La esperanza de un juicio justo

Mi familia ha vivido más de un año en el más profundo desamparo, sintiéndonos marginados en nuestro propio país. Hemos debido tolerar constantes agresiones, convirtiéndonos en espectadores de un circo mediático de mentiras y, con la impotencia de ver pasados a llevar todos nuestros derechos. Hasta ahora, hemos vivido un proceso de tortura.

Cuando solo habían pasado horas de interpuesta la denuncia por abuso sexual contra mi hermano, acudieron a su detención el fiscal de turno junto a dos canales de televisión, coordinados por una agencia de medios contratada por el abogado querellante. Haciéndose público de ese modo un hecho que recién comenzaba a ser investigado, caía sobre nosotros la condena de toda la sociedad.

Amparado en la gravedad evidente de la acusación y en su posición de poder, el personero de gobierno José Miguel Izquierdo, con el rostro cubierto y a patadas irrumpió en la casa de mi padre golpeándolo brutalmente, dejándolo inconsciente, sangrando y con su columna fracturada; siendo televisado, y frente a todo un país, se retiró. Hasta el día de hoy, la Fiscalía Oriente no formaliza al asesor por las lesiones graves ocasionadas y la violación de morada.

Refugiado en la impunidad de Izquierdo y en haber sido el periodista vocero de la fiscalía que lleva el caso, el recién titulado abogado Schilling decidió la utilización de los medios de comunicación como herramienta de presión frente al Ministerio Público y a los jueces. Es así como junto a la madre denunciante, iniciaron una verdadera campaña mediática de mentiras tales como: desgarro vaginal, masturbación entre profesores, red de pedofilia, pornografía infantil, inexistentes denuncias anteriores, orgías en la casa del imputado, hoy todos hechos descartados por fiscalía y calificados como un “error” por los propios denunciantes. Haciendo uso del indudable poder comunicacional que tienen los llantos desgarradores de una madre y de la supuesta seriedad con que un abogado informa los antecedentes judiciales, la opinión pública no podía dudar sobre la veracidad de la información transmitida. Los resultados fueron excelentes, destruyeron nuestras vidas y el abogado saltaba a la fama desde su rol “justiciero”, al punto que hoy figura como candidato a diputado.

De esta forma se creó en el imaginario colectivo, una convicción de culpabilidad suficiente para que apoderados del Jardín, convocados por el querellante y la madre de la menor, fueran impulsados a participar de agresiones y daños a la propiedad, llegando incluso a formar una turba para linchar a mi madre con las consecuentes lesiones físicas, en un procedimiento de la Fiscalía, que nuevamente permitió que esto sucediera.
Mis padres nunca más pudieron volver a vivir en su casa; el jardín, que había educado niños por 40 años, fue cerrado y todo el personal fue perseguido y estigmatizado. Todo ello por supuestos hechos que aún no han sido comprobados y con un ente persecutor que no sanciona ningún accionar en nuestra contra, para no dañar el caso que persigue, perdiéndose todo principio de objetividad en los procesos en que somos imputados y víctimas.
El reciente fallo es una llamado de atención a toda la sociedad, a los medios y a la justicia a mantener el orden y el estado de derecho, para que no se permita a nadie tomar la justicia a propia mano.

El llamado “juicio paralelo” que menciona la Corte Suprema y que se vio en este caso, es un ejemplo del poder de los medios de comunicación, con sus lamentables consecuencias cuando son utilizados por una de las partes para fines personales. El dictamen referido reconoce el derecho de libertad de informar, sin embargo recuerda que este derecho no puede estar por sobre el de la presunción de inocencia. Es importante que la comunidad se informe sobre temas tan contingentes como el tratado, pero con un enfoque constructivo que genere debate sobre el correcto manejo de estos casos, donde no se puede descartar que los menores son sugestionables y es posible que aparezcan relatos falsos de abusos, luego de preguntas cerradas e insistentes por parte de padres, legítimamente asustados.

Hoy en el caso Hijitus, de los supuestos 86, quedan para el juicio 3 testimonios que surgen luego de meses, contradiciendo sus relatos previos, en respuesta a preguntas reiterativas de padres y psicólogos convencidos de la ocurrencia de los hechos, consecuencia de la desinformación y el pánico difundido por la prensa.

Finalmente el máximo tribunal habló fuerte y claro, ordenando resguardar las garantías que por definición integran un proceso justo y racional, y evitando conducir la discusión pública hacia conclusiones dictadas por la emotividad y el sensacionalismo. Como familia, habiendo ya soportado lo indecible, hoy al menos nos sentimos escuchados por el Poder Judicial y, con convicción y perseverancia, probaremos en el juicio que en el Jardín Hijitus NO hubo abusos.

* Romina Romeo G. es hija y hermana de los imputados.