Corte Suprema no pide perdón, pero reconoce “omisión de jueces de la época” para evitar violaciones a los DDHH en dictadura

El pleno de la Corte Suprema a través de su presidente Rubén Ballesteros leyó esta mañana una declaración pública donde el máximo tribunal sólo reconoció la omisión de los jueces que durante la dictadura no cumplieron con sus funciones de proteger las garantías constitucionales.

Ballesteros en un comunicado de cinco puntos dijo que los magistrados tuvieron una “dejación” al ejercer sus funciones jurisdiccionales.

“Que, frente a esta realidad, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados”, leyó Ballesteros.

En la declaración la Suprema reconoció las violaciones de DDHH, a partir del del 11 de septiembre de 1973:”Que el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico militar que, sobre la base de restaurar esa misma democracia, pero contradiciendo tal supuesto objetivo, violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Muchos de tales hechos fueron legalmente establecidos en los procedimientos y juzgamientos respectivos”, dijo Ballesteros.

Ballesteros, luego de este reconocimiento, aseguró que el Pleno de la Suprema llegó a la “conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país”.

Insistió que con la mirada que entregan los años “a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.

En esa línea hizo un llamado a todos los funcionarios judiciales en la “persistencia y en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos”.

Consultado Ballesteros sobre por qué no pidió perdón, aseguró que esa respuesta no podía darla hoy, a cuarenta años del Golpe de Estado.

Contexto necesario

La decisión del pleno del Máximo Tribunal se debe a una declaración pública realizada por la Asociación Nacional de Magistrados esta semana, que causó impacto en los círculos ligados a la defensa de los DD.HH., tanto en Chile como en el extranjero. De hecho, el Diario El País de España y Der Spiegel, dedicaron páginas completas a esta declaración en que los jueces aseguran que “el Poder Judicial y en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal” y asegura que el máximo tribunal del país “no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada”.

En la carta además los jueces conminaron al Máximo Tribunal a que se pronunciara si pedirían perdón por la connivencia que la judicatura tuvo con la dictadura militar.

Hay que recordar que el Informe Rettig, como también otros documentos de organismos internacionales y las propias agrupaciones de DDHH chilenas, establecieron que frente a la presentación de recursos de amparo tanto la Suprema como las Cortes de Apelaciones rechazaban las peticiones, lo que permitió a los organismos represivos- DINA en los 70’s y CNI en los 80`s-, operar con total impunidad. Tanto así que el ex supremo Mario Gálvez, hoy retirado, fue quien creó “el formulario” con el que las salas de los tribunales de alzada, a nivel nacional, rechazaron los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las victimas durante la dictadura militar.