Reforma Laboral: Dirigente de la CUT denuncia que Hacienda reflotó la “Ley Hinzpeter” en contra de los trabajadores

Este lunes comenzaron las exposiciones de los invitados a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados en el ex Congreso de Santiago por la Reforma Laboral. El gerente general de la CPC, Fernando Alvear, llegó acompañado de los abogados Pablo Bobic y Enrique Uribe, asesores del gremio, y plantearon las profundas diferencias que tienen con el proyecto. Los grandes ausentes fueron los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores que el viernes habían anunciado la suspensión de su participación hasta no aclarar con el Gobierno algunos puntos que se incluyeron en el proyecto y que “jamás fueron conversados”, señaló el vicepresidente Nolberto Díaz. Agregó que con ello se marcaba “un punto de quiebre”.

Alvear expuso las diferencias que la CPC tiene respecto de la titularidad, el fin del reemplazo en huelga, la extensión de beneficios con acuerdo del sindicato, a la que calificó como una “sindicalización automática encubierta”. Son justamente los puntos que la Central valora, aunque con reparos. Eso, sumado a lo que han calificado como la “criminalización de la acción sindical”, llevó a la multisindical a pedir una reunión con los ministros de Hacienda y Trabajo, Alberto Arenas y Javiera Blanco. Hasta el momento el Ejecutivo no ha respondido, aunque desde Trabajo señalaron que es probable que el encuentro se realice, “pero no hay fecha por ahora”.

Durante el día de hoy la CUT realizará un consejo nacional donde analizarán los pasos a seguir, sin embargo, Díaz ya ha tenido oportunidad de revisar el documento y señala que “tiene un mensaje presidencial redactado por Trabajo, pero un proyecto de ley que al final fue redactado por Hacienda, porque lo que hace es criminalizar la huelga, aumenta las causales de desafuero para los dirigentes sindicales y a nosotros nos parece que esto lo único que trae es una Ley Hinzpeter dentro de la reforma laboral, que nosotros no vamos a aceptar”.

La norma que más preocupación ha causado en la Central es la que establece como práctica antisindical “el ejercicio de fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante el procedimiento de negociación colectiva, especialmente si obstaculizara el ingreso para prestar servicios del personal directivo y de trabajadores no involucrados en la huelga”. El artículo agrega que “atendida la gravedad de la infracción”, la sanción corresponde a “la pérdida del fuero sindical”. La molestia también surge ya que luego de ocho meses de reuniones de trabajo con el Ejecutivo, la CUT acusa que jamás se transparentaron estos artículos.

La ministra Blanco, sin embargo, señaló que el concepto de “huelga pacífica” fue acordado por todos los sectores que fueron parte de las conversaciones prelegislativa y que cualquier acción que vaya contra esa pasividad puede ser considerada como práctica antisindical. Precisó que la pérdida del fuero será sólo en casos de violencia grave: “No estamos ni remotamente generando una situación de criminalización, ya que este proyecto de ley no lleva ningún tipo de sanción penal”.

Diaz, por su parte, plantea que nunca estuvo claro de qué se estaba hablando al referirse a huelga pacífica: “Eso jamás se conversó. La definición de huelga pacífica jamas se conversó con la CUT. Y por lo demás, en ninguna Constitución democrática a la huelga se le pone apellido. La huelga por definición es huelga y punto”. Insiste en que “ponerle apellido es pretender criminalizar la acción sindical”. Señala además que si sólo se sancionarán los casos graves, no tiene sentido incluir el “daño moral”. Y más allá de eso, tampoco ve el punto en incluir prácticas que están sancionadas en el Código Penal, dentro del Laboral: “Tú no tienes por qué penalizar delitos vinculados a la huelga o la acción sindical en el Código del Trabajo. ¿O acaso en el Código del Comercio penalizamos los delitos del empresariado en el caso Penta? Si yo te pego, es un acto ilegal. No tiene que estar en el Código del Trabajo, o en el Código Sanitario”. Además, el cometer un delito, o agredir a un miembro de la empresa, ya es -en la legislación actual- causal suficiente para que el empleador pida el desafuero del trabajador y sea causal de despido.

Diaz aclaró que si bien se sigue valorando la titularidad, el fin del descuelgue y la necesidad de acuerdo con el sindicato para la extensión de beneficios, los articulados que amplían las causales de desafuero “son normas fascistoides. Me parece que el diablo metió la cola en este proyecto. Entonces yo tengo la esperanza de que este proyecto lo modifiquemos en el parlamento, pero lo modifiquemos con los dirigentes sindicales”.

La ministra Blanco defendió el proyecto y aseguró que es “robusto y recoge, del diálogo todas las partes que a los actores de los trabajadores y empleadores les parecía importante avanzar”. Reiteró la invitación a que la CUT participe del proceso legislativo y que asista a la Comisión de Trabajo. Al interior de la CUT, sin embargo, comentan que su participación podría retrasarse hasta dos semanas de no haber respuesta del Ejecutivo.

Otros temas que han alertado a la Central son la entrada en vigencia de la ley 12 meses después de su publicación y el tema de los servicios mínimos. En el primer caso, Diaz señala que “eso es decirle a los trabajadores chilenos que le estamos dando tiempo al empresariado para que hagan pedazos a los sindicatos, porque después viene la ley laboral. Eso está haciendo el gobierno y no podemos permitirlo”. Diaz agrega que la principal molestia tiene que ver con la falta de transparencia: “Si no, dígannos con sinceridad que le hicieron concesiones al empresariado, el mismo empresariado que está vinculado al caso Penta. Nosotros reclamamos perfectamente que en el caso Penta con plata de los trabajadores, de nuestros fondos, ses financiaron a políticos para que votaran contra nosotros. Y en eso han pasado 25 años y seguimos esperando una reforma”.

En los servicios mínimos, el proyecto señala que podrán acordarse previamente a la negociación y en caso de no haber acuerdo, deberá fallar la Inspección del Trabajo. Diaz, por su parte, señala que estos servicios deben ser sólo para empresas que afecten las necesidades esenciales de los ciudadanos, “y no poner servicios mínimos generales para cualquier empresa. A nosotros nos parece que eso parte de una desconfianza de los trabajadores que es injusta. Ningún trabajador va a atentar contra su propia industria. Ningún trabajador va a hacer explotar una caldera o un equipo. Deseamos que se construyan acuerdos razonables, pero no hacer servicios mínimos generales, porque eso desvirtúa el espíritu de poner fin al reemplazo a la huelga”.