Bajos de Mena: sobreviviendo en el gueto más grande de Chile

Fotos: Alejandro Olivares

Por primera vez en años Lilian Olave puede abrir de par en par la ventana de su casa, luego de sacar la reja que mantuvo durante años por temor a los ladrones. “Por fin puedo respirar tranquila”, dice, mientras se apronta a abandonar su antiguo departamento rumbo a la comuna de María Pinto. No es la única que se va. Son 24 familias que se acogieron al programa Segunda Oportunidad del Serviu para salir del lugar donde llegaron hace 16 años: Bajos de Mena, el gueto más grande de Chile construido sobre, y en las inmediaciones, de un antiguo vertedero. Sin consultorios, comisarías, bomberos, farmacias, jardines infantiles y colegios. Aquí fueron repartidas 122 mil personas en una superficie de 600 hectáreas, similar a la población de todo Curicó, con una tasa de densificación que promedia los 450 habitantes por hectárea. Razones había de sobra para celebrar. Pero las despedidas son también el momento de los recuentos.

-Dejé mi maldición y ruina arriba, esa inmensa mochila que cargaba hace años. Ahora me voy livianita, con otra mente -cuenta Mireya Montesinos antes de emprender el rumbo a su nuevo hogar, una casa de dos pisos con patio.

-¿Donde te vas?- le pregunta un periodista.
-A Lo Barnechea con Las Condes -bromea risueña la mujer, mientras abanica su rostro con un cheque recién entregado por las autoridades del Serviu.

Otros vecinos se marcharán a Isla de Maipo, Chiloé, Valdivia, La Pintana y algunos permanecerán en la misma comuna. Han sido 16 años de lucha para obtener, por fin, una vivienda digna. Pilar Aravena, dirigenta histórica de la Villa Francisco Coloane, lugar donde se implementó el plan piloto de erradicación, admite que todo lo que está pasando fue producto de la incesante lucha de los pobladores quienes, por medio de una consulta ciudadana en que más del 90% mostró su voluntad de irse del sector, presionaron al ministerio de Vivienda para que les entregara una nueva solución habitacional. Una segunda oportunidad, como le llaman ellos, que implica un nuevo subsidio de 17 millones de pesos que puede ser utilizado en todo Chile. “Cuántas veces nos paramos con banderas negras y tomamos oficinas del ministerio. Por eso podemos decir hoy que hemos devuelto al pueblo su dignidad”, cuenta Pilar con evidente orgullo, en medio de la batahola de gente que acarrea muebles.

Los vecinos del block llenan los camiones dispuestos por el municipio para la mudanza. Los patios comunes están repletos de niños que, como entonando un mantra, cuentan a los periodistas que ya “no escucharán más balaceras”. “No ha sido fácil vivir aquí”, dicen los que se marchan. Bien lo sabe Viviana Fuentes, otra importante dirigente del sector, que llegó a la Villa Francisco Coloane desde un campamento en Lo Espejo y al otro día no encontró ningún jardín infantil en Bajos de Mena donde matricular a sus hijos.

“La política habitacional en esos años era una mierda, porque se preocuparon más de la cantidad que de la calidad de las viviendas. No existían servicios. Tiraron a un grupo de pobres lejos para que nadie los viera”, resume.

En apenas 10 años, entre 1990 y 2010, se construyeron 23 mil viviendas en Bajos de Mena, agrupadas en 49 villas, correspondiendo 18 mil de ellas a departamentos, solución habitacional que la política pública denominó “condominios sociales en altura”. Un sistema de co-propiedad sin mediadores, escasamente reglamentado, que de inmediato derivó en serios problemas de convivencia. Mucha gente llegó, se percató de las carencias de las viviendas, la desprotección policial y decidió regresar del lugar de donde venían. Los narcos se tomaron pronto los departamentos y el escaso mobiliario público. Junto a la droga llegaron los robos y las inevitables medidas de protección.

-La primera reja la hicimos con rifas y venta de anticuchos. Estábamos chatos con los robos y los balazos a la orden del día. Se metían por todos lados y robaban lo que pillaban -detalla Lilian Olave, delegada del block a punto de demoler.

Viviana Fuentes, que aún espera su subsidio, cuenta que la demolición es un acto de conciencia social, porque “el daño sicológico y moral que se nos hizo no lo reparan con nada”.

