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Nacional

15 de Mayo de 2014

Mineduc se alista a abrir oficina para denuncias de discriminación en la Región Metropolitana

El proyecto busca dar mayor campo de acción a la Seremi de Educación para acompañar y dar un trato multidisciplinario a las denuncias, que llegaron a 824 en el ámbito escolar el año pasado. La iniciativa buscaría replicar la experiencia de algunos municipios, como Santiago, y dar una mayor cobertura a los casos que incumplan con la Ley Zamudio en los distintos niveles de educación.

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Una oficina que atienda, estudie y acompañe los distintos casos de discriminación en colegios y universidades en la Región Metropolitana, es el proyecto que emanó desde las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la capital y que ha tenido buena recepción en el gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre, que podría replicar la idea en el resto del país.

La propuesta -que se concretará en los próximos meses- busca dar un impulso a las políticas anti discriminación e inclusión desarrolladas por el ministerio y entregar mayores facultades a la Seremi, lugar hasta donde llegan variadas denuncias sobre esta temática y que hace un mes vivió un episodio de esta índole protagonizado por uno de sus funcionarios.

La Seremi, de hecho, según confirman altas fuentes de la institución, está en conversaciones con el gabinete del ministro Eyzaguirre para analizar cómo ejecutar la iniciativa  que además coincide con lo planteado por Eyzaguirre que ha planteado de que en la política de la administración Bachelet buscará sacar de raíz la discriminación de distinta índole en el sistema educacional.

El ejemplo

Desde marzo de 2013, la Municipalidad de Santiago dispuso un equipo multidisciplinario para atender los casos de discriminación en la comuna. Fue en la mañana del martes 26 de marzo del año pasado cuando la alcadesa de la comuna, Carolina Tohá, hizo el anuncio junto a los padres de Daniel Zamudio y Rolando Jiménez, presidente del Movilh, en el rincón del parque San Borja donde encontraron al joven, tras la golpiza que días más tarde le quitó la vida.

En esa oportunidad, Tohá argumentó que la oficina entregaría orientación legal, haría capacitaciones a los funcionarios municipales y generaría acciones de difusión y promoción en la materia. “Lo que buscamos es prevenir para que no haya más víctimas como Daniel y generar una cultura de respeto en la diversidad”, dijo en esa ocasión.

La oficina es vista como un modelo a replicar en la administración central, según señalan fuentes del Mineduc. De hecho, la oficina se creó cuando María Inés de Ferrari, actual jefa de gabinete del Ministerio de Educación, era subdirectora de Participación Ciudadana. Además, fue la misma Ferrari quien recogió la denuncia del Movilh hace un mes, cuando se acusó a un funcionario de la Seremi Metropolitana de discriminar a un joven homosexual.

“Esto no es una oficina de partes. Este equipo ofrece orientación jurídica y psicosocial, que funciona con un protocolo de funcionamiento, aunque este no es un lugar para dar un tratamiento. Si eso es necesario, como ocurre en algunos casos, nos hacemos responsables derivándolo al lugar que corresponda”, señala Patricio Jerez, actual encargado de la oficina.

Además, el equipo se ha encargado de empoderar a los vecinos con información sobre la ley y el funcionamiento de la oficina, además de una capacitación a distintos estamentos al interior del municipio para prevenir discriminación arbitraria.

Jerez señala que la judicialización de casos es muy difícil, dado algunas “dificultades” que tiene la Ley 20.609 (Ley Zamudio), lo que se ha traducido en que muchas veces se convoca a ambas partes para llegar a un acuerdo para terminar con las lógicas de discriminación.

Además, desde la municipalidad de Santiago explican que existe una red intermunicipal de diversidad y no discriminación, además de relaciones con la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

“Ojalá otros servicios públicos puedan ir levantando prácticas que tengan esta lógica: profundizar la inclusión, prevenir la exclusión y promover la multiculturalidad”, señala Jeréz.

Déficit atencional, lo más denunciado

Según los datos actuales de la Superintendencia de Educación Escolar, entidad garante de la calidad y convivencia en los colegios, las denuncias a nivel nacional han ido bajando desde que la entidad, dependiente del Mineduc, entró en operación. La diferencia con el modelo implementado por Tohá es que la oficina de Santiago tiene un tratamiento más integral.

Como sea, en números, de los 953 casos reportados en 2011 y los 941 de 2012, el año pasado la cifra bajó a 824. Entre ellos, los casos de discriminación por discapacidad física y/o intelectual (161) y problemas de salud como VIH y epilepsia (58) son las únicas que subieron, en relación con las mediciones anteriores. Mientras que el ítem por ser inmigrante o de distinto origen racial dobló los casos de 2012 y volvió al nivel que la medición de 2011.

Por su parte, los casos déficit atencional (433), características físicas y apariencia personal (78), embarazo y maternidad (46), orientación sexual (11) y opción religiosa (10).

En lo que va de este año, ya van 121 denuncias ingresadas, 32 menos que el año pasado. Eso sí, han aumentado levemente las denuncias por discapacidad física, enfermedad y origen racial.

Para enfrentar estos casos, actualmente el Mineduc ha desarrollado programas para informar y saber cómo actuar en estos casos en los establecimientos. El manual “Discriminación en el contexto escolar. Orientaciones para promover una escuela inclusiva” fue elaborado en ese contexto.

La denominada Ley Zamudio, promulgada en 2012, define la discriminación arbitraria como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

La lista incluye discriminación por raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión pública, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.

Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación, ya ha comenzado la búsqueda de un encargado para llevar adelante el trabajo de esta oficina y ya ha comenzado contactos con algunos profesionales expertos en el área.

Andrés Soffia, ex director ejecutivo de la Fundación Iguales y que actualmente participa en la oficina de Participación Ciudadana del Mineduc, es uno de ellos, según fuentes al interior del ministerio. The Clinic Online intentó comunicarse con él, pero no hubo respuesta.

Con todo, la iniciativa hoy es vista como algo positivo y se alinea con la estrategia que ha llevado el ministerio de Educación en estos meses de gobierno.

Mientras tanto, para hoy está prevista la presentación de los resultados de la Evaluación Docente 2013, a cargo de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Los resultados se harán públicos exactamente un día antes de la Jornada de Reflexión -de carácter voluntario- propuesta por el Colegio de Profesores y apoyada por el Mineduc, este viernes entre las 10 y las 14 horas.

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