Homomilicia

Hace una semana me reuní en el Pentágono con el Coronel David Giachetti, encargado de “desactivar” la política Don’t ask, don’t tell del Ejército estadounidense. La reunión se dio en el contexto de una invitación del Departamento de Estado a 10 activistas gay y lesbianas de Latinoamérica, que se extenderá por 24 días. Escribo estas líneas desde Nueva York.

Curioso. Giachetti nos informó que el Ministro de Defensa chileno se había reunido con él y otros miembros del alto mando de Estados Unidos ahí mismo, en el Pentágono, hace menos de un mes. “Pude comentarle sobre la revocación de Don’t ask, don’t tell, dijo. Un día después de nuestra reunión con Giachetti, Canal 13 denunciaba la existencia de un instructivo que recomendaba excluir de la conscripción “a aquellos que presenten problemas de salud física, mental, socioeconómica, delictual, consumidores de drogas, homosexuales, objetores de conciencia y Testigos de Jehová”. Tenía la firma del Jefe de División Cristián Chateau.

Así, mientras en Estados Unidos los políticos impusieron al Ejército la revocación de la ley que impedía preguntar y comentar a los gays y lesbianas su orientación sexual dentro de los cuarteles (o sea, que consagraba el tabú como política de Estado), Chile era noticia internacional por ese instructivo y por la persecución homofóbica contra un suboficial en Tocopilla, mostrándose lo que para nadie es extraño: que el mundo militar está gobernado por una cultura machista, clasista, homofóbica y xenofóbica.

Esto podría haberse evitado. Bastaba con que el Ministerio de Defensa hubiese implementado alguna de las recomendaciones propuestas por el Movilh durante este año, por ejemplo, revisar reglamentos discriminatorios (se nos dijo que no existían) e implementar la exigencia de la Ley Zamudio, que obliga a los órganos del Estado a “elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades”.

Seamos claros. En las FFAA chilenas NO se puede ser abiertamente homosexual, lesbiana o transexual, pese a que ninguna la ley lo prohíbe. Las prácticas sociales en su interior vulneran en tal grado al que es, luce, o se expresa distinto, que pocos se atreverían a salir del clóset en su cuartel. Pese a esto, nos parece una buena señal que el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, fuera tan enfático en rechazar y disculparse por el instructivo de Chateau.

Urge que el poder político obligue a las FFAA a eliminar reglamentos discriminatorios y elaborar políticas públicas (capacitaciones incluidas) respeto de la diversidad. También es imprescindible que se sancione y llame a retiro a los responsables de la violencia y segregación en su interior. Tenemos antecedentes para afirmar que aquí hay una política de exclusión promovida desde la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Mientras tanto, hay que echar mano de otros recursos. Uno es la movilización, que ha resultado ser exitosa en las demandas de la población LGBT. El segundo es sólo para valientes: los propios miembros de la milicia debieran denunciar a quienes vulneran sus derechos. Hoy, la Ley Zamudio los protege por la vía de la acción de no discriminación arbitraria, un recurso judicial fácil de interponer ante el juzgado de letras y de rápida tramitación.

Estamos en un momento histórico inmejorable para que cada sector discriminado alce la voz, se rebele contra la injusticia y haga valer sus derechos humanos y civiles. Así lo hicieron los estadounidenses, que el 20 de septiembre celebrarán el primer aniversario de la derogación de Don´t ask, don’t tell, gracias a la presión y denuncia del propio mundo militar.