Cones realiza manifestacion en frontis de la UDI

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Como señala Atria, la acción política no se trata de la evaluación, de si se ha llegado al punto de llegada, al sueño utópico. Se trata más bien de la trayectoria que se sigue para acercarse a este punto. No se trata de ser tirado por un punto de llegada y de decretar la derrota en todo momento que no se ha alcanzado este punto de llegada sino del sentido de dirección, que empuja desde el punto de partida.

Desde esta mirada, un cambio de paradigma se refiere a un cambio de dirección. Mientras más pronunciado el cambio de dirección, más fuerte el cambio de paradigma.

Si empatizamos con esta forma de describir la acción política, resulta innegable que el proyecto de ley de Inclusión, que pone fin al lucro, la selección y al copago en el sector financiado por el Estado, es a todas luces un cambio de paradigma en la forma en que se organiza nuestro sistema educativo. Si antes nos encontrábamos derrotados hacia un sistema que avanzaba por la senda del mercado, hoy cambiamos de dirección, y avanzamos en el camino que reconoce que la educación es un derecho social.

Hagamos pues, el balance:

Nuestro sistema educativo, versión chicago boys, pretendía que fuese el mercado el que entregase la información necesaria para que los padres tomasen las mejores elecciones para sus hijos. En base a esta elección, los establecimientos elevarían en su conjunto su calidad, y aquellos que no fuesen capaces de resistir a esta competencia saldrían del sistema. El experimento neoliberal no tardó en fracasar, ni lo uno ni lo otro ocurrió. Lo que pasó fue que, tanto los establecimientos públicos como los particulares subvencionados, fueron incapaces de hacer carne la promesa de entregar educación de calidad a sus alumnos, salvo contadas excepciones.

El mercado educativo se hizo funcionar, entre otros, por tres grandes engranajes, la selección, el copago, y los fines de lucro que podrían seguir los sostenedores. El copago, introducido en 1988 y perfeccionado en 1993, posibilitó el perfecto cruce entre la capacidad de pago de los padres y la “oferta” educativa. La educación se sacralizó como mercancía y las familias como consumidores. Mediante las estrategias selectivas de las escuelas, los sostenedores maximizaron la “productividad” de sus escuelas. Qué mejor que abaratar costos seleccionando “factores de productividad” de mejor calidad. Por último, para algunos sostenedores, sus fines de lucro reemplazaron los fines educativos que debían de perseguir sus escuelas y liceos. A pesar de la negativa de algunos, los fines de lucro y los fines educativos son irreconciliables, y así se pudo observar en los resultados de estos establecimientos.

La Ley de Inclusión cambia en 180º la dirección en que caminaba nuestro sistema educativo. Con las nuevas normativas no solo se hace indeseable perseguir el lucro, seleccionar y discriminar a los alumnos al momento de admitirlos y menos la posibilidad de cobrarles para que reciban educación, ahora estas tres prácticas serán ilegales. Si antes estábamos en la discusión entre lo deseable y lo indeseable, hoy entramos en la discusión sobre lo lícito y lo ilícito. Si este no es un cambio de paradigma, un cambio radical de dirección de las reglas que definen la forma en que se organiza el sistema educacional chileno pues entonces no sabría decir qué es lo que hemos legislado.
¿Qué hace en concreto la ley? En primer lugar, desplaza al mercado educativo quitándole el precio a la educación. Salvo el sector particular pagado que seguirá cobrando a los padres, los establecimientos que reciban financiamiento público ya no podrán cobrar de manera obligatoria a los padres. Este hecho permite que comencemos a hablar de la educación como derecho social y desplazar con fuerza la noción de educación como una mercancía transable en el mercado.
En segundo lugar, impide numerosas prácticas de selección, las que colisionaban de manera directa con los derechos de los niños y jóvenes a no ser discriminados al momento de decidir dónde estudiar. La libertad de enseñanza será entonces, y en primerísimo lugar, el derecho de los niños a elegir. Tendrán que ser las escuelas, apoyadas por el Estado, laa que se adapten a la diversidad de talentos, realidades y complejidades de los estudiantes, no los estudiantes los que se acomodarán a las escuelas. El derecho es del estudiante.

En tercer lugar, se erradica el lucro como motor de no pocos establecimientos, los que tomaban decisiones pedagógicas distorsionadas por los fines de lucro que perseguían los sostenedores de las escuelas.

La hoja de ruta de la reforma es larga y estamos recién empezando. El año 2015 será el momento para abordar el financiamiento de la educación pública, revisar las pruebas de evaluación y de aseguramiento de la calidad (SIMCE), legislar sobre una nueva institucionalidad para la educación pública, crear una nueva Política Nacional Docente y reformar nuestra educación superior.
El cambio de dirección que he señalado no aborda todos los elementos que debemos de modificar para poder llegar al punto de llegada, pero sí es la parte más difícil de la maniobra. Como señala Innerarity, la política es siempre decepcionante, lo que no implica no poder celebrar los triunfos cuando, en consideración de las condiciones reales del mundo, somos capaces de empujar la medida de lo posible.

*Sociólogo. Asesor del Ministerio de Educación.