el fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur, cuyas diligencias las ha trabajado bajo reserva con el OS.9 de Carabineros desde hace tres años. Según fuentes del caso, el persecutor está en proceso de informar posibles formalizaciones. Antes de tomar una decisión, le faltaría tomar declaración a un imputado clave: el exjuez subrogante Eduardo Moya, quien habría facilitado todo este mecanismo ilícito con la validación de funcionarios “fantasmas”, nombramientos y creación de expedientes falsos. 

Este medio intentó tener una versión por medio de sus abogados y no hubo respuesta. 

Para el Consejo de Defensa del Estado–que presentó una querella a fines de noviembre pasado–Eduardo Moya sería uno de los artífices de esta red que ideó un sistema para tramitar un descontrolado número de causas judiciales asociadas a multas de autopistas urbanas por cobros de dispositivos TAG. 

“En relación con la creación de expedientes judiciales falsos, el entonces juez subrogante señor Eduardo Moya Zamorano, aparece firmando y timbrando diversas resoluciones judiciales dictadas en expedientes que no se incluían en los registros oficiales del tribunal”, se lee en la acción judicial, que advirtió–según los peritajes del OS.9 de Carabineros– la creación de 41 expedientes judiciales “ideológicamente falsos”.  

Una causa, que, sin duda, cuando se comuniquen las imputaciones, abrirá una caja negra que pondrá en jaque al criticado sistema de cobros que en 2025 reportó un alza en la morosidad de los usuarios que variaba entre un 5% a 10% de los usuarios, dependiendo de la ruta urbana capitalina.