Chile: 6.435 kilómetros de costa bajo observación en medio de las alertas de tsunami

El miércoles 30 de julio despertamos con que un terremoto de potente magnitud se había producido frente a las costas de la península rusa de Kamchatka y se anunciaba una alerta de tsunami en gran parte del Pacífico. En Chile, la cancelación de la alerta llegó después de horas de tensión, pero no antes de que 1,5 millones de personas fueran evacuadas y el SHOA reportara olas especialmente grandes en la Región del Maule, con 2,5 metros en la playa de Boyeruca, comuna de Vichuquén; mientras que en Talcahuano alcanzaron 1,6 metros; en Coquimbo y Coliumo, 1,4 metros; en Quintero, 1,3 metros; en Punta de Choros, 1,1 metros; y en Bahía Mansa, un metro.

Junto al SHOA, el Centro Sismológico Nacional y Senapred estuvieron liderando la emergencia, marcada especialmente por dos puntos negros: fallas en la emisión del mensaje SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) en algunos equipos celulares pertenecientes a una compañía en particular y, como pudimos ver en redes sociales, los “chistositos” de siempre minimizando el tamaño de las olas y el impacto del oleaje, turisteando en las playas cuando la instrucción era clara: evacuar.

Mientras se normalizan las vidas de todos quienes enfrentaron días de incertidumbre y estrés fuera de sus casas, rogando para que estas y sus fuentes laborales no se vieran afectadas, comienzan los balances. Puertas afuera, el jueves 31, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a las críticas manifestadas por vecinos, alcaldes y parlamentarios respecto de la demora en levantar la orden de evacuación, argumentando que “existe una institucionalidad que aplica estándares internacionales para enfrentar las emergencias del más alto nivel y sobre esa base se han tomado las decisiones para, por un lado, instruir la evacuación, así como por el otro, autorizar que las personas vuelvan a sus casas”. Elizalde apuntó a la necesidad de adoptar medidas preventivas en un país con un contundente historial de tragedias vinculadas a sismos, tsunamis y sistemas frontales. 

La importancia de los planes reguladores en Chile

Fuera de esa contingencia y evaluaciones que, por supuesto, se tiñen de intenciones políticas y agendas electorales, los desafíos para un país con 6.435 kilómetros de costa persisten. Todos y cada uno de ellos los vienen subrayando con investigación y evidencia, desde sus distintos equipos especializados, instancias como CIGIDEN, el Observatorio de Costas de la UC y Atisba, por ejemplo.

Chile es el país más vulnerable a desastres de la OCDE. Un 54% de la población y un 12,9% de la superficie nacional están expuestas a tres o más tipos de amenazas, y el cambio climático está aumentando los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, incendios en la interfaz urbano-rural y las inundaciones. Pero, a la vez, los instrumentos normativos relativos a la planificación urbana y territorial no están suficientemente integrados a un enfoque de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), en donde esta fragmentación institucional se hace crítica especialmente en la zona costera, como también se lee en el “Atlas del riesgo de desastre: áreas de riesgo en los instrumentos de planificación territorial en Chile” (2025), firmado por la decana de la Facultad de Arquitectura de la UC, la doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos Magdalena Vicuña, y el arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano Simón Guzmán.

En una entrevista reciente en la revista especializada Planeo, Vicuña, quien tiene una larga trayectoria trabajando en proyectos sobre tsunamis, subraya una deuda pendiente que puede costar muy caro: los planes reguladores. Dice que más allá del riesgo de tsunamis, el aumento del nivel del mar y las marejadas representan problemas más frecuentes y apremiantes.

“Los tsunamis son eventos puntuales relacionados con otros fenómenos, pero las ciudades costeras chilenas enfrentan múltiples desafíos debido a su vulnerabilidad acumulada. Es preocupante que muchas ciudades costeras aún no tengan planes reguladores actualizados que incorporen estudios de riesgo, lo cual es fundamental para enfrentar tanto amenazas como vulnerabilidades”, afirma.

En esa misma línea, el primer desafío para Vicuña es actualizar los instrumentos de planificación, especialmente los planes reguladores comunales. Cada vez que se elabora o modifica un plan regulador, es crucial realizar estudios de riesgo que fundamenten las decisiones en torno a escenarios futuros, densidades y usos del suelo. Por ejemplo, aumentar la densidad en áreas expuestas incrementa significativamente el nivel de exposición de personas e infraestructuras.

