Estos días hemos sido testigos de una gran controversia respecto a la lista de espera AUGE, la cual habría terminado en noviembre del 2011, cuando escuchamos el estridente “cumplimos” del ministro de Salud. El informe que la contraloría emitió el día 27 de julio, viene a ratificar lo que muchos ya habíamos mencionado: que en este proceso existían irregularidades y que las llamadas “excepciones” a las garantías habían cumplido un papel más que relevante en el “decretado” fin de las listas.

Un elemento que debemos tener en consideración es que las listas de espera AUGE son producto de una oferta pública insuficiente para absorber el total de la demanda para estas patologías. Por cierto las listas de espera también existen en las patologías que no están incorporadas en el AUGE y si bien, la red pública de salud resuelve cientos de miles de casos AUGE anualmente, queda una brecha sin poder ser resuelta. La insuficiente capacidad del sistema es producto del abandono sistemático de la red pública de salud por parte del Estado subsidiario chileno, que privilegia los traspasos de fondos a las clínicas privadas mediante subsidios a la demanda y por “compras”. Esto llega al punto de que por cada $ 1 gastado en infraestructura y equipamientos para la salud pública, el Estado está entregando $ 2,9 al sector privado.

Teniendo claro el elemento que genera estas “listas”, debemos decir que para el cambio de administración en 2010 las listas de espera llegaban a los 360 mil casos, al menos eso fue lo anunciado. En dos meses esta lista disminuyó a 180 mil garantías incumplidas. En este momento se comienzan a generar las “dudas” respecto a las formas en las cuales se realizó este proceso. Como Salud un Derecho, solicitamos en reiteradas ocasiones las listas de espera AUGE para poder revisar la “evidencia” respecto a las disminuciones, sin embargo, nuestras solicitudes fueron dilatadas por muchísimo tiempo y cuando finalmente se dignaron a responder, nos entregaron información insuficiente y sin relación con lo que realmente se solicitó.

El informe realizado por contraloría ha vuelto a abrir la polémica frente a las listas de esperas. En este informe se mencionan 1.445 casos en los cuales estas garantías habían sido “exceptuadas”; esto quiere decir que fueron sacadas de la lista de espera. Éstas constituyen pruebas fehacientes de lo que todos habíamos dicho: la lista de espera había terminado, pero gracias a la “ardua” labor de la depuración administrativa de la Lista AUGE. Sin embargo, hay más antecedentes que debemos poner a disposición de todos.

En una solicitud de transparencia que se genera entre el blog http://yonovotexel.blogspot.com/ junto con Salud un Derecho, Fonasa nos entrega el dato de cuantas “excepciones” a la lista de espera AUGE se habían generado durante el 2011. Los datos son concluyentes: durante el 2011 se generaron más de 98 mil “exceptuaciones”. En esa misma solicitud se envió una copia del total de reclamos por incumplimiento de las garantías de oportunidad del AUGE: durante el 2010 fueron 4.489 y el 2011 llegaron a los 5.423 reclamos. Otro elemento a considerar es que aún no conocemos el número de exceptuados durante el 2010 y es necesario saber cuántas otras garantías oportunidad fueron exceptuadas durante ese mismo año.

Otro elemento que también debemos tener en cuenta, es que la actual administración, bajo el argumento de las listas de espera, generó un nuevo mecanismo de traspaso de recursos públicos a las clínicas privadas: el llamado “bono auge”, que si bien el impacto de éste fue muy bajo en la disminución de lista de espera, su valor es muy elevado dado que el Estado no solamente paga el “costo” de la intervención de salud, sino que además paga el lucro de los prestadores privados, que cobran a precios muy superiores a los públicos.

La evidencia respecto a que la lista de espera AUGE fue considerablemente disminuida por secretaría es incuestionable, sin embargo lo más grave es la falta de transparencia en admitir la existencia de estos procedimientos y más gravé todavía, el show mediático que se montó, además de ser carísimo. Todo esto por un mezquino aprovechamiento político, mostrando una falta de ética y transparencia que como sociedad no debiésemos tolerar y exigir que las autoridades competentes respondan tanto por la negligencia y el mal uso de los datos, como por el increíble mal gasto de dineros fiscales para promocionar el tongo.