Columna: Los tibios avances de la reforma educativa y la disputa por los derechos sociales

El 2015 comienza a perfilarse como el “año de la reforma”: la reciente votación de Ley de Inclusión nos lanzó de lleno sobre el debate en materia educativa. Hoy, ya zanjado el proyecto, vemos que el balance que nos deja la reforma recién aprobada, es que solo un movimiento social activo nos dará la educación como derecho social.

El desafío era grande y las expectativas también, la sociedad esperaba que esta reforma fuera el primer gran paso en el largo camino hacia una nuevo sociedad de derechos, pero ha quedado claro que para el gobierno las prioridades son otras. Nuestra evaluación es que lo que pudo ser un gran avance terminó dejándonos un sabor amargo, pues creemos que el resultado final de la Ley de inclusión es deficiente. Siempre consideramos positivo legislar para poner fin al lucro, la selección y el copago, pero nunca se nos consideró en el diseño y sucedió lo que temíamos: un proyecto insuficiente, que terminó por ceder ante quienes no quieren que sus hijos se junten con los hijos de los pobres y frente a los que desean seguir haciendo negocios con los derechos de todos los chilenos y chilenas.

Nuestra molestia es legítima, pues se pudo haber hecho mucho más, pero siguen existiendo minorías conservadoras cuya voz es mucho más escuchada que la de las mayorías del país. Lo que sucedió acá es que la Nueva Mayoría tiene un conflicto ideológico que no puede subsanar y que restringe su voluntad de cambios profundos; aquellas contradicciones se representan de la siguiente forma en las indicaciones finales que fueron aprobadas:

1. A nivel de selección, se mantiene la posibilidad de que colegios con “proyectos educativos especiales” seleccionen un 30% de la matrícula, incluyendo artísticos, deportivos y emblemáticos, olvidando que la selección de cualquier índole también es segregación socioeconómica, puesto que al elegir a los estudiantes con supuestas habilidades superiores inevitablemente escogemos entre quienes tienen mayores recursos culturales y/o económicos para educarse. Así, seleccionar a los “más meritorios” va en dirección opuesta a la inclusión; lo que requiere Chile es un sistema igualmente bueno para todos los niños y niñas chilenas, que se centre en hacerse cargo de las desigualdades de origen.

2. Por otra parte, es injustificable que se mantenga la posibilidad de arriendo entre partes relacionadas con fines de lucro en colegios menores a 400 estudiantes, hasta 6 años después de promulgada la ley, así como también que se permita obtener ganancias a través de las Agencias Técnicas Educativas (ATE). Además, respecto al arriendo, una vez terminado el plazo de 6 años se permite el “préstamo” indefinido de la infraestructura a cambio de un monto de dinero. Con esto se deja abierta la posibilidad a que sigan operando dos de los principales mecanismos de lucro en el sistema educativo: los inmuebles y las ATE.

3. Finalmente, se permitió que los colegios privados lucren, seleccionen y cobren a su antojo. ¿Qué excusa existe para regular la educación de todos, menos la de la élite? Si se elimina la selección, lucro y copago en colegios municipales y subvencionados porque la educación es un derecho universal al que todos y todas deben acceder, no hay espacio para que un determinado grupo de la población tenga la facultad de restarse de las reglas del juego y continuar excluyendo. La propiedad de los colegios o el origen de su financiamiento no pueden ser excusa; los derechos sociales son independientes de estos factores, acá seguimos reproduciendo dos Chiles diametralmente distintos.

En definitiva, hay sectores mayoritarios del oficialismo que se resisten a cambiar la lógica de mercado y la segregación, y están más preocupados de proteger los arriendos y la selección sin escatimar en votar alineados con la derecha, lo que terminó, al igual que siempre, en una ley insuficiente que mantiene el modelo actual, pues este sector siempre arrastrará al resto de la coalición a votar bajo sus parámetros bajo el temor de echar todo por tierra y el movimiento social ya no aguanta esa política.

Frente a esto, decimos una vez más que nuestro único camino es consolidar una nueva alternativa política para el país, pues la Nueva Mayoría y la derecha demostraron que no son capaces de llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. Solo queda una opción para el movimiento estudiantil y social: tomarse con responsabilidad su rol dentro de los procesos de cambio que están ocurriendo y, por tanto, prepararse para enfrentar el 2015 con fuerza suficiente para impulsar transformaciones profundas en la educación y en todas las áreas de la sociedad en que sea urgente. Por eso es necesario recuperar fuerzas y salir nuevamente a las calles para llegar con nuestro mensaje a las familias chilenas y hacer de este movimiento no solo una lucha por reivindicaciones gremiales, sino una disputa en donde toda la sociedad debe ser parte activa.

El movimiento estudiantil este año tiene el deber de ser propositivo y de convocar a todos los sectores necesarios para consolidar los avances que deja de lado la Nueva Mayoría. Se nos viene el debate sobre educación superior y nuestro desafío está en disputar el sentido de la reforma: fortalecer la educación pública en todos sus niveles y consolidar los avances que vayan en la dirección de reconocerla como un derecho para todos y todas, cuestión que debemos hacer desde el primer minuto.

*Esta columna es obra de los siguientes dirigentes estudiantiles, militantes del Frente de Estudiantes Libertarios:

Bayron Velásquez, Presidente Federación de la Universidad Austral de Chile;
Nicolás Fernández, Presidente Federación de la Diego Portales;
Diego Martínez, Presidente Federación de la Universidad Santo Tomás;
Vicente Valle, Secretario de Comunicaciones de la Fech;
Carla Peña, Vicepresidenta Federación de la Universidad Católica de Valparaíso;
Rodrigo Contreras, Vicepresidente Federación de la Universidad Federico Santa María de Santiago;
Gerardo Rojas, Presidente Federación de la Universidad de Atacama;
Brian Guzmán, Vicepresidente Federación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción;
Joao Flavio Trigo, Secretario General Universidad del Bío Bío Chillán;
José Calquín, Secretario General Universidad Alberto Hurtado.