-No permitiría jamás que alguien más viva en esta mierda y destruya su familia. He visto mujeres muertas por la desesperanza, jóvenes ahorcados que yo misma he tenido que descolgar y otros que se han quemado vivos en los postes por robar cables. Los cabros se están muriendo por la droga. Mis vecinas salen los domingos como burras llevándoles mercadería a sus hijos a las cárceles. El mundo exterior no conoce lo que pasa aquí- acusa Viviana, como si viviera en un extraño y remoto planeta.

A las 8 y media de la noche un camión aljibe comienza a mojar con agua las murallas de los departamentos. Acaba de llegar la retroexcavadora. Se escucha el intenso chirrido de la máquina sobre el pavimento. La gente se tapa los oídos. El Block 01304 desaparecerá en menos de 24 horas.

Rojo vivo

Un simple cuadrado. Sin divisiones, puertas, cañerías, ni taza de baño. Así recibieron su nuevo departamento Cristian Donoso y Carolina Flores, cuando se los entregaron a mediados del año 2009. La vivienda, ubicada en la Villa Caleuche, había sido arrendada por su dueño y los antiguos habitantes la habían desmantelado. El subsidio de 11 millones entregado por el Serviu estaba a punto de expirar y a la familia no le quedó otra alternativa que aceptar la vivienda tal como estaba. Una opción incomprensible tratándose de una política habitacional financiada por el Estado.

-Lo hicimos porque nos quedaba un mes de plazo. Teníamos que hacer los papeleos o si no nos quedábamos en la calle, sin subsidio, ni nada. Lamentablemente, por esa plata, no podíamos optar a otra cosa. Es denigrante no tener una oportunidad para buscar algo digno- cuenta Carolina.

La modalidad de adquisición del departamento, a través de un fondo solidario para viviendas construidas (usadas), fue muy popular en aquellos años y su financiamiento alcanzaba las 500 UF. Un sistema que el actual subsecretario de Vivienda, Francisco Irarrázabal, cuestiona debido a que se utilizó de manera “bastante perversa”.

-Esto se hizo masivamente en estas villas. No había incentivo para que la gente negociara el precio real de la vivienda, siempre te convenía usar el subsidio completo y esa plata repartirla con el comprador- detalla el subsecretario.

El cuestionado programa utilizaba a operadores intermediarios denominados EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social), una suerte de prestadores de servicio de asistencia técnica que realizaban el proceso legal de adquisición de las viviendas. El sistema era tan poco transparente que, en algunos casos, los mismos organismos compraban los departamentos en tres millones y luego los vendían en 11. Fue tan mal diseñado el sistema que el Serviu optó por reducir la cantidad de EGIS de 1300 a alrededor de 150.

La familia Donoso Flores, ajena a este tipo triquiñuelas, no pudo echar pie atrás. La casa ya había sido adquirida y tuvieron que invertir otros tres millones para dejarla habitable. Construyeron un dormitorio a dos de sus hijos, Benjamín y Gabriel, y otro más cuando nació la pequeña Victoria. Al principio llegaron sólo con una cama, una cocina y una tele. Lentamente fueron adquiriendo el mobiliario necesario pero se encontraron con un problema endémico en los departamentos del sector: los muebles, muchas veces, ni siquiera cabían por la puerta de entrada. “Una vez tuvimos que romper el marco de la puerta porque el living que compramos no entraba”, recuerda Cristián. Una medida desesperada que se repetía en cada departamento de la villa. Pese a las dificultades el matrimonio continuó con su proyecto de vida.

-Nosotros veníamos de arrendar en La Cisterna y, por primera vez, sentíamos que teníamos un hogar para nuestros hijos- explica Carolina.

Ambos padres trabajaban en el centro de Santiago y pasaban alrededor de tres horas al día arriba de un recorrido del TranSantiago. El ingreso mensual de la familia apenas bordeaba los 300 mil pesos. Un promedio que, según la Consultora ATISBA, alcanza al 70% de los hogares ubicados en Bajos de Mena.

No sólo era difícil sobrevivir económicamente: las peleas, balaceras y robos obligaron a la familia a transformar su departamento en un búnker. Una prisión llena de rejas y protecciones. Una verdadera bomba de tiempo que explotaría en la mañana del viernes 26 de abril de este año, dos semanas antes que se comenzara a demoler el primer block en la vecina villa Francisco Coloane.

Carolina se encontraba sin trabajo y estaba sola con sus tres hijos en el departamento. A eso de las nueve de la mañana sintió un grito, despertó, y se dio cuenta que su casa se estaba incendiando. Las llamas consumían la pieza donde dormían sus dos hijos varones. De inmediato salió corriendo en busca de ayuda. Un espeso humo negro inundaba el hogar.

