Vía Eldiario.es

Hace menos de una semana, seis turistas españolas fueron violadas mientras se encontraban de vacaciones en Acapulco, un enclave turístico del estado de Guerrero, al sur de México.

La prensa internacional se hizo eco rápidamente de la agresión y al principio parecía que las autoridades locales ponían su empeño en quitarle importancia a la noticia y mostraban más interés en proteger la imagen de Acapulco como destino turístico.

Sin embargo, a medida que la indignación de la opinión pública crecía, y presionadas por las autoridades españolas, México prometió llevar a cabo una investigación completa.

Para quienes hacemos un seguimiento de lo que sucede en esta parte del mundo, la noticia de este terrible delito apenas nos sorprendió.

Y es que a lo largo y ancho de México miles de mujeres y niñas sufren cada año violencia sexual.

Según información presentada en 2012 por Amnistía Internacional ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año en México.

Las cifras, basadas en datos recogidos en 2009, muestran asimismo que ese año se produjeron únicamente 2.795 condenas. Estudios nacionales señalan también que sólo una quinta parte de las mujeres denuncian la violación debido a que no confían en el sistema de justicia y tienen miedo –es probable que la magnitud real de la violencia sexual sea mucho mayor–.

Por otro lado, la información oficial sobre niveles de violación y enjuiciamiento es extremadamente escasa.

El único elemento que tienen en común la mayor parte de estas historias tan tremendas es que los autores casi nunca responden ante la justicia.

Si se les pregunta, las autoridades mexicanas harán referencia probablemente a las diversas medidas de importancia que han adoptado para proteger a las mujeres frente a la violencia, entre ellas la aprobación de una ley, de ámbito federal y estatal, “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

No obstante, pese a algunos avances positivos, la violencia de género sigue siendo generalizada en México. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de la nueva legislación, lo que ha permitido que la impunidad subsista.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero, conocen de primera mano lo que es la ausencia de justicia.

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