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Opinión

29 de Julio de 2014

Presidencia recurre al TC para no revelar e-mails por la compra de “bandera monumental” durante gobierno de Piñera

La decisión de La Moneda, de acuerdo al recurso que publica The Clinic Online, busca evitar el cumplimiento de un fallo emitido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en mayo pasado, donde el organismo estimó que los e-mails referidos a la adquisición del símbolo patrio, son de carácter público ya que implican actos de la administración del Estado. De esta manera, el gobierno, señalando que la entrega afecta la vida privada de los empleados que participaron de la decisión, busca generar un criterio judicial que lo proteja de solicitudes posteriores.

Jorge Molina Sanhueza
Jorge Molina Sanhueza
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AficheMonedaTransparencia

El director administrativo de la Presidencia de la República, Cristián Riquelme, recurrió la semana pasada al Tribunal Constitucional (TC), con el fin de no entregar los correos electrónicos relacionados con la compra de la “bandera monumental” durante la administración Piñera para celebrar el bicentenario. Se trata del pabellón patrio que se ubica, por Alameda, frente al palacio de gobierno; mide 18×27 metros, pesa cerca de 200 kilos y la sostiene un mástil de 61 metros que pesa 50 toneladas.

La decisión de La Moneda, de acuerdo al recurso que publica The Clinic Online, busca evitar el cumplimiento de un fallo emitido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en mayo pasado, donde el organismo estimó que los e-mails referidos a la adquisición de los símbolos patrios, son de carácter público.

De hecho, el recurso ante el TC se relaciona directamente con el reclamo de ilegalidad que el pasado 11 de junio presentó en la Corte de Apelaciones Santiago, con el fin de revocar la decisión del CPLT.

Mala cara

Hay que recordar que en 2012 el mismo CPLT ordenó la entrega de los correos del entonces subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, luego de una solicitud hecha por el alcalde de Melipilla Mario Gebauer, para conocer por qué se paralizaron los recursos para la reconstrucción después del terremoto de 2010.

En la oportunidad, Ubilla también recurrió al TC y logró que los e-mails no fueran entregados. Igual situación ocurrió con el ex titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Cristián Larroulet.

Ambos sostuvieron que el contenido de los mails era parte de la vida privada del usuario y que el CPLT estaba excediéndose en sus facultades. Pues bien, la actual administración sostiene lo mismo.

Pues bien el criterio usado en esa oportunidad por el TC cambió en noviembre de 2013, cuando la Corte Suprema le ordenó al entonces titular de Transportes Pedro Pablo Errázuriz revelar su comunicación digital sobre la modificación de los contratos del Transantiago, resolución que también afectó a subsecretaria Gloria Hutt entre otros funcionarios de menor rango.

En la oportunidad, el fallo máximo tribunal estableció que la divulgación de la información pública era un elemento central para el correcto funcionamiento de la administración del Estado y un valor constitucional para la democracia.

Dime la verdad

La petición de los datos, fue formulada por Pamela Ortiz en septiembre de 2013. En solicitud buscaba conocer los detalles de la compra de los símbolos patrios a la empresa estadounidense U.S Flag Fagpole Suply.

La dirección administrativa esta dirigida entonces por Aldo Sabat Pietracaprina, hermano del alcalde de Ñuñoa, entregó sólo información parcial, argumentando que la vida privada de los funcionarios y otros derechos constitucionales podían verse afectados al revelar la información..

Por esta razón la mujer recurrió ante el CPLT, organismo que luego de recabar los datos información de La Moneda, estimó que los mails eran públicos.

En el TC el recurso ya tiene resolución de ingreso y quedó incoado en la Segunda Sala.

Lea el recurso ante el TC

Lea el fallo del Consejo para la Transparencia

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