-Cuando tratamos de entrar con unos carabineros, el techo se desplomó sobre la pieza de ellos y los fierros de las ventanas estaban al rojo vivo. Igual traté de entrar pero mis vecinos me afirmaron y alguien pudo rescatar a mi hija menor. Lo único que quería era irme con ellos- recuerda Carolina entre sollozos.

Cristóbal y Gabriel, de 5 y 4 años, respectivamente, murieron abrasados al interior del departamento. La pequeña Victoria se salvó de milagro. No fue el único caso de este tipo en el sector. Un siniestro similar ocurrió hace poco menos de un año atrás en la población Pedro Lira, también en Bajos de Mena, donde una madre falleció junto a sus dos hijos. Las causas, al igual que ahora, son idénticas: una conexión eléctrica en mal estado y el departamento enrejado totalmente. En ambos casos los bomberos no alcanzaron a llegar a tiempo porque no cuentan con una compañía en el sector y sólo existe una vía de acceso para llegar al lugar: Avenida Eyzaguirre. Para Carolina y Cristián los responsables son otros.

-El culpable de la muerte de mis hijos es el Serviu, porque ellos me entregaron una bomba de tiempo, no un hogar-denuncia Carolina.

Los Donoso Flores están en trámites para poner una querella en contra del Serviu. Dicen que los estafaron al permitir que les entregaran una vivienda en pésimas condiciones. Lo único que aspiraban hasta antes del siniestro era esperar cinco años, vender la propiedad, poner lo recaudado de pie y acceder a una vivienda de mejores estándares. No alcanzaron. Hoy, la propiedad donde crecieron sus hijos, se ha transformado en una especie de santuario. Los vecinos la han llenado de globos, fotos y juguetes. Es la primera animita conocida al interior de un departamento.

42 m2

Margarita Urra murió el 18 de noviembre del año pasado en la villa Caleuche. Tenía 65 años y llevaba 20 años en la población. Llegó a vivir a los primeros departamentos que entregaron desde donde podía ver, en aquel entonces, un enorme potrero ubicado en el último confín de Santiago. Siempre les comentó a sus hijas que, si algo le pasaba, quería que la velaran en su pequeño departamento. No pudo cumplir su sueño. El féretro donde depositaron su cuerpo no cabía por las escaleras y los vecinos tuvieron que velarla en el patio central del block. No era primera vez que sucedía algo así en el barrio. Otras veces, debido al exceso de rejas en los accesos, habían tenido que subir los féretros con cuerdas por un costado de la escalera.

Las escasas posibilidades de ascender un ataúd, por lo general, pasan por la buena voluntad de los vecinos que deben abrir las puertas de sus departamentos, dejar entrar el cajón, y luego sacarlo hacia el descanso para continuar subiendo. Una odisea infernal que la familia de Margarita prefirió omitir. “No lo intentamos porque sabíamos que íbamos a destruir el cajón y tendríamos que hacer miles de malabares para subirlo”, recuerda Claudia Moya, hija de Margarita. “Así que pusimos una sábana blanca debajo de la escalera y ahí la velamos. Igual fue penca porque había niños y es indigno que uno tenga que hacer estas cosas en un momento de dolor”, agrega Claudia.

Para capear el frío de la noche los vecinos prendieron fogatas y se turnaron para acompañar a Margarita. En otras ocasiones han optado por velar a sus muertos en la sede social. Los departamentos, de 42 metros cuadrados, son tan reducidos que en las juntas vecinales se celebra todo tipo de eventos: velorios, bautizos, cumpleaños y hasta casamientos.

El problema de hacinamiento que se vive en Bajos de Mena es una realidad que sobrecoge. Si bien las viviendas fueron contempladas en sus orígenes como proyectos unifamiliares, lentamente los matrimonios tuvieron que acoger, no sólo a las familias de sus hijos sino también a la parentela de sus nietos. Es el caso de Agustín Vásquez y Patricia Morales, que llegaron a la Villa Caleuche en octubre del año pasado junto a tres nietas y, en menos de 4 meses, tenían instalados en su departamento a 14 personas. A tal punto llegó el nivel de hacinamiento que en una sola pieza dormían nueve integrantes de la familia: seis en un camarote y tres en un colchón. Todos acomodados de la misma forma; dos al costado de la cabecera y el restante a los pies. Incluso los patriarcas del clan tuvieron que acoger a uno de sus hijos en su cama de dos plazas. Los demás se las arreglaban durmiendo en el sofá y el suelo del living.

