Congreso aprueba bono de $1 millón para funcionarios públicos de Atacama

El 20 de enero pasado, el Gobierno envió un proyecto para entregar un bono de aproximadamente un millón de pesos, dividido en cuatro pagos mensuales de $240.000, para 7.800 funcionarios públicos de la región de Atacama, el que fue aprobado por el Congreso en solo cuatro sesiones.

Aún así, este bono excluye a cerca del 30% de los trabajadores de la región, entre los que se encuentran los trabajadores a honorarios y profesores, por lo que el presidente de aquel gremio, Francisco Martínez, señaló que “al intendente le faltó más fuerza para considerar el tema de los profesores, y los diputados se centraron en lo que resutlaba más fácil, que fue el financiamiento y el procedimiento”, según indica El Mercurio.

Según Martínez, el número de profesores excluidos de este bono ronda los 2.500, siendo este similar al de los trabajadores a honorarios que tampoco fueron beneficiados por este.

Por otra parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Luis Santoni, aseguró que “no podíamos dejar de beneficiar al 70% de los funcionarios públicos de Atacama”, bajando el perfil a la molestia de los gremios ignorados.

A raíz de esta molestia, Miguel Vargas, intendente de Atacama, junto a diez representantes de la Mesa del Sector Público más los parlamentarios de la zona Isabel Allende, Yasna Provoste, Daniella Cicardini, Alberto Robles y Lautaro Carloma, sostuvieron una reunión para encontrar una solución para el 30% de los trabajadores que no recibieron el bono.

Al finalizar la reunión, Vargas afirmó que “tenemos que seguir trabajando con los dirigentes para encontrar fórmulas que permitan llegar con esta bonificación a aquellos que en esta oportunidad no están incluidos en el proyecto de ley”.

Allende, por su parte, indicó que “esto va a marcar un precedente para que en todo el país miremos a las regiones en sus especificidades, no solo las zonas extremas, sino que cada una de las regiones tienen especificidades que vale la pena considerar”.

Anteriormente, Aldo Cornejo, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que el proyecto ingresado el 20 de enero debió ingresado al Congreso 45 días antes, aseverando que durante las reuniones de comité los diputados coincidieron en que su tramitación se llevaría a cabo sin discusión al tener un contenido que no era “de mayor envergadura”.