Superintendencia de Educación Superior: Legalizando el lucro

Durante la cuenta pública de este 21 de mayo, el Presidente Piñera aludirá al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, al cual se le ha atribuido por parte del Gobierno el efecto de dar solución efectiva a lo que sería un vacío legal que les habría impedido contar con las atribuciones necesarias para fiscalizar y sancionar a quienes lucran con la educación superior. Sin perjuicio de que según un informe presentado por el Contralor General de la República a la Cámara de Diputados, las autoridades del Ministerio de Educación cuentan actualmente con importantes facultades fiscalizadoras, una lectura detallada del referido proyecto de ley permite constatar que nos encontramos frente a un nuevo caso de “letra chica”, por medio de la cual se pretende legalizar el lucro en la educación superior, y de paso legitimar un modelo con el que se estafó a miles de estudiantes, como ocurrió en el caso de la Universidad del Mar. No obstante ser dictado durante plena vigencia de una brutal dictadura militar entregada totalmente a las ideas del libre mercado, el D.F.L. Nº 1 de 3 de enero de 1981 dispuso algo que aún en ese entonces aparecía como evidente: se debe prohibir que las universidades puedan operar como entidades con fines de lucro, ya que de otra forma se pone en grave riesgo el objetivo de formar profesionales de calidad, generando un problema que no sólo tiene implicancias sociales sino que también afecta directamente a los alumnos. Frente a este impedimento, se puso en funcionamiento un modelo que parece repetirse en múltiples casos: una “universidad” organizada formalmente como una corporación privada sin fines de lucro, a la que se le agrega un conjunto de sociedades satélites que celebran actos y contratos simulados con dicha entidad, a partir de los cuales se justifica el retiro y posterior repartición de los dineros que la casa de estudios recibe a titulo de matriculas y aranceles por parte de los alumnos, además de los recursos que obtiene del Estado. Lo anterior ha generado una situación crítica, como en el caso de la Universidad del Mar, donde por esta vía se privilegió sin escrúpulos la repartición de los dineros recibidos tanto del fisco como de los estudiantes a los controladores, dejándose de pagar los sueldos y leyes sociales de los trabajadores, además de no asumir sus costos mínimos de funcionamiento en términos tales de causarles un daño irreparable a sus miles de alumnos, quienes en definitiva fueron estafados. Durante los últimos 30 años ninguna autoridad ha hecho nada para controlar y sancionar el lucro, lo que incluye el caso de la Universidad del Mar y al Ministro Beyer, quien eliminó de las causales de cierre de dicha entidad la constatación de que sus dueños habían lucrado en contra de la prohibición legal. Lo anterior se debe muy probablemente a que las autoridades de esta administración como de las anteriores no sólo pensaban que el lucro ilícito era un mal menor frente a un aumento de matrícula que permitiría dar acceso a la educación superior a sectores para los cuales históricamente les estaba vedada, sino que también por la circunstancia de que muchas personas que se desempeñan o que han ocupado puestos de poder tienen interés como dueños, directivos, o prestadores de servicios de universidades privadas. En este contexto, el proyecto de ley que trata de pasar a toda costa el Gobierno en el Congreso, no le otorga ninguna facultad a la nueva Superintendencia para fiscalizar y sancionar la vulneración a la prohibición del lucro; no contempla disposición alguna que le permita controlar la calidad de la educación que imparten las Universidades; no obliga al Superintendente a sancionar en caso de constatar una infracción, quedando tal decisión al mero arbitrio de la autoridad de turno; en caso de aplicar una sanción, se establece como máximo una multa de 1.000 UTM, lo que es marginal si se considera que gran parte de las operaciones cuestionadas públicamente en este ámbito alcanzan montos equivalentes a varios millones de dólares. Pero lo más grave es que se incorpora un párrafo a la ley general de educación sobre “operaciones de universidades con personas relacionadas” que legaliza la maquinación fraudulenta que se ha usado para lucrar en perjuicio de los estudiantes y del estado. Para esto, se excluye de todo control y se permite sin condiciones cualquier negocio que realice una universidad con sociedades en las que sus socios o miembros tengan menos del 10% del capital de la entidad con la cual contrate la casa de estudios, o cualquier operación que tenga un valor inferior a las 2.000 UF. Además se permiten las operaciones con sociedades relacionadas cuando estén “ajustadas a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado a la fecha de su celebración”, sin que exista un mecanismo efectivo de control para determinar el cumplimiento de dicha exigencia. Además, en caso de infracción a estas normas, la ley sólo permite a la Superintendencia imponer como sanción única la inhabilidad temporal en contra de quien realiza la operación ilegal para poder ser directivo de una casa de estudios de educación superior y para participar en la constitución o propiedad de nuevas universidades. De esta forma, si el dueño de una casa de estudios contrató con una persona relacionada de manera ilegal y en perjuicio de los estudiantes, él podría seguir perfectamente como su controlador o dueño. De aprobarse estas disposiciones, además se beneficiaría a quienes hoy enfrentan una causa criminal iniciada por una querella que presentamos junto a más de mil doscientos estudiantes de la Universidad del Mar, quienes sostienen que a través de operaciones como las que se pretende legitimar, fueron derechamente estafados por los dueños de dicha casa de estudios. Todo lo anterior, en un contexto en tal investigación criminal no ha mostrado ningún avance significativo en un año, y en la cual el Fiscal Nacional Sabas Chahuan, académico de larga data en una universidad del Grupo Laureate mencionado reiteradamente en las causas sobre lucro, ha dispuesto recientemente entregar su dirección a un equipo liderado por el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, quien es marido de la Ministra de Justicia del actual Gobierno, el cual desesperadamente busca alguna fórmula para blanquear a toda costa un impresentable abuso que se ha venido cometiendo desde hace décadas. Mauricio Daza Carrasco. Abogado. Magíster en Derecho Penal. Representante de más de 1.200 estudiantes querellantes por estafa en contra de la Universidad del Mar.
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