Columna: Los médicos impostores, el síntoma de una enfermedad

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Ya han pasado más de 2 años desde que iniciamos acciones legales con mi esposa Paulina en contra de los 2 falsos médicos (Tania González y Héctor Letelier) que trabajaban como profesores en la Universidad del Mar, y que además ejercían la Medicina en forma fraudulenta en el sistema público y privado de salud. Durante el Juicio hemos tenido que revivir cada una de las dolorosas situaciones que nos hicieron sospechar de este fraude. Hemos explicado y descrito la forma poco pedagógica y precaria de hacer clases del señor Héctor Letelier; o cómo Tania González diagnosticaba y daba indicaciones a los propios alumnos; o cómo trataban urgencias de alumnos en la propia Universidad; o cómo ambos aparecían con delantal blanco y estetoscopio, y alardeaban de tener supuestas especialidades y subespecialidades medicas en frente de los alumnos (Geriatría Tania González y Traumatología y Hematología Héctor Letelier).

Lo más preocupante fue la capacidad de engañar al sistema, a las instituciones del Estado. Por lo menos se ha podido demostrar que trabajaron por un lapso de al menos 5 años diagnosticando y tratando enfermedades de más de 7000 personas. La evidencia indica que ellos actuaron igual que otros fraudes médicos en otros países: trabajando en lugares con mucha vulnerabilidad y necesidad de atención médica (atención primaria, hogares de ancianos, en sistemas de urgencias y en consultas médicas de la periferia). Como médico y profesor creo que esta problemática es la punta de varios icebergs. Por una parte, muestra la crisis de una educación superior que busca el lucro a toda costa, que es capaz de conseguir una acreditación formal a pesar de tener este tipo de “profesores”. Por otra parte, muestra que el serio y urgente déficit de médicos y especialistas en nuestro país puede llegar a burlar los mecanismos de control y certificación existentes. No sabemos cuántas Tanias González tiene nuestro sistema de salud, pero es posible que existan más. El grave daño a la salud pública es irreparable: miles de personas fueron tratadas por ellos, y cientos de alumnos recibieron sus enseñanzas sin los fundamentos y la metodología adecuadas, lo que puede traer consecuencias en los pacientes por una mala praxis

Otra arista que se esconde es el problema que afecta a miles de alumnos que fueron engañados por esta Universidad. Más de mil alumnos esperan resultados de otra querella por estafa que lleva más de 2 años en el escritorio, y que ha pasado en manos de diferentes fiscalías. Nadie quiere poner el cascabel al gato.

El que ellos hayan llegado a lograr concretar sus actos es un síntoma de una enfermedad compleja que requiere un abordaje en serio, en donde la justicia tiene un rol relevante. El trabajo del Fiscal Tufit Bufadel ha sido notable, con gran compromiso público. Nuestro abogado Mauricio Daza ha trabajado pro-bono todo este tiempo, con un gran equipo profesional. La sociedad no requiere más fraudes de este tipo, y nosotros queremos justicia y recobrar la confianza en el sistema, así como muchas familias y ciudadanos de este país. Se requiere dar una señal inequívoca de justicia, señal que evite que estos indignantes hechos vuelvan a repetirse. Sin duda que el ideal sería poder contar un sistema que permita realizar investigaciones que descubran el actuar inescrupuloso de este tipo de personas, y no esperar una denuncia, como suele ocurrir.

Un sistema que permita rastrear de la misma forma en que lo hicimos nosotros, que logramos descubrir este fraude sin tener experiencia policial. Un mecanismo anónimo, de carácter preventivo, con facultades para intervenir en las zonas donde la evidencia demuestra que ocurren este tipo de delitos en contra de la salud pública. Una especie de nueva policía sanitaria que fortalezca la labor de control actual, incorporando un componente preventivo e intersectorial en su actuar, pero que unifique y centralice sus funciones en una institución. Es decir, se requiere una nueva visión para una problemática que puede significar grandes costos sociales, económicos, de Salud Pública y políticos.

*Ramón Vergara es doctor y Especialista en Salud Pública
Universidad de Chile