-Es heavy vivir así de achoclonados. Lo que pasa es que generalmente acá llega el matrimonio, después los hijos crecen, se casan, tienen hijos y llegan después a vivir con los nietos. Y como no todos terminan sus estudios se hace más difícil salir adelante- explica Jacqueline, una de las hijas del matrimonio.

Según el último Censo sólo el 39,5% de los hombres jefes de hogar en Bajos de Mena terminó su educación básica. Un porcentaje idéntico en el caso de las mujeres en la misma condición. De estas últimas el 28,2% trabaja por cuenta propia, el 18,3% se emplea en el servicio doméstico y el 24,8% como empleada u obrera. Las cifras son realmente alarmantes considerando que el 52,32 % de los hogares lo sobrelleva una mujer y la desocupación total del sector alcanza el 12,8%.

Pero hay realidades que ningún porcentaje refleja. Desde que los Vásquez Morales llegaron al sector, por ejemplo, nunca han podido almorzar todos juntos en una mesa y debido a la escasez de espacio la ropa de verano se las guarda un vecino. Tampoco, como son arrendatarios, han podido ampliarse como lo hacen quienes sí son dueños de la propiedad. La manera más común de hacerlo es instalando palafitos, una ampliación irregular compuesta por enormes estructuras de madera o fierro que ocupan los espacios comunes y están edificados en alrededor del 30% de los departamentos del sector. La mayoría de estas ampliaciones no supera los 20 metros cuadrados y por lo general contempla la construcción de dos dormitorios.

Los que no cuentan con dinero para ampliar sus viviendas se ven en la obligación de prescindir del living y transformarlo en dormitorio. Verónica Reyes, que vive junto a otras siete personas en la misma villa que los Vásquez Morales, optó por esta solución. Una solución, entrecomillas, pues su nieto de 15 años duerme aún con ella, en la misma cama, en un camarote que le diseñó un Techo para Chile y que también comparte con otra nieta. El programa, en casos aún más extremos de hacinamiento, ha implementado camarotes de tres pisos intentando otorgar una respuesta ergonómica a los diminutos espacios.

-Imagínese, tengo 56 años, estoy enferma de los huesos, me dan calambres en la noche y para más remate el colchón es de una plaza y el camarote de una y media- se queja.

Para llegar a su dormitorio Verónica tiene que atravesar la cocina, plagada de muebles colgantes, donde incluso se ha hecho espacio para colgar las bicicletas de sus nietos. Todo es tan diminuto que el balón de gas del calefón, ubicado en la cocina, tuvo que introducirlo adentro del dormitorio. “Estoy aburrida. Sueño con irme. Me llevo todo el día encerrada. Estoy enferma de los nervios”, se lamenta la mujer. En la navidad pasada su hijo Juan José le regaló una hermosa cascada de agua, con luces, que aún mantiene intacta en una caja arriba de un mueble de la cocina. Verónica se encoje de hombros y responde antes que le pregunten: “no tengo donde ponerla”, dice.

Ciegos, sordos y mudos

Hace un par de años Viviana Fuentes despertó sobresaltada por los gritos que escuchó afuera de su departamento. “Levántate, que el abuelo H. tiene metida a una niñita en su departamento”, vociferaba Pilar Aravena. Eran cerca de las siete y media de la mañana y ambas mujeres, dirigentes emblemáticas de la villa Francisco Coloane, partieron tan pronto como pudieron a un block vecino.
Bastó que el abuelo H abriera la puerta y ambas mujeres ingresaron de inmediato al domicilio. En una de las piezas había una menor de 15 años que se estaba vistiendo. Pilar de inmediato buscó a la madre de la niña y llamó a Carabineros. Viviana se quedó con el abuelo y recorrió el departamento. En una de las paredes había un rayado que decía: “viejo pedófilo”. El anciano, visiblemente choqueado, le rogaba a la dirigenta que no lo denunciara. “Si no le hice nada, soy enfermo de la próstata y no se me para”, recuerda Viviana que le decía el hombre que luego fue detenido. Las dirigentas partieron al otro día a la audiencia de formalización del anciano que, por falta de pruebas, quedó en libertad. El abuelo H, desde entonces, nunca más volvió a la villa.

