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Opinión

30 de Agosto de 2012

Inglaterra permite a sus empresas sustituir a sus empleados por presos a 2.400 pesos el día

Por Cecilia Maza para El Confidencial Cuando la crisis ahoga, la capacidad de inventiva se agudiza y uno se agarra a cualquier resquicio legal para salir a flote. Eso es una cosa. Pero el problema viene cuando el bote salvavidas se compra a cualquier precio. En este caso 3 libras (2.400 pesos chilenos) al día. […]

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Por Cecilia Maza para El Confidencial

Cuando la crisis ahoga, la capacidad de inventiva se agudiza y uno se agarra a cualquier resquicio legal para salir a flote. Eso es una cosa. Pero el problema viene cuando el bote salvavidas se compra a cualquier precio. En este caso 3 libras (2.400 pesos chilenos) al día. Ésta es la cantidad que están recibiendo los presos de una cárcel de Gales por su trabajo en el centro de llamadas de Becoming Green, una empresa de energías renovables británica que ha visto en el plan de reinserción del gobierno la mina de oro para despedir a sus empleados y cubrir sus puestos de trabajo por mano de obra esclava que, al acabar su jornada, regresa a su celda habiendo cobrado sólo el 6% del salario mínimo. La polémica está servida.

El Ministerio de Justicia británico -que el año pasado aprobó este plan con la intención, dijo, de que los reclusos reciban formación y así les sea más fácil encontrar empleo al terminar su condena- ha confirmado este mes que decenas de presos de Prescoed en Monmouthshire, un centro penitenciario situado en el sur de Gales, han realizado lo que eufemísticamente llaman un “periodo de prácticas” durante al menos dos meses a razón de 51 céntimos de euro (300 pesos chilenos) la hora.

En un principio, 23 prisioneros –con condenas por asesinato, fraude o drogas- fueron aceptados. El mes pasado se quedaron 17 y en la actualidad 12 están desarrollando sus funciones por ese mísero sueldo. Estas personas suponen el 15% de la plantilla de la compañía, que ha admitido que desde que empezó a colaborar con el plan del Gobierno ha despedido a algunos de sus empleados. Un portavoz de la empresa asegura que determinados despidos estaban ya programados y que otros muchos empleados se habían contratado anteriormente en una reciente expansión.

El tiempo de formación de los presos, en principio, es de 40 días hábiles, pero el ministerio de Justicia ha confirmado que no hay límite estipulado y que es decisión de empresarios alargarlo cuanto crean necesario.

En enero – cuando se presentaron los planes para pasar de 10.000 a 20.000 “reclusos trabajadores” en menos de 10 años- los sindicatos ya advirtieron de los riesgos de la medida señalando que la idea no podía dejar a la gente sin empleo. Ni mucho menos esclavizar a nadie. A Andy Richards del sindicato Unite, uno de los más importantes de las islas, explotar a prisioneros le parece un planteamiento sacado de un cuento de Charles Dickens. “No sólo me parece inmoral, sino además creo que es algo que perjudica a la fuerza laboral de Gales y su economía”, señaló.

En un comunicado el Ministerio de Justicia se justifica así: “Las actuaciones del Prescoed están estrechamente ligadas con la empresa, el servicio de libertad condicional, las autoridades locales y los grupos comunitarios para asegurar que cualquier impacto en la mano de obra local se reduce al mínimo”. Con todo recalcó que “sería algo muy grave si se comenzaran a reemplazar las oportunidades de empleo para las personas que respetan la ley”.

El Gobierno señala que los reclusos que cobran por encima del salario mínimo (a años luz del 6% que recibe el grueso presos del plan) deben pagar el 40% de sus ingresos al fondo de víctimas. Actualmente, tres de los reclusos podrían estar bajo estas condiciones, ya que desempeñan puestos de encargado.

Al conocer la noticia, el personal de prisiones se ha echado las manos a la cabeza. Están a favor de dar a los reclusos una nueva oportunidad, pero no así, pues normalmente ya tienen que afrontar numerosos problemas en sus procesos de reinserción para que ahora, además, el resto de los empleados les miren como amenaza para conservar sus puestos. Para Steve Gillan, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Prisiones, la situación es “completamente inaceptable. Con esto los empresarios deben estar frotándose las manos y los accionistas deben reírse cada vez que les toca ir al banco”.

Los trabajadores de Becoming Green -que estos días han hablado con la prensa de manera anónima por miedo represalias- explican que entienden que los reclusos no tienen la culpa de los que está pasando, pero reconocen que hay tensiones porque unos temen ser reemplazados y los otros sienten impotencia al recibir sólo tres libras por desempeñar el mismo trabajo que el compañero de al lado.

En un comunicado, la compañía se justifica en el estilo olímpico tan propio del país este año: “las empresas deben tener una responsabilidad social”. “Este trabajo permitirá a los prisioneros reintegrarse en la sociedad y les ayudará a no tener la necesidad de volver a delinquir. Al trabajar, los presos pueden tener una vía de cambiar potencialmente sus vidas y pagar a las víctimas de la delincuencia en lugar de ser improductivos en la cárcel”.

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