Caso Tsunami

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó 35 de las 36 diligencias solicitadas en audiencia judicial por las defensas de los seis acusados en la indagación por la falta de alerta de tsunami, acaecido en la madrugada del 27 de febrero de 2010.

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente comunicó que el equipo de persecutores que encabeza la fiscal regional Solange Huerta y que integran los fiscales Luis Tapia, Andrés Castellanos y Natalia Sánchez, cerró las indagaciones el 7 de mayo recién pasado y el 16 del mismo mes acusó a los inculpados.

La acusación está dirigida en contra de Patricio Rosende Lynch, ex subsecretario de Interior; Carmen Fernández Gibbs, ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi); Johaziel Jamett Paz; ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi; Mariano Rojas Bustos, ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA); Andrés Enríquez Olavarría, ex jefe de operaciones del SHOA; y Mario Andina Medina, ex oficial de guardia del SHOA.

Los abogados de los seis acusados y un querellante particular solicitaron la reapertura de la investigación para que se practicaran diligencias que ellos estiman necesarias para defender a sus representados o probar sus teorías.

El equipo de fiscales se opuso a la reapertura, pues estimó que se trata de diligencias dilatorias, impertinentes, que ya habían sido cumplidas en el transcurso de la investigación.

Los alegatos para debatir este asunto, realizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía, se llevaron a cabo entre el miércoles 18 y el viernes 20 de junio, y este lunes 23 el juez que dirigió la sesión, Patricio Alvarez, entregó su resolución.

De las 58 diligencias pedidas originalmente, los defensores se desistieron de 22 durante el transcurso de la audiencia judicial. De las 36 restantes, el tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y rechazó 35 de ellas.

El magistrado aprobó la realización de una diligencia, para la cual dio un plazo de 20 días, consistente en una petición de información, planteada por la defensa del acusado Mariano Rojas, para que se solicite a la Armada los antecedentes de una funcionaria del SHOA.