Escándalos de este tipo son frecuentes en Bajos de Mena y lo peor, aseguran Viviana y Pilar, es que la propia gente es quien hace vista gorda ante los abusos. El comercio sexual infantil, producto de la adicción a la paste base, es una realidad con la que los vecinos deben lidiar a diario.

-Hay harta lola de 12 años deambulando en la noche haciendo sexo oral. He pillado a un montón. Lo hacen ahí mismo entre los medidores. Aquí pasan cosas y nadie hace nada- acusa Pilar.

Hay historias realmente escalofriantes. Viviana cuenta que en su mismo block llegó a vivir un adulto con una niña a quien presentó como su ahijada. La gente de inmediato empezó a especular. Al cabo de tres años la niña quedó embarazada. Las dirigentes hicieron la denuncia y nuevamente el asunto quedó en nada. Ahora la joven madre tiene 17 años y tres hijos a cuestas.

-Las instituciones acá no funcionan porque debieron llevarse a esa menor de edad a un hogar, hacerle los exámenes de ADN y haber certificado que era verdad lo que decíamos. Pero todos se hicieron los huevones- denuncia Viviana.

Según datos otorgados por la Corporación de Salud de la Municipalidad de Puente Alto, desde el año pasado a la fecha, se han denunciado 25 violaciones en Bajos de Mena. Sólo en 2011, Puente Alto registra una frecuencia de 136 casos, casi el 10% de toda la Región Metropolitana, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del ministerio del Interior.

Las dirigentas sociales, pese a los escasos resultados judiciales y la casi nula respuesta policial, han continuado adelante con las denuncias.

Hace seis meses, una niña de seis años confesó a una delegada de block que el papá le tocaba la vagina. Pilar y Viviana llamaron a carabineros y recién a las 4 de la mañana llegó una patrulla. La niña fue derivada al Instituto Médico Legal y se comprobó que no sólo ella había sido abusada, sino también sus otros hermanos. Al final intervino la OPD (Oficina de Protección de Derechos de Infancia), trajeron camarotes y el Sename dictaminó que los niños quedaran a cargo de la abuela. Tres meses más tarde los padres volvieron al departamento y hoy viven todos nuevamente juntos.

-¿Qué podí hacer cómo dirigente? -se pregunta Viviana.

Pilar responde: Nada. Todos se hacen los sordos, ciegos y mudos.

Pero no sólo las mujeres y niños han sido víctimas de abusos. También los adultos mayores. La gran mayoría de los ancianos que viven en Bajos de Mena lo hacen a través de un comodato que entrega el Serviu. Una vez que mueren, la vivienda, generalmente entregada en un primer piso, es reasignada a otro anciano en igual o peores condiciones que el que acaba de fallecer, como el abuelo Otto, que llegó a vivir a la Villa Francisco Coloane hace cinco años. Viviana recuerda que era un anciano bastante jovial, que pasaba todo el día escuchando las carreras de caballos en una pequeña radio, hasta que un día miércoles a las cinco de la mañana, luego de agonizar varios días, falleció en su departamento. Viviana llegó a su domicilio y encontró un número de teléfono de un hermano anotado en un clóset. Lo llamó y juntos hicieron los trámites en la funeraria. De vuelta en la casa, hurgando en unas cajas, encontraron una carta que los dejó sin aliento. El abuelo expresaba, en plena conciencia de sus facultades mentales, que había sido violado por un vecino del block.

-El abuelito había hecho los trámites en el Instituto Médico Legal, había ido a declarar a los tribunales y nadie hizo nada por él. Me partió el alma -recuerda Viviana, que luego encaró al supuesto agresor y éste negó todo.

Es tanta la impotencia que se vive a diario que los vecinos se han organizado en grupos de autodefensa, como en la Villa Estaciones Ferroviarias, que pertenece a la Asamblea Popular de Puente Alto.

A fines del año 2011 la agrupación recibió una denuncia de una madre acusando que su hija había sido violada. “Dijo que un hombre se la había llevado a un peladero y abusó de ella, que había ido a una comisaría y que no la habían pescado ni en bajada”, cuenta Nicky Cerón, miembro del grupo. El tema se levantó en una asamblea y decidieron intervenir.

-El tipo llegó a una feria, lo identificamos y lo encaramos. Le dijimos que teníamos una denuncia, se puso nervioso, y se le desencajó la cara. La gente se le fue encima y trató de lincharlo.

Estuvimos 25 minutos protegiéndolo hasta que llegó una patrulla y se lo entregamos a los pacos- recuerda Cerón. Después de esta acción, recién Carabineros acogió la denuncia de la madre.

