Texto de Jorge Barreno para El Mundo de España

Es sábado por la noche. Jorma Williams, periodista, sale de la cena que el Gobierno de Chile ha preparado para los corresponsales extranjeros durante la celebración de la Cumbre de Estados Latinoamericanos, Caribeños y Europeos. Jorma ha bebido unas cuantas copas de vino chileno y algún pisco sour.

Son las dos de la mañana y el autobús que traslada a la prensa deja a Jorma en las inmediaciones del Palacio de La Moneda. Una pareja de Carabineros, la policía chilena, ve a Jorma borracho, así que se lo llevan hasta la tercera Comisaría, situada en el Pasaje Fernández Albano, número 165. El periodista finlandés infringe la Ley 19.925, transita ebrio por la vía pública. En las dependencias policiales le ponen un casco en la cabeza y lo esposan.

Tras varias horas burlándose de él, la policía lo deja libre. No hay un papel que acredite su paso por el calabozo, tampoco la llamada de rigor. Fruto de la detención, el periodista finlandés padece un síndrome del túnel carpiano. Los carabineros apretaron demasiado las esposas y ahora Jorma tiene la mitad de la mano izquierda dormida.

Como es una afección neurológica es posible que la mano del periodista se quede así para siempre, lo que le perjudicará de por vida para su trabajo. Jorma ha denunciado a los carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago por malos tratos. La justicia chilena tomará medidas al respecto.

Muchas detenciones ilegales

El de Jorma no es el único caso. Amnistía Internacional y diversas organizaciones chilenas y extranjeras han denunciado miles de casos en los que se ha producido un exceso de la autoridad policial chilena. Además, las detenciones ilegales en el país han aumentado de forma alarmante durante los últimos años.

Según un informe reciente de la Defensoría Penal Pública, el número de detenciones declaradas por los jueces de garantía como ‘ilegales’ han aumentado un 140% en tan sólo dos años, pasando de 1.207 en 2010 a 2.892 en 2012. El informe pone de manifiesto que los extranjeros, los adolescentes y los indígenas son los ciudadanos más perjudicados por este tipo de detenciones.

“Lo más preocupante no es la cantidad, sino que esta situación se produce especialmente en grupos que se consideran vulnerables, como extranjeros, adolescentes y de pueblos originarios, quienes requieren de más ayuda y atención de nuestra parte”, ha manifestado el defensor nacional Georgy Schubert.

“Estas detenciones ilegales no se asocian a ningún delito específico, sino más bien a la discusión legal que se genera en las audiencias sobre si el infractor fue aprehendido con una orden judicial o bajo flagrancia”, añade el defensor.

El informe destaca la cifra alta de personas que estuvieron en prisión preventiva más de 15 días, pero que finalmente fueron halladas inocentes por los tribunales. Si en 2011 hubo 518 casos registrados (3,4% del total), en 2012 se elevó hasta los 746 imputados.

“Se trata de un tema que nos preocupa, porque un porcentaje de esos casos no se debió a la normal evolución legal del proceso, donde muchas veces las pruebas en la etapa de condena tienen estándares más altos y específicos que en la formalización. Hay ocasiones en que simplemente se debió a errores técnicos de procedimiento”, sostiene Georgy Schubert.

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