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Opinión

5 de Octubre de 2014

La paradoja de un Chile seco

Vivimos la brutal paradoja de ser un país rico en agua y que sin embargo le es negada a sus habitantes, precisamente a los más pobres, que habitan ese Chile que late y respira en las zonas rurales y apartadas.

Felipe Petit-Laurent
Felipe Petit-Laurent
Por

sequía

“Dicen que en la tarde llueve”, se escucha cada medio día de invierno en Vicuña, en La Higuera, en Combarbalá, Petorca, y en varias decenas de comunas más, pero no es más que un rumor.

Los diagnósticos realizados en más de cien comunas a lo largo de Chile, en los que las comunidades participan en la identificación de su problema social y sus soluciones, nos dicen que hemos llegado a un punto sin retorno: la escasez de agua para consumo humano y agrícola puede limitar el desarrollo, perpetuar y agudizar la pobreza de cientos de comunidades y hacernos extremadamente vulnerables en el futuro.

Despoblamiento de zonas rurales, la existencia precaria de escuelas unidocentes, la desaparición de la agricultura familiar, la reconversión productiva obligada, además de problemas de salud emergentes, extinción de especies y daños irreversibles a los ecosistemas, entre otros, se producen directamente por la escasez hídrica. Si sumamos la vulnerabilidad que afecta a millones de chilenos, es claro que estamos en presencia de un grave menoscabo al desarrollo humano.

El Banco Mundial publicó en 2011 un diagnóstico sobre la gestión de los recursos hídricos en Chile, donde menciona que la disponibilidad de agua superficial que hay desde la Región Metropolitana hacia el norte, es en promedio de 800 m3 por persona al año, muy por debajo de la recomendación mínima para un desarrollo sostenible, que es de 2.000 m3. Hoy vemos extendida esta situación hasta la región de La Araucanía por el sur, donde cientos de localidades hoy dependen del camión aljibe. No sabemos si la cantidad de agua que se está repartiendo es la mínima aceptable para el consumo humano diario, en un país con nuestro nivel de desarrollo, pero sí sabemos que el costo de financiarla y repartirla corre por cuenta de municipios con muy pocos recursos, en comunas con altos niveles de pobreza.

Una cosa es la sequía que afecta a parte del país y otra cosa distinta es el uso que se da a los recursos hídricos que sí existen, y en eso, la legislación, las empresas mineras, eléctricas, forestales y las autoridades se reparten la responsabilidad de dejar sin agua a muchos compatriotas. Se suman además otros nudos: el estado de otorgamiento de derechos de agua, los derechos de agua sin usar, la falta de proyectos de inversión, nuevos permisos para proyectos mineros e hidroeléctricos en localidades sobreexplotadas, comunas que tienen luz pero no tienen agua, comunas que no tienen ni luz ni agua, como Camarones en Arica-Parinacota o localidades que solo cuentan con dos horas de luz eléctrica al día.

Esta situación ha llevado a algunos diputados a proponer una reforma constitucional que consagre el dominio público de las aguas y establezca el estado de catástrofe ambiental por escasez hídrica. Cerca de 100 comunas del país pueden caer en esa categoría si se implementa la medida. Asimismo, la demanda del recurso hídrico por parte de las grandes industrias solo sigue creciendo. ¿Son las zonas afectadas por la sequía las nuevas “zonas de sacrificio” que Chile ha decidido dejar al arbitrio del mercado? ¿Comenzaremos a desconocer que el derecho al agua es un derecho humano reconocido internacionalmente?

Vivimos la brutal paradoja de ser un país rico en agua y que sin embargo le es negada a sus habitantes, precisamente a los más pobres, que habitan ese Chile que late y respira en las zonas rurales y apartadas. El problema pasó de urgente a vital. Esperamos que así lo entiendan las más altas autoridades del país y que sea beneficioso el trabajo del nuevo Delegado Presidencial para la escasez hídrica. Ante la gravedad, se requiere la acción del Estado en su conjunto: la coordinación de programas, proyectos, inversiones y una mirada de largo alcance para enfrentar el problema. Por sobre todo se requiere participación real en las soluciones de las comunidades afectadas.

*Director Nacional de Servicio País.

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