Jorge Pinto: Justificar el uso de armas en La Araucanía “es el reconocimiento del fracaso del Gobierno”

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Jorge Pinto recibió de forma unánime el Premio Nacional de Historia del 2012 tras años de estudios en diferentes regiones del país. Entre sus investigaciones destacan libros como “La población de la Araucanía en el siglo XX”, estudios que, dado el período de tensión que se vive actualmente en La Araucanía, lo califican como el académico con mayores conocimientos para referirse al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en la eterna pugna por las tierras que fueron entregadas a inmigrantes europeos tras la implementación de la ley de inmigración selectiva, aplicada en 1845.

El historiador, que además habita en Temuco y hace clases en la Universidad de la Frontera a la que asistiera Matías Catrileo, señala que hechos como el incendio producido en Vilcún que dio muerte al matrimonio Luchsinger Mackay no son aislados, sino que dan cuenta de un conflicto que se ha venido agudizando durante los últimos 20 años y que se manifiesta en los eventos que se han vivido últimamente en la región de La Araucanía, y que “durante el siglo XX y lo que va del XXI no hemos logrado resolver”.

Sin embargo, es enfático en condenar el hecho que dio muerte a los Luchsinger Mackay y señala que esto “provoca el mismo dolor que la muerte de Alex Lemún o de Matías Catrileo”, ya que “los derechos son válidos para todos. El derecho a la vida es algo que tenemos que defender por sobre todas las cosas”.

¿Por qué se agudiza el conflicto?
– Hay varios factores. La llegada de las transnacionales y de las grandes forestales a La Araucanía no provocaron los beneficios que la región esperaba. Se agudizó la pobreza, una pobreza que se observa con mucha fuerza en algunas comunidades mapuche, castigadas primero por las acciones del Estado, después por algunos particulares y finalmente por lo que ha ocurrido en los últimos años.

¿Qué le parece la respuesta del Gobierno al conflicto?
Yo creo que el Gobierno está contra la espada y la pared, pero no va a resolver el problema endureciendo su postura frente a las movilizaciones que estamos viendo en La Araucanía de algunos sectores del mundo indígena. Hay que parar la violencia, pero no con violencia, no con represión, no con una excesiva presencia de policías en la zona. En ese sentido hay que señalar que la fuerza pública no ha sido capaz de contener algunas situaciones y eso demuestra que esos recursos no son los que tienden a contener lo que está pasando. El gobierno haría bien con ampliar sus mesas de diálogo. Creo que el diálogo es la mejor alternativa.

Esa respuesta represiva, ¿tiene que ver con este Gobierno o responde a una política de Estado?
Yo diría que ésta ha sido la política de Estado en Chile. El Estado generó el conflicto y el Estado no ha sido capaz de dar con la solución que demanda un conflicto de esta naturaleza y se ha expresado desde comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX uno observaba movilizaciones como esta, presencia de policias en la región, incluso hechos sangrientos como la matanza de Suto, en Loncoche, que significó la muerte, según la prensa, de 50 ocupantes nacionales, entre ellos algunos mapuche. En fin, varias manifestaciones que dan cuenta de una permanente situación de conflicto en La Araucanía producto de la represión del Estado. Este Gobierno tiene la responsabilidad que le compete por estar administrando la situación, pero esa es una cuestión de Estado. El gobierno del presidente Lagos intentó avanzar a través de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, pero yo creo que se logró menos de lo que se esperaba.

¿Cómo ve el rol de la Conadi?
– Yo tengo una opinión, pero más importante es la opinión de las comunidades mapuches. Y hay comunidades que perciben que la Conadi es un instrumento más del Estado para poner en marcha estas políticas colonizadoras y de intervención del Estado. Pero el tema acá en el sur es bastante más complejo. Y no se reduce exclusivamente al tema de las tierras, al tema de los abusos que se cometieron, sino que también involucra el respeto que está exigiendo el pueblo mapuche en su reconocimiento como nación, y yo creo que esas cosas hay que conversarlas más allá del tema de la tierra, que por cierto hay que resolverlo. Pero hay un conjunto de materias que a la larga agudizan las situaciones y yo creo que hay que encararlas como cuestión de Estado más allá de una cuestión particular de un gobierno de turno.

¿Qué le parece que el gobierno haya calificado como algo positivo la manifestación de los agricultores?
Mire, no voy a emitir un juicio valorativo. Entiendo la reacción espontánea de la gente que se siente violentada. Porque si vamos a hablar de los derechos de todos, tenemos que reconocer que aquí hay gente que también se siente amenazada. Entonces del mismo modo como un grupo importante de intelectuales chilenos pide respeto por las demandas del pueblo mapuche, también tenemos que exigir respeto por los planteamientos de esa gente, que siente que tiene que manifestarse para que el Gobierno los escuche. No vamos a resolver esto reprimiendo en una y en otra dirección.