Una red vial permeable, con múltiples conexiones y accesos rápidos a zonas de seguridad; la distribución de servicios esenciales como hospitales, bomberos y carabineros fuera de zonas inundables; señalética clara que considere las características socioeconómicas de la población, como también las limitaciones de movilidad, son algunos aspectos de la planificación que pueden marcar brutalmente la diferencia frente a una emergencia.

Avances, los hay. En 2024, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó una guía metodológica para la elaboración de estudios de riesgo en los planes reguladores y también de esa cartera salió hace unos meses una modificación al artículo de la Ordenanza General que regula los riesgos, que permitirá clasificar áreas con distintos niveles –alto, moderado, bajo– en los planes reguladores comunales, lo que posibilitaría normas específicas para zonas altamente expuestas en Chile, como prohibir la construcción de viviendas, jardines infantiles o centros de atención en estas áreas. Faltan las revisiones de la Segpres.

En las próximas semanas, el Presidente Gabriel Boric y los ministros que integran la Comisión Interministerial de Vivienda y Territorio (COMICIYVT) debiesen recibir la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, nacido en 2014, en que ha estado trabajando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Territorial (CNDT), a través de varias comisiones y ocho ámbitos.

Entre ellos, y a manera de adelanto, se reformula el principio de “Equilibrio ambiental” por un nuevo enfoque denominado “Sustentabilidad y resiliencia socioecológica”. El objetivo es que las ciudades y asentamientos urbanos enfrenten mejor los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones e incendios, protegiendo tanto a las personas como al entorno natural. Para lograrlo, promueve una planificación urbana con enfoque socioecológico, que reconozca la relación entre la sociedad y los ecosistemas, considerando la restauración del medioambiente como parte clave de la solución.

Los planes urbanos, según esta nueva política, deberían evitar construir en zonas frágiles y cuidar ecosistemas como ríos, humedales y cerros; promover soluciones basadas en la naturaleza como parques, corredores verdes o suelos absorbentes que ayuden a reducir daños frente a eventos extremos; usar infraestructura ecológica y tecnologías que respeten los saberes locales y culturales; y apoyar la educación y difusión de conocimientos sobre los límites de la naturaleza y el funcionamiento del agua, el suelo y el clima.

El sector privado también se mueve. El caso más emblemático es tal vez el Edificio Playa Serena, en La Serena, de inmobiliaria Norte Verde, con un 98% de avance. Frente al mar, y tras el traumático tsunami que enfrentó la región de Coquimbo en 2015, este edificio residencial de doce pisos está diseñado para recibir el impacto de las olas, permitiendo que el agua pase hacia atrás y después retorne al mar sin ofrecer resistencia.

Cuenta con una estructura que evita que se socave y que el agua no se meta por debajo de la losa de fundación, sino que siempre pase por arriba a través de los locales comerciales del primer nivel. Cuenta con una zona de seguridad en la azotea para sus trescientos potenciales habitantes, además de algunos que puedan estar en la calle o en la playa. Los equipos eléctricos y los generadores se ubican en el techo, ya que durante el tsunami anterior muchos de los edificios no pudieron hacer funcionar sus motores de emergencia.

Los cambios en planificación urbana y territorial son pasos imprescindibles para Chile, un país que convive con la amenaza constante de desastres naturales y que, como todo el planeta, está exigido por la crisis medioambiental. Sin embargo, nunca será suficiente la cultura de emergencia que desarrollemos como sociedad. La comunicación de riesgo debe ser clara, oportuna y llegar a todos los rincones. La organización ciudadana, fundamental. El rol de liderazgo de las municipalidades, absoluto en los momentos de crisis. Y, ante todo, que la ciudadanía de Chile que se tome en serio el peligro, porque cuando la naturaleza habla, no hay espacio para los “chistositos” ni para quienes creen que las alertas son exageradas. Los instagramers categoría desastre se vuelven virulentamente absurdos. 

En Chile, país de catástrofes, la preparación no es opcional: es supervivencia.