Parte juicio oral contra cuatro Cababineros acusados por tráfico de drogas en Arica

Un total de 149 testigos y 21 peritos, además de prueba documental y evidencia material comenzó a ofrecer la Fiscalía de Arica en el marco del juicio oral por el caso drogas, que se inició este sábado y en el que se busca sentencia condenatoria contra cuatro ex funcionarios de la Sección OS-7 de Carabineros de Arica y tres civiles.

Cabe señalar que las personas están imputadas por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico, asociación ilícita, falsificación instrumental e infracción al artículo 229 del Código Penal.

La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, integrado por los magistrados Héctor Gutiérrez (juez presidente), Macarena Calas y Carlos Rojas, quienes deberán ponderar las pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía de Arica presentó acusación y pidió penas que en total suman 164 años de presidio para todos los acusados. Durante el juicio oral, el Ministerio Público del extremo norte presentará 149 testigos y 21 peritos, además de prueba documental y evidencia material -como escuchas telefónicas- con las que pretende acreditar cada uno de los delitos indagados.

En este sentido, la Fiscalía presentará diversas pruebas incautadas durante el allanamiento registrado al cuartel del OS-7 –como libros de guardia, documentos y pericias a computadores y teléfonos-, luego que la Corte de Apelaciones de Arica declarara legal dicha diligencia.

Investigación

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga al país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera. Asimismo, la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.

La investigación determinó que desde julio del año pasado los funcionarios policiales se contactaron con F.A.Y., quien vivía en Santa Cruz (Bolivia) y con el que coordinaron la cantidad de droga, el sistema de transporte y los gastos operacionales del traslado, así como también captaron a las personas que posteriormente viajaron a Chile para recepcionar la mercancía. A ello se suma que actuaban sin la autorización de la fiscalía y elaboraban partes policiales con antecedentes falsos.

El primero de los procedimientos policiales investigados se registró el 05 de agosto de 2013, ocasión en que en el Complejo Fronterizo de Chungará se incautó bajo la apariencia de flagrancia un total de 299 kilos 794 gramos de marihuana, los que estaban ocultos en un camión proveniente de Bolivia.

La indagatoria estableció que días antes del operativo, el funcionario policial Leonardo Vílchez se contactó con F.A.Y (quien vivía en Santa Cruz, Bolivia y mantenía un quebrantamiento de condena en Chile por tráfico), con quien coordinó el ingreso de droga, así como el sistema de transporte y los gastos operacionales. Asimismo, contrataron un chofer para el traslado de la mercancía y captaron a otros dos sujetos de nacionalidad boliviana, a quienes enviaron a Santiago a recepcionar el cargamento, siendo detenidos finalmente por personal del OS-7, en el marco de procedimientos ilegales de entrega controlada.

El segundo de los operativos correspondió al registrado el 09 de septiembre, cuando se detectaron 814 kilos de marihuana ocultos en un camión también en el complejo Chungará. Al igual que en el primer caso, las diligencias de investigación determinaron que F.A.Y., coordinó con los funcionarios policiales y otros dos transportistas el traslado e ingreso a Chile, procedimiento que fue instruido y monitoreado por Vílchez Sepúlveda.

Es así como ese día arribó al complejo fronterizo el chofer L.G F., en compañía de F.A.Y., siendo controlados por funcionarios antidrogas de Aduanas; sin embargo, este último, y por instrucción de Vílchez Sepúlveda, evadió dicho control siendo ocultado y resguardado por los funcionarios policiales. Posteriormente, y en el marco de la actuación de Aduanas, el acusado Víctor Rodríguez comunicó una falsa orden de investigar emanada por un fiscal para hacerse cargo del procedimiento, tras lo cual trasladaron a ambos civiles hasta Arica.

Tras ello, los acusados Leonardo Vílchez y Nelson Gavilán le pagaron el alojamiento en un hotel a F.A.Y., y posteriormente le cancelaron el arriendo de un departamento, siendo detenidos días después por efectivos de la PDI.