Pero el Gobierno no suele apoyar manifestaciones
Yo creo que el pueblo mapuche ha sido violentado, ha sido avasallado, que sus tierras han sido usurpadas y yo estoy con las demandas del pueblo mapuche y respaldo algunas de sus movilizaciones. Pero por otra parte, también hay que entender que esta situación que no provocó el pueblo mapuche, que no provocaron los actuales agricultores que al final heredaron tierras que habían sido usurpadas, es una situación que se debe resolver con una mirada de Estado.

¿Qué le parece que el gobierno haya dicho que la gente está en su derecho de usar armas y que es legítima defensa?
Si ha dicho eso el Gobierno yo creo que está en un profundo error.

Sí, lo planteó el Ministro de Agricultura, el ministro Mayol.
Yo realmente no lo he escuchado en esos términos, pero de ser así, es el reconocimiento del fracaso del Gobierno, porque un gobierno no puede decir eso. Si lo ha dicho el Ministro eso es impresentable, tan impresentable como los episodios de violencia que estamos condenando. Uno no puede eludir su responsabilidad, ¿cómo el Estado va a reemplazar su responsabilidad de la defensa a los particulares? Ya privatizaron la educación, privatizaron la salud, ¿ahora van a privatizar el derecho a la justicia? En los términos que usted está planteando no, no, no, eso me parece inaceptable.

¿Qué piensa sobre las declaraciones que se han hecho sobre que se hacen notar más las muertes de los agricultores que las muertes de las personas del pueblo mapuche?
El episodio de la semana pasada causó mucho impacto porque se trató de la muerte de dos personas de edad más avanzada, bajo condiciones que dan cuenta de una agresión, y que tuvieron poca oportunidad de defenderse, aunque hicieron uso de armas de fuego, pero yo creo que aquí en la Región de La Arucanía conmovió tanto la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay como la muerte de Matías Catrileo y la muerte de Alex Lemún. Particularmente recuerdo la muerte de Matías. Él era alumno de la Universidad de la Frontera, yo estaba aquí en el momento en que llegaron sus restos en el hogar mapuche que está contiguo a nuestra universidad y la conmoción que provocó su muerte yo la sentí tan impactante como lo que ocurrió con el matrimonio Luchsinger Mckay la semana pasada. Pero de alguna manera el pueblo mapuche siempre se ha sentido atropellado, vulnerado en sus derechos y hay un cierto resentimiento que se justifica plenamente por los abusos que ha cometido el Estado. Hay una situación de cierta ira colectiva que se produce que nos podría pasar a cualquiera de nosotros si hubiésemos sido tratados como ha sido tratado el pueblo mapuche.

¿Usted cree que la Coordinadora Arauco Malleco podría tener financiamiento desde fuera del país, como han dicho últimamente?
Esas son acusaciones que se lanzan pero que nunca se han podido probar, y ahí ha habido otro error del Gobierno, de este Gobierno en particular. Admitiendo que este Gobierno se ha equivocado tanto como otros gobiernos. Me parece que fue el año pasado cuando se produjo el incendio en Carahue. El ministro del Interior, en una declaración muy desafortunada, acusó a comuneros de la CAM, y después se probó que el incendio había sido causado por otros motivos, entonces se precipitan. Yo creo que en eso se ha pecado de ingenuidad, por decirlo de algún modo, o quizás de algún intento de impactar a la comunidad nacional y de criminalizar la acción de algunos comuneros mapuche.

¿Usted ve posible la formación de un Estado indígena?
Como Estado propiamente tal lo veo difícil, pero sí el reconocimiento de una nación mapuche, en un Estado como el nuestro que debería ser multicultural y plurinacional. Aquí en el mismo Estado pueden convivir distintas identidades. Efectivamente hay mapuche que se sienten mapuche y nosotros no tenemos ni un derecho a confiscarles la libertad que tienen de sentirse mapuche. Eso no se impone por la fuerza ni se impone por ningún decreto. La nación política se va creando a lo largo de procesos, y hay grupos que resisten a esos procesos cuando consideran que su propio sentido de nación, no coincide con esa ficción que se inventa desde el Estado.

¿Qué le parece la descripción de los medios sobre la vida en La Araucanía, usted que vive allá?
Mire, en la ciudad de Temuco esto no se aprecia en los mismos términos, pero en el campo la situación es bastante distinta, hay temor por parte de las comunidades, por la policía y hay temor por los agricultores. Yo creo que por lo menos en Temuco, no aprecio una situación tan delicada como se observa en las áreas rurales, como en la zona de Ercilla, Lautaro, Vilcún, donde hay bastante temor, tanto por parte de las comunidades como de los agricultores y los transportistas.