Columna: Cambio climático y desarrollo ¿Una relación armónica?

*Maria de Luz Trautmann

Esta semana se inició en Perú la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, (COP 20) con la presencia de delegados de 195 países para debatir las futuras políticas para el cuidado del medio ambiente. Durante el inicio de la COP 20, el director del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Rajendra Pachauri, se refirió al informe que condensa el trabajo de 6 años por parte de 830 científicos. En éste se señala que la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado hasta niveles sin precedentes desde hace, por lo menos, ochocientos mil años. Se señala también que la meta es permanecer por debajo de los 2 grados, pues con una temperatura mayor la vida en el planeta corre peligro, por lo tanto, para conservar la vida tal como la conocemos, se hace necesario reducir las emisiones entre un 40 y un 70% a nivel mundial entre 2010 y 2050, y disminuirlas hasta un nivel nulo o negativo en 2100.

En definitiva, un horizonte sombrío de degradación ambiental y catástrofes se cierne sobre la humanidad, pero por otra parte, el calentamiento global es un hecho al que es preciso adaptarse. Estudios recientes del Banco Mundial y de CEPAL, reconocen que “los países en desarrollo son los más expuestos al cambio climático”, ya que tendrán que soportar “la mayor parte de los costos provocados por los daños, pese a no ser los principales emisores de GEI”. El documento prevé que el cambio climático tendrá consecuencias en la salud, elevando el número de olas de calor e incendios intensos y aumentando el riesgo alimentario y de enfermedades transmitidas por el agua.

Las proyecciones indican que continuará un paulatino, pero persistente aumento del promedio de temperatura con graves consecuencias para los ecosistemas y habitantes de la región. Chile, al igual que la mayoría de los países de la región, es catalogado como altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, que están asociados principalmente a aumentos del nivel del mar, prolongación de períodos de sequías, derretimientos de glaciares, entre otros factores que sin duda limitan el desarrollo, exacerbándose cuando este se basa en rubros como el agrícola, pecuario, minero y forestal que dependen fuertemente de la disponibilidad de suelo y agua, situación que se registra en la mayoría de las regiones del país.

Se señala también que estos cambios se deben principalmente a efectos del hombre sobre la naturaleza, al mismo tiempo que hay suficiente ciencia y tecnología para adaptarse a los efectos del cambio climático y, lo que es más importante, mitigar su alcance. Esto significa que tanto los procesos de mitigación como de adaptación al cambio climático es un tema político más que una cuestión técnica. Si a ello agregamos la “desaceleración” que sufre la economía mundial con los consecuentes efectos sobre el empleo y el aumento de los niveles de pobreza, la crisis ambiental constituye un desafío para las políticas públicas y los movimientos sociales. Tanto el proceso de adaptación como de mitigación pasa necesariamente por cuestionar la forma en que se organiza el proceso de transformación de la naturaleza para la producción de bienes y servicios basado en la rentabilidad privada; se estima que el 89,3% del total mundial de estas emisiones se originan en la industria, el uso de la energía, la deforestación, la minería y la agricultura industrial, todos ellos procesos dependientes del sector privado que, a su vez, tiene en sus manos la posibilidad de incrementar los niveles de empleo.

Desde esta perspectiva, como sociedad nos enfrentamos ante un dilema. Por una parte está la demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo que ha significado la expansión de las fronteras: del petróleo, del gas, de la minería, de las plantaciones celulósicas, de la agricultura industrial. Expansión que genera transformaciones mayores, que significa la utilización de bienes de uso común, clasificados por la teoría económica como “bienes libres”, bienes de libre acceso para el capital, pero que hoy deberán restringirse por la crisis ambiental que se aproxima. Un acceso que si bien debería restringirse por la supervivencia del planeta y la especie humana es al mismo tiempo deseable desde la perspectiva de las políticas públicas en la esperanza de atraer los fondos necesarios para financiar los gastos del gobierno y las demandas sociales.

Desde aquí, van surgiendo una serie de preguntas sobre el cómo conciliar desarrollo económico y social en un marco de sustentabilidad, para llevar a cabo planes de mitigación y adaptación al cambio climático. De acuerdo al último informe presentado por la IPCC, hay soluciones técnicas. Un hecho esperanzador que contribuye a este objetivo es la formación de “La Red de Municipios ante el cambio climático”.

En el seminario “Foro de Alcaldes ante el cambio climático”, organizado por Adapt-Chile, un total de 28 alcaldes y alcaldesas del país dieron a conocer los detalles de la “Declaración los Alcaldes” que formaliza y reafirman el compromiso de implementar acciones locales en Chile en términos de incrementar sus esfuerzos para combatir el cambio climático y apoyar medidas de adaptación en todo el territorio nacional, la idea es fortalecer la articulación entre la comunidad local con el objeto de fortalecer la cohesión social, fortaleciendo los vínculos por sobre la disponibilidad de artefactos , en los que la ciudadanía aparece como protagonista y creadora de vínculos que fortalezcan e implementen formas de adaptación y mitigación del calentamiento global.
Un aplauso para la iniciativa, sin embargo, es aún insuficiente, más si se considera una alta probabilidad de desastres naturales. La experiencia del terremoto de 2010 nos da un ejemplo de los desastres sociales que puede provocar una catástrofe natural en condiciones de fuerte individualismo.

Por otra parte, se necesita complementar las iniciativas locales con políticas públicas que permitan dar curso a otras prácticas económicas basadas en la reproducción de la vida. Una alternativa es seguir ejemplos de nuestros vecinos que en sus nuevas constituciones admiten la posibilidad de otras formas de organización económica y social no basadas necesariamente en la propiedad y rentabilidad privada, a lo que llaman economía social y solidaria, cuyo objetivo, más que la rentabilidad privada es la de asegurar la reproducción de la vida.

*Economista. Docente e integrante del Programa “Economía y Sociedad” del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.