Fallida licitación del litio: Fiscalía pide levantar secreto bancario a exsubsecretario Pablo Wagner

El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, pidió al ex subsecretario de Minería, el UDI Pablo Wagner, levantar el secreto bancario sobre sus productos financieros. Esto en la investigación que sigue por la fallida licitación del litio en 2012, por el delito de falsificación de instrumento público, cuando ejercía como la segunda autoridad del ministerio del ramo.

La información fue confirmada en exclusiva a The Clinic Online por el abogado penalista Carlos Cortés quien patrocina a Wagner en este caso.

“El fiscal le solicitó a mi cliente levantar el secreto bancario a lo que accedió de inmediato. Esta semana se le entregará la autorización firmada al señor fiscal, ya que se trata de un alzamiento voluntario”, explicó.

Hay que recordar que en septiembre de 2012 Soquimich (SQM) -cuyo controlador es Julio Ponce Lerou- se adjudicó este multimillonario negocio minero, por US$ 40,1 millones, pero se descubrió que en su propuesta para concursar omitió que mantenía juicios con el fisco, anulándose todo lo obrado.

La decisión del fiscal es la resultante de los antecedentes recabados hasta ahora en la carpeta de investigación, donde es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Consultado Cortés sobre la eventual participación de su patrocinado en los hechos materia de la investigación del fiscal Morales, explicó: “Mi cliente no tiene nada que ocultar. Todo procedimiento en el que participó referido al litio, se realizó conforme a derecho y en esa línea es que el alzamiento del secreto bancario apunta a colaborar con la investigación de la fiscalía”.

El nexo con Penta

La diligencia encargada por Morales se da en paralelo a la investigación que lleva su colega del Ministerio Público Oriente, Carlos Gajardo conocida como el Pentagate.

En esta última, Wagner está querellado bajo el delito de cohecho por el CDE, luego que este diario revelara que, cuando ejercía como autoridad, Carlos Alberto “choclo” Délano, le pagaba 3 millones bimensuales, a través de un familiar, hecho que se extendió al menos por el periodo en que ejerció como autoridad. Aquí Wagner es representado por el penalista Gonzalo Medina.

Estando en su cargo Wagner fue contactado vía e-mail por Pedro Ducci, yerno del “choclo” Délano, solicitándole una audiencia para presentarle un proyecto minero de Andes Iron, la minera Dominga, donde Délano es propietario en conjunto con otro socio. Hecho eso, concurrieron a su oficina altos ejecutivos de esta empresa.

Estos dos últimos declararon de manera voluntaria ante Gajardo en calidad de testigos para transparentar su participación, acompañados de su abogado, el penalista Juan Domingo Acosta.

Al respecto, Wagner ha declarado que nunca operó a favor de Andes Iron y que el dinero pagado por Délano era una deuda laboral por los años trabajados en Penta.

Soquimich, en tanto, también aparece en la indagación de Gajardo pues,  tal como lo publicó este medio, pagó recursos a Reactor SPA y Asesorías Cristina Zúñiga que en verdad corresponderían a pagos adeudados al ex candidato a senador UDI Pablo Zalaquett, quien está investigado por fondos recibidos por Penta mediante Reactor SPA y que no fueron consignados como donaciones a campaña.

Largo camino

Wagner no es la única acción criminal que enfrenta en el Ministerio Público Centro Norte. Existen otras dos. La primera fue presentada en octubre de 2012 por falso testimonio, donde el querellante es Cristián Rosselot en representación del Consorcio MX, que en la época quedó fuera del concurso. Estaba dirigida contra quiénes representaron a SQM en el proceso, Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, hermano del entonces ministro de Minería, Hernán de Solminihac.

Esta indagatoria, a poco andar, fue cerrada por el fiscal Víctor Vidal. Sin embargo la orden de investigar hecha por la PDI, entregó importante información respecto del actuar de la jefa jurídica del Ministerio de Minería Jimena Bronfman quien validó los antecedentes entregados por SQM en la licitación.

Fue así como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó a través de una querella que no fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por extemporánea, quedando fuera del caso.

El caso de Rosselot fue reabierto y tras las declaración de Bronfman, solicitó diligencias, entre ellas el alzamiento del secreto bancario, luego de lo cual se acumuló a la que lleva el fiscal Morales por falsificación de instrumento público, donde el CDE también se hizo parte a través de una segunda querella que esta vez sí fue aceptada por el mismo tribunal.

Rosselot también interpuso otra acción legal en contra de Wagner y Brofman el 27 de febrero de 2014 por los mismos ilícitos.

Testimonios clave

Los hechos indagados comienzan a gestarse el 25 de septiembre de 2012, oportunidad en que SQM se adjudicó la extracción de litio por US$ 40,1 millones. Sin embargo, a poco andar, quedó al descubierto que la firma mantenía litigios con el fisco, incumpliendo así uno de los requisitos para participar.

En la tramitación que lleva Morales, acumulada a la primera querella de Rosselot, la PDI entregó una orden de investigar. En ella Wagner declaró la responsable del análisis de los documentos entregados por SQM fue Jimena Bronfman, a la sazón jefa jurídica del Ministerio de Minería y jefa del Comité Especial de Licitación (CEL).

“Por otra parte, la revisión previa de los antecedentes administrativos de las empresas oferentes, estuvo a cargo de los abogados del Ministerio de Minería dirigidos por doña Jimena Bronfman”, declaró Wagner ante los inspectores Francisco Nieto y José García.

Bronfman en su testimonio del 27 de noviembre detalló que si bien encontró anomalías en la presentación de SQM, fueron obviadas aludiendo a un criterio de Contraloría que, según la profesional, establece que en los procesos de licitación “en los que se ha detectado que uno de los oferentes incurre en un error y existe información dentro de los antecedentes presentados que lo subsana, no se invalida el proceso”. Fue así como se aprobó la adjudicación de la firma de Ponce Lerou.

En esta arista, existe un estudio en derecho preparado por el doctor en la materia, Luis Emilio Rojas que consta de 37 páginas y que fue aportado por Rosselot a la investigación, dijeron fuentes allegadas al caso.

Las conclusiones del documento establecen que tanto Wagner como Bronfman ejecutaron el delito de falsificación, atendido a que suscribieron la aprobación de la licitación del litio, favoreciendo así la comisión del ilícito en favor de SQM.

Fuentes del caso indicaron que el fiscal Morales evalúa formalizar a Bronfman, quien es defendida por la ex defensora Nacional Paula Vial.