Vía Lanacion.com.ar

Diez años exactos después de que fracasara el intento de prohibir el partido neonazi Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), un nuevo proceso judicial en Alemania busca demostrar frente a la Corte Constitucional que esa formación política representa una amenaza contra la Ley Fundamental. Los gobernadores de los 16 estados federados que ocupan los escaños del Bundesrat, el Senado, se pusieron de acuerdo más allá de sus colores políticos y recopilaron documentos explosivos. En diciembre pasado presentaron su iniciativa al Supremo alemán, y se dijeron convencidos de su éxito.

Pero nada es tan sencillo. La población está dividida, el gobierno de Angela Merkel titubea y los expertos parecen escépticos. En el año electoral el asunto polariza las opiniones. La prohibición de un partido es un asunto delicado en una democracia occidental desarrollada, a pesar de que el país sea Alemania y el partido en cuestión manifieste nostalgia por los años oscuros de Adolf Hitler.

Fue un hecho policial el que relanzó el debate. En noviembre de 2011, la policía alemana perseguía a dos criminales tras un robo en un banco. Cuando llegó a su escondite, una casa rodante cerca de la localidad de Eisenach, ambos estaban muertos. Uwe Mundlos le había disparado a su socio, Uwe Böhnhardt, en la cabeza, antes de suicidarse. A unos 200 kilómetros de distancia, en la localidad de Zwickau, la casa de ambos explotó de la mano de una tercera cómplice, Beate Zschäpe, quien no tuvo valor para suicidarse y más tarde se entregó a la policía.

Los tres eran integrantes de una célula terrorista de extrema derecha, Nationalistischer Untergrund , Resistencia Nacionalista (NSU, por sus siglas en alemán). La pistola Ceska 83 que pertenecía al grupo ofreció la clave para la solución de una serie de homicidios irresueltos y nunca conectados a lo largo de toda la República Federal: ocho ciudadanos de origen turco, un griego y una agente de policía, asesinados entre 2000 y 2006, sin que las autoridades pudiesen dar con los responsables.

Desde entonces, cuatro distintas comisiones investigadoras escandalizaron al país al dar a conocer detalles cada vez más incómodos y escalofriantes. La célula había podido actuar durante diez años gracias a la corrupción y complicidad de varios miembros del Servicio de Protección de la Constitución, el Verfassungschutz (BfV), la inteligencia interna. El mismo servicio destruyó documentos acerca de los terroristas el día después de su arresto. Cuatro altos funcionarios del BfV fueron obligados a dimitir, incluido el jefe, general Heinz Fromm. La canciller Angela Merkel se disculpó frente a los familiares de las víctimas y en el Bundestag.

De ahí salieron las conexiones al partido neonazi NPD. Los servicios de seguridad en Alemania se sirven de agentes infiltrados en las filas del partido para mantener bajo observación constante a la extrema derecha. A estas figuras bivalentes se le conoce como “V-Leute” y están encargadas de penetrar tanto las manifestaciones legales del extremismo como su bajo fondo ilegal y violento. Se trata pues de dos mundos en comunicación continua.

Pero no siempre los informantes son agentes de confianza. La investigación contra la célula NSU sacó a la luz, por ejemplo, que un “V-Leute” había colaborado activamente con el trío de Zwickau procurándoles armas. También se supo que la misma Beate Zäschpe había sido contactada por parte de los servicios de seguridad para trabajar como informante. Otros agentes infiltrados ocultaron información decisiva.

Paralelamente, se dio a conocer que los tres integrantes de la célula terrorista frecuentaban las manifestaciones del NPD, conocían tanto a los líderes del partido a nivel federal como a los que fueron democráticamente elegidos en los parlamentos locales de estados como Mecklemburgo-Antepomerania y Sajonia Anhalt. Hubo también donaciones de dinero, cantidades ingentes, que pasaron directamente del brazo derecho armado a la formación política legal.

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