Platas políticas: Las cuatro empresas que podrían haber operado como Penta

Siguen apareciendo antecedentes respecto de la relación, no siempre lícita, que existe entre la política y el dinero, luego de que se levantara el secreto de la carpeta de investigación del caso Penta.

Cuando todos los focos apuntan a Penta, en medio de la declaración de sus controladores y dueños, Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, en la Fiscalía Oriente, aparecieron los nombres de otras cuatro empresas que podrían haber ocupado un método similar; es decir, entregar platas a cambio de boletas o facturas para rebajar la carga tributaria.

The Clinic Online adelantó el pasado 1 de diciembre que Soquimich, de propiedad de Julio Ponce Lerou -protagonista del caso Cascadas y ex yerno del dictador Augusto Pinochet-, y Corpbanca, del dueño de La Tercera Alvaro Saieh aparecían en el horizonte a raíz del pago a asesores comunicacionales vinculados a Pablo Zalaquett, uno de los políticos involucrados en la arista política del caso Penta.

A estas dos empresas, hay que sumar ahora a Ripley y Alsacia, según publica este martes El Mostrador.

Este medio cuenta que el 7 de noviembre de 2014, el fiscal Carlos Gajardo envió un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII), amparándose en una serie de testimonios y facturas que podrían dar cuenta que los pagos a Zalaquett no sólo llegaron a través de Penta.

Tal como publicó The Clinic Online Reactor SPA, que aparece en la declaración de gastos de Zalaquett habría recibido pagos de Penta y Soquimich. Corpbanca y Soquimich, en tanto, le hicieron llegar recursos a Asesorías Cristina Zúñiga E.I.R.L, donde presta servicios Alejandro Chaparro Cavada, quien ya declaró ante el fiscal Gajardo.

Pues bien, Chaparro Cavada trabajó en la de definición estratégica y de conceptualización de piezas gráficas a Zalaquett. Es además segunda vez que se ve implicado en un caso de alta connotación pública. Hace una década estuvo involucrado, como exasesor del entonces ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, en el caso Coimas. Hoy Chaparro es un conocido asesor político que ha tenido clientes en la derecha y en la Nueva Mayoría: los parlamentarios Denise Pascal, Maya Fernández, Tucapel Jiménez, Gabriel Silber, Gustavo Hasbún, Claudia Nogueira, Guido Girardi y Jorge Pizarro, entre otros.

Además del testimonio de Chaparro, se suma el del periodista Iván Correa, de la consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa.

Según Iván Correa, las primeras facturas se hicieron a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), a petición de Coca de Castro, histórica jefa de campaña de Zalaquett, y era ella quien le decía que había que ponerle a la factura. A Soquimich se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una.

También se le habría facturado a Inversiones Alsacia por dos millones de pesos.

A Ripley fueron tres facturas por un millón de pesos cada una, y acá tampoco hubo servicios reales prestados, señala el testimonio de Correa recogido por la Fiscalía.

Según El Mostrador, desde SQM indicaron que “no existen boletas de servicios no prestados, por tanto la empresa no se hace cargo de esa declaración”, mientras que en Ripley no se refirieron de manera oficial debido a que no han sido requeridos por el caso.

De Alsacia y CorpBanca no fue posible obtener una versión.

Ante estos antecedentes que señalan que el fiscal Carlos Gajardo andaría tras la pista de estas cuatro empresas, cabe recordar que The Clinic Online consignó a principios de diciembre que fuentes del mundo político señalan que la preocupación principal que ha abierto la indagación a Zalaquett es que Gajardo, si el SII amplía la denuncia, investigue además de a Velasco y a rostros UDI, a personeros del oficialismo.

Esto por dos razones: la primera es que Ponce Lerou es un reconocido financista político que, señalan personeros a este medio, “reparte dinero en la Alianza y la Nueva Mayoría”; la segunda, es la amplia y variopinta cartera de clientes de Chaparro.