Caso Frei: Los documentos secretos que busca el ministro para llegar al “comando Cobra”

El primero es una orden ministerial, fechada el 22 de agosto de 1982, que “establece normas de coordinación en la lucha antisubversiva” y que dejaba sin efecto otras de iguales características dictadas con anterioridad. De cinco páginas está firmado por el entonces ministro del Interior, Sergio Fernández y el de Defensa Raúl Benavides. La idea del magistrado apunta a establecer si del “comando Cobra” , el anillo de seguridad más cerrado en torno a Augusto Pinochet, pudo haber salido un asesino especializado que pudiera haberle inoculado el veneno o bien participado de la operación que terminó con la vida del ex Mandatario el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María. El otro revela la coordinación en la “lucha antisubversiva” del Ministerio del Interior de 1985 con la CNI.



En las últimas semanas el ministro Alejandro Madrid, que lleva el proceso por el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ha estado centrado en la búsqueda de dos documentos secretos de la dictadura militar que publica en exclusiva The Clinic Online.

La idea del magistrado apunta a establecer si del “comando Cobra” , el anillo de seguridad más cerrado en torno a Augusto Pinochet, pudo haber salido un asesino especializado que pudiera haberle inoculado el veneno o bien participado de la operación que terminó con la vida del ex Mandatario el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María.

El primer documento es una orden ministerial, fechada el 22 de agosto de 1982, que “establece normas de coordinación en la lucha antisubversiva” y que dejaba sin efecto otras de iguales características dictadas con anterioridad, por cierto todas secretas.

El documento de cinco páginas está firmado por el entonces ministro del Interior, Sergio Fernández y el de Defensa Raúl Benavides Escobar. En él se detalla el análisis sobre la situación nacional en esos años, donde los militares “observaban un recrudecimiento de la actividad subversiva”.

Lógica procesal

La importancia de este documento para el magistrado radica en el orden que le otorgaron a los organismos de inteligencia de las FFAA y las de orden y seguridad, centradas todas en la CNI a través del “canal técnico”. Para ello debía existir un oficial de enlace de Investigaciones y Carabineros con este último servicio represivo.

Las sospechas de Madrid, comentaron fuentes allegadas a la causa, radican en que muchos ex DINA pasaron por unidades que se habrían relacionado con el llamado “comando cobra” de esa época, una unidad de élite de efectivos altamente especializados en lucha urbana, rural, operaciones especiales, paracaidismo y otras disciplinas. En suma, como se dice en el Ejército, “personas confiables y de confianza”.

En el primer documento el comando Cobra, es llamada la Unidad Antiterrorista (UAT) que dependerá directamente del Ejército, aunque había otra del mismo nombre en la CNI, algunos de cuyos miembros han sido procesados en diversas causas de violaciones de derechos humanos.

Al final de las cinco páginas –como en todos los documentos del Estado- está el lugar donde se enviaron copias. Entre algunas que destacan son la Vice Comandancia en Jefe del Ejército de la época, Carabineros, Investigaciones, CNI y las subsecretarías de Marina, Aviación y Guerra.

Una que llama la atención es la subsecretaría del Interior, ejercida en esos años por el actual senador de la UDI Jovino Novoa. Al respecto hay que recordar que de dicha cartera dependió en esos años la llamada Secretaría General de los Gremios (SGG), una organización que secretamente ejercía actividades filo nazis fuera de las horas de trabajo, donde los funcionarios usaban uniformes y “chapitas alusivas” y tenían entrenamiento paramilitar. El dinero para ello provenía precisamente de la subsecretaría que dirigía Novoa.

Las personas que integraron la SGG fueron el primer paso para que luego la CNI iniciara el seguimiento al líder sindical Tucapel Jiménez y estableciera todos sus movimientos, información que posteriormente fue traspasada a la Dirección de Inteligencia el Ejército (DINE). Desde esta última salió el oficial Carlos Herrera Jiménez, hoy condenado a presidio perpetuo por el crimen, ocurrido en febrero de 1982, es decir, casi un mes después de la muerte de Frei, cuando ambos se erigían como las figuras más potentes de la oposición a Pinochet, toda vez que preparaban un gran paro nacional.

En esa causa Novoa tuvo que prestar testimonio, ante el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, hoy miembro de la Suprema.

Acción y reacción

Con todos esos destinos y órdenes anteriores que establece el documento, Madrid se apresta a enviar una serie de oficios para obtener copias autenticadas, de donde pueden aparecer otros nombres, personas que al ser interrogadas podrían entregar nuevos detalles sobre la muerte del ex mandatario. También le permitirá ahondar en otra arista del proceso, relacionada con la muerte de reos comunes y el envenenamiento por toxina botulínica de varios miembros del MIR en la desaparecida Cárcel Pública, ocurrido en diciembre de 1981.

Al respecto hay que recordar que a fines de los 70 el Ejército creó el llamado Laboratorio de Guerra Bacteriológica (LGB), que se ubicaba en Carmen 339 actual sede el Archivo Judicial. A esa secreta unidad llegó precisamente la toxina a través de una solicitud al extranjero por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), hecho acaecido en junio de 1981.

El veneno, se sabe hasta ahora, habría sido convertido en polvo, a través de un liofolizador, instrumento que fue llevado por un especialista del ISP que lo dejó detrás de una imagen religiosa que había en el lugar, para que otra persona lo recogiera. Pues bien, ese polvo habría sido puesto en la comida de los reos del MIR, Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez (“el Ronco”) y Adalberto Muñoz Jara, quienes gracias a la ayuda internacional lograron sobrevivir, a diferencia de los otros presos comunes.

Más papeles

Junto al anterior documento, Madrid obtuvo otro, esta vez de la PDI, pero de 1985. En él se establece que toda la acción antisubversiva será ejercida por el Ministerio del Interior y que la coordinación será efectuada por el entonces director de la CNI, el fallecido general Humberto Gordon. Si bien apunta a la labor que efectuaba durante esos años Carabineros y los ratis, establece que de ser necesario se usarán las Fuerzas Armadas para el combate a la subversión.

El papel está firmado por el entonces director de la PDI, el general del Ejército Fernando Paredes, el mismo que durante la visita de Fidel Castro a Chile durante la Unidad Popular fue su edecán. Ya en ese tiempo, era un experto en inteligencia.

Actualmente en el caso Frei se encuentran sometidos a proceso seis personas. Se trata de los doctores Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia, junto al ex agente de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez, quien a su vez era el agente de control de Luis Becerra el chofer de Frei Montalva.

En tanto en calidad de cómplices lo están los patólogos de la Universidad Católica Helmar Rosenberg y Sergio González. Estos dos últimos fueron quienes realizaron la autopsia a Frei, la cual estuvo escondida en el archivo de la casa de estudios por más de 20 años, sin mencionar que ambos fueron el enlace de la UC con la Colonia Dignidad.

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