La cañamera

Mireya Montesinos, una de las últimas mujeres en abandonar el block demolido de la villa Francisco Coloane, lleva más de un mes viviendo en su nueva casa en la villa Santa Catalina, una población de casas de dos pisos, pareadas por un lado, ubicada también en Bajos de Mena.

A diferencia de sus otros vecinos ella decidió quedarse en Puente Alto. Una decisión personal que, sin embargo, tiene implicancias aún desconocidas por la mujer. La villa donde llegó a vivir está ubicada a una cuadra del antiguo basural La Cañamera, un vertedero que funcionó hasta el año 1978, acumulando todo tipo de desperdicios de cinco comunas del sur de Santiago. La historia de la cañamera resume, en buena parte, la situación de abandono que han vivido los pobladores en Bajos de Mena. Primero se les anegaron sus viviendas –las vilipendiadas casas Copeva-, luego comenzaron a enfermarse de extrañas enfermedades como el síndrome de Kawasaki y Guillain Barré y, posteriormente, se enteraron que sus casas estaban construidas sobre un vertedero.

En mayo de este año la Corte Suprema, en un fallo inédito, ordenó pagar al Fisco, la Municipalidad de Puente Alto y la Inmobiliaria Los Silos, 790 millones de pesos a los habitantes de la Villa San Guillermo II, luego que en el año 2003 explotaran alcantarillas debido a la acumulación de gas metano proveniente del basural. El fallo reconoce que las viviendas se levantaron en las inmediaciones de un vertedero y que nadie avisó a los propietarios.

-Yo creo que en ese minuto la política habitacional no tenía los parámetros éticos que se han intentado implementar hoy en día y, la verdad, es que a las personas de la época no les interesó avisar. Alguna gente por intereses políticos, otros por económicos, decidieron entregar una solución que terminó afectando a la gente. Fue una especie de dominó donde hubo una voluntad superior para que las cosas se realizaran de esa manera – sostiene Germán Codina, actual alcalde de Puente Alto.

El efecto dominó al que se refiere el alcalde comenzó en noviembre del año 1994 cuando el ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, reemplazó el plan intercomunal de Santiago, vigente desde 1960, ampliando los niveles de densificación en Puente Alto a 600 habitantes por hectárea. La empresa Copeva, de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces ministro de Defensa, aprovechó la ocasión y compró en 739 millones los paños aledaños a La Cañamera, luego se los vendió al Serviu y éste le encargó a la misma empresa construir las 4 villas El Volcán. A todas luces un negocio redondo. El único damnificado en la maniobra fue Edmundo Hermosilla, quien renunció a su cargo, luego de reconocer que uno de los dueños de Copeva le había regalado un caballo fina sangre. “Evidentemente lo que pasó huele feo, hediondo”, complementa Codina.

René González, asesor ambiental en la demanda entablada por la Villa San Guillermo, comentó hace un par de años en The Clinic: “esto fue un acto genocida. Si hubieran puesto carteles la gente no compra. Aquí ha habido un problema de irresponsabilidad tremendo que involucra a personas que compran un terreno tóxico, a vil precio, y después lo hacen pasar por terrenos sanos. En ese lapso se hacen multimillonarios”.

Para los dirigentes del sector, el Estado tiene una deuda moral con Bajos de Mena. El programa de erradicación implementado hace apenas un mes pretende, precisamente, devolver la dignidad a todas aquellas personas que se sintieron estafadas. Hasta ahora sólo se ha demolido un block. La nave con la que comenzamos esta crónica. La idea es que cada año se demuelan alrededor de mil departamentos hasta llegar a un promedio de 5 mil. “Bajos de Mena tiene alrededor de 17 mil viviendas sociales en altura y debería alcanzar un equilibrio demoliendo entre 3 y 5 mil”, agrega Francisco Irarrázabal.

El proyecto contempla, además, una inversión de 44 mil millones de pesos que se ocupará en obras de vialidad, conectividad, equipamiento urbano y áreas verdes. También se trabaja en un parque sobre el antiguo vertedero La Cañamera que, por fin, ha sido debidamente sellado. El gran dilema, según el arquitecto Iván Poduje de la Consultora Atisba, es que debido a la falta de terrenos se construyan otros Bajos de Mena en Buin, Isla de Maipo o Colina. Evitar eso, dice Poduje, “va a ser el gran desafío de los próximos gobiernos”.