Columna de Jaime Mañalich: Por la memoria de una política que sí fue posible

Hay victorias que, con el tiempo, se aprenden a mirar con una mezcla extraña de orgullo y melancolía. La Ley de Etiquetado de Alimentos —Ley 20.606, promulgada en 2012 y vigente en su forma más exigente desde 2019— es una de esas victorias. Un octágono negro estampado en una bolsa de papas fritas puede parecer una cosa menor. Pero quienes vivieron de cerca ese proceso saben que detrás de ese símbolo hay algo mucho más grande: la prueba de que Chile fue capaz, alguna vez, de legislar bien.

La historia comienza antes de que nadie hablara de “alto en sodio” o “alto en azúcar” en la conversación cotidiana. A mediados de los años 2000, un puñado de grupo parlamentarios presentaron una moción que, en su forma original, nadie apostaba a que llegaría lejos. No era una iniciativa del Ejecutivo. No tenía el músculo de un ministerio detrás. Era una moción parlamentaria —ese instrumento modesto, a veces despreciado— que proponía algo radical en su sencillez: que los chilenos supieran qué estaban comiendo.

Lo que vino después fue una lección sobre cómo funciona la política cuando todavía cree en sí misma.

El proyecto se fue construyendo apoyo de manera transversal, en una época en que esa palabra no había perdido aún su significado. Parlamentarios de la Concertación y de la Alianza encontraron terreno común en algo que, en el fondo, era difícil de refutar: la obesidad infantil en Chile era una emergencia silenciosa, y la ciudadanía tenía derecho a información clara. Guido Girardi, entonces senador, aportó liderazgo, apoyado con rigor técnico por el Dr. Ricardo Uauy, premio nacional de Ciencias. La senadora Carolina Goic dio legitimidad política. Desde el otro lado del espectro, voces que en otros temas difícilmente coincidían encontraron aquí un punto de encuentro genuino, como E. Matthei, o C. Kuschel. Eso hoy parece casi imposible. El apoyo del INTA, la Universidad de Chile, la U. Adolfo Ibáñez y la P. Universidad Católica fue esencial.

El proceso no fue idílico. Fue, en muchos momentos, una batalla áspera. Los argumentos eran predecibles —afectación a la libre competencia, confusión al consumidor, impacto en el empleo. Hubo reuniones con asesores internacionales, estudios encargados, intentos por dilatar, por enredar, por hacer que el proyecto muriera. La fase de sacar adelante el Reglamento que habilitaba la ley fue una tarea mayor

Y, sin embargo, no murió.

Una parte del mérito corresponde a la sociedad civil que nunca soltó el hilo. La Corporación El Derecho a Vivir Mejor, los nutricionistas organizados, los académicos de las casas de estudio que aportaron evidencia cuando la industria aportaba confusión. Fue una coalición informal, sin presupuesto ni secretaría, que actuó como contrapeso real a recursos incomparablemente mayores. Eso también es algo que cuesta ver hoy.

La ley fue promulgada por el Presidente Piñera en su primer mandato, en 2012. Fue reglamentada bajo el gobierno siguiente. Comenzó a implementarse en fases que llevaron a las versiones más exigentes de los octágonos desde el 2016. Los resultados, con el paso de los años, mostraron exactamente lo que sus impulsores habían prometido: cambios en la reformulación de productos, modificaciones en los hábitos de compra, y una nueva generación de chilenos que creció aprendiendo a leer etiquetas. La evidencia académica posterior confirmó que la ley funcionó. La industria, a pesar de la resistencia inicial, colaboró.

Lo que me parece importante recordar ahora no es solo el resultado, sino el método.

Una moción de origen parlamentario. Trabajo acumulado durante años sin garantías de éxito. Coaliciones que cruzaron trincheras ideológicas sin necesidad de borrarse las diferencias. Lobby enfrentado con transparencia y contrapeso técnico, no ignorado ni cedido. Un Estado que tomó partido por la salud pública y lo sostuvo. Así se hizo.

Hay algo nostálgico en describir ese proceso, y la nostalgia tiene su razón. El Congreso chileno de hoy es un lugar fragmentado, ruidoso y, en ciertos aspectos fundamentales, más capturado por la urgencia del ciclo mediático que por la paciencia que requiere legislar bien. La transversalidad se invoca, pero rara vez se practica. Las mociones parlamentarias de largo aliento tienen cada vez menos espacio en una agenda copada por emergencias declaradas. Y el lobby, lejos de haber sido disciplinado por la experiencia del etiquetado, ha encontrado nuevas formas de operar en un ecosistema institucional más débil, como ocurre con la industria del tabaco.

El octágono negro sobrevivió a todo eso. Está ahí, en los supermercados, en las loncheras de los niños, en la conciencia de una sociedad que aprendió a exigir información. Pero la forma de política que lo hizo posible —paciente, técnica, transversal, capaz de resistir presiones sin rendirse ni endurecerse—parece estarse yendo.

Quizás valga la pena mirar ese octágono de vez en cuando, no solo para saber si el producto tiene demasiada sal, sino para recordar que hubo un momento en que supimos hacer las cosas bien.