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Una serie de diligencias llevó a cabo ayer la Fiscalía en lo que podría constituirse como una nueva arista del Caso Penta, que involucra al conglomerado en operaciones con el Grupo Cruzat a partir de contratos forwards o de “futuros” por $ 10.000 millones, en los que se habrían cometido una serie de irregularidades tributarias.

Las indagatorias se iniciaron luego de que el ex ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro, habría detallado en su testimonio ante los persecutores supuestas operaciones irregulares entre el grupo controlado por Manuel Cruzat y altos ejecutivos del holding Penta, según consigna El Mercurio.

En ese marco, este martes la Policía de Investigaciones llegó hasta una edificio del centro de Santiago, con el objetivo de dar con la oficina en que supuestamente está la contabilidad del Grupo Cruzat, proceso que se dificultó al no tener este clara una sede por estar en proceso de quiebra.

Paralelamente, en la Fiscalía Oriente se interrogaba al ingeniero comercial y ex gerente de una de las empresas ligadas al grupo Cruzat, Iván Rojas Bravo, y luego uno de los hijos del controlador del nuevo grupo indagado, Rodrigo Cruzat Valdés. Mientras el primero se acogió a su derecho a guardar silencio, el segundo sí habría declarado, por más de una hora ante los investigadores.

La investigación apunta a convenios firmados entre 2008 y 2012 entre Penta y la empresa CB Consultorías y Proyectos, del grupo Cruzat, en los que se habría acordado previamente simular pérdidas ficticias.

El mecanismo utilizado por Penta, apunta la indagatoria, sería el mismo usado en las operaciones en dólares con una sociedad llamada VSA en 2013, cuyo ilícito fue reconocido por Carlos Alberto Délano ante el fiscal Carlos Gajardo el 5 de enero: generar una pérdida en la diferencia del tipo de cambio y luego recuperarla en una operación inversa, retirando fondos que no dejan registro contable y que, por tanto, servirían para pagar bonos “por debajo” a sus ejecutivos.