Nueve datos para entender el Proyecto de Inclusión Escolar, primer paso de la reforma educacional

El pasado lunes se aprobó el Proyecto de Inclusión Escolar, primer paso de la reforma educacional, que termina con el copago, la selección y el lucro en los colegios que reciban aportes por parte del Estado. Ya con este proyecto despachado, hay muchas interrogantes sobre su funcionamiento y los plazos que este entrega.

Esta aprobación se logró luego de ocho meses de tramitación y cuenta con un periodo de de ocho años, luego del cual el sistema estará completamente implementado, ya contando con algunos anuncios por parte del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, como la creación de una oficina para ayudar a los colegios en este cambio, según explica La Segunda.

Respecto a la entrada en vigencia de este aprobado proyecto, empezará desde el 1 de marzo del año 2016, siendo este de forma gradual. El primer paso es eliminar el copago de los apoderados, el que será reemplazado por una subvención por parte del Estado. Desde esa fecha y hasta dos años después, el 2018, se espera alcanzar la educación gratuita en los colegios particulares subvencionados, mientras que estos colegios tendrán hasta el 31 de diciembre del año 2017 para convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro.

El aporte que los padres realizan en el copago se podrá seguir realizando, pero no de manera constante, sino que para actividades extracurriculares o en forma de donación, siendo esto totalmente voluntario. Este pago no podrá ser requisito para admitir a un alumno en un colegio. También se prohíbe cualquier tipo de entrevista a los padres, como una forma de evitar discriminación por su estado civil, económico, religión u otros.

Sobre la postulación a colegios, los padres podrán realizar varias para asegurar un cupo al alumno. La admisión a un colegio se realizará de forma aleatoria entre todos los colegios que el apoderado elija para realizar aquella postulación, pero se priorizará a los jóvenes que cuenten con hermanos en aquel establecimiento o cuyos padres sean funcionarios de este.

La selección terminará de forma paulatina, comenzando el año 2016 en las regiones con menos de 300 mil personas (como Arica, Punta Arenas y Aysén) y solo para la entrada a los primeros años de colegio. En el año 2017 se aplicará a más regiones y, también, a los demás cursos de las primeras regiones seleccionadas. De esta forma se realizará hasta el año 2019, en el cual se dejará de seleccionar en todo el sistema escolar que cuente con aporte estatal. Respecto a los liceos emblemáticos, serán los últimos en hacer este cambio, el que se implementaría el año 2023.

Los únicos colegios que podrán seleccionar a sus alumnos son aquellos que tienen un gran acceso en la demanda, los que tengan un proyecto educativo de especialización temprana (como los artísticos o deportivos), además de los que cuentan con una alta exigencia académica o trayectoria verificable, aunque estos solo podrán seleccionar hasta un 30% de los alumnos en cada proceso de matricula siempre que cuenten con una autorización explícita del Mineduc y del Consejo Nacional de Educación.

Se espera que el fin al lucro llegue en el año 2018, cuando todos los colegios que reciben aportes estatales tendrán que estar inscritos como personas jurídicas sin fines de lucro, lo que significa que todos sus ingresos deben ser reinvertidos en los estudiantes y las instalaciones. Para supervisar esto, todos los sostenedores deberán rendir cuentas, teniendo que pagar una multa del 50% de lo desviado, además de tener que devolver aquel dinero. De negarse a ellos, serán denunciados al Ministerio Público.

Estos sostenedores cuentan con 11 puntos que determinan en qué áreas se puede gastar el dinero que entra al colegio. De todas formas, contarán con 5 años de marcha blanca en donde podrán consultar a la Superintendencia de Educación si se permite un gasto en un elemento que esté fuera de esta lista.

Finalmente, las Agencias Técnicas de Educación tendrán tres años para convertirse en sociedades sin fines de lucro, existiendo una promesa para enviar un proyecto de ley para regularlas antes que termine aquel plazo.