El “Pentagate” de los cuarteles

En medio de la vorágine por el caso Penta por emisión de boletas ideológicamente falsas a políticos de la UDI, se destapó un escándalo de proporciones en las filas del Ejército durante el verano. Se trata de un fraude que involucra a dos funcionarios, actualmente detenidos, por utilizar facturas adulteradas por concepto de reparaciones de vehículos militares: el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz.

Si bien en un comienzo se habló de una estafa de poco más de 100 millones de pesos, el abogado Andrés Figueroa, defensor del cabo Cruz, advirtió a la justicia que la cifra superaría los 2 mil millones de pesos.
La defraudación fue ejecutada a través de operaciones falsas de compra de repuestos para vehículos motorizados a ruedas, como admitió en una presentación ante el Tribunal Constitucional el propio cabo Cruz, detenido desde 2014 en el Regimiento de Policía Militar.

La empresa Frasim, domiciliada en calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, figura como la principal sospechosa, según las propias pesquisas de la VI Fiscalía Militar, dirigida por la abogada Paola Jofré. Hasta ahora el principal imputado es el Coronel Clovis Montero, detenido desde abril de 2014, junto al cabo Cruz.
El fraude se sumaría a otra estafa denunciada a mediados de enero por el Ejército a la Fiscalía Centro Norte por 6 mil millones de pesos por servicios informáticos que jamás se prestaron -justificados a través de más de 100 facturas- y el pago de coimas al jefe de Informática del Comando de Bienestar de la institución, mayor en retiro Mauricio Lazcano Silva.

LOS HECHOS

La versión oficial, admitida por los propios involucrados -el coronel Montero y el cabo Cruz- indica que solo entre enero y marzo de 2014 fueron gestionados pagos por 103 millones de pesos por compras falsas de repuestos a la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, el “indio”, como lo llamaban en el Ejército, que figura en la lista de proveedores de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.

La operación siempre habría sido liderada por el coronel Clovis Montero, según reconoció el cabo Cruz en su declaración del 17 de febrero ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que solicita además que se pronuncie sobre la constitucionalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares.
El cabo Cruz, imputado por defraudación fiscal y falsificación documentaria, asegura que fue contactado en enero de 2014 por el oficial Montero, de la dotación de Contraloría del Ejército, para presentar facturas de Frasim a pago, pese a que los insumos cobrados jamás habrían sido entregados.

La primera operación fue por poco más de 50 millones de pesos cobrados en cuatro facturas, foliadas con los números 13209, 13210, 13211 y 13212. Tras sus gestiones en la Dirección de Finanzas del Ejército, el cabo Cruz recibió un pago de 15 millones de pesos en efectivo, según su propia confesión.

Cruz, de acuerdo a los antecedentes recabados por el Laboratorio Criminalístico de la Policía de Investigaciones, logró gestionar estos pagos luego de falsificar un timbre del Ejército, además de adulterar las firmas del comandante de la División de Mantenimiento, general de brigada Héctor Ureta; del jefe de Mantenimiento, coronel Jorge Silva y del jefe del Departamento de Vehículos Motorizados a Ruedas, teniente coronel Pedro Ferrer.
Tras el éxito de la operación, Clovis Montero pidió a Cruz gestionar otras seis facturas fraudulentas, por 53 millones de pesos más. Los documentos corresponderían a las numeraciones: 13234, 13236, 12237, 12238, 12239 y 12240.

Según Cruz, todo falló por la impaciencia del coronel Montero, quien pidió al cabo acelerar este nuevo pago, el que salió a cobro también en marzo. La premura en las gestiones despertó las sospechas del tesorero del Ejército, coronel Samuel Poblete. El cabo Cruz, según sus propias palabras, terminó reconociendo los ilícitos ante el brigadier general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento.

Acorralado por las sospechas, el coronel Montero tomó contacto con el empresario Francisco Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago en un vale vista, debido a que “han surgido problemas”, según reza el expediente de la Justicia Militar. Montero finalmente recibe el documento y, tal como consigna el proceso, se lo entrega al tesorero del Ejército en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.

DUDAS RAZONABLES
Las dudas en el caso aún arrecian: ¿solo bastan un cabo y un coronel para cometer una defraudación tan grande? ¿Desde cuándo operaban? ¿Hay más implicados? ¿Por qué se devolvió parte del dinero defraudado en un estacionamiento subterráneo y no en un tribunal? ¿Por qué los hechos son investigados paralelamente por tribunales civiles y militares?

“Esto es una estafa”, alega el abogado de derechos humanos Cristián Cruz, quien ya pidió más antecedentes al Ejército sobre la materia. A su juicio, tras meses de silencio, el Ejército aprovechó el caos mediático por los actos de corrupción en los casos Penta y Soquimich, para informar del desfalco en sus filas con fondos de la Ley Reservada del Cobre. “Es la más grande defraudación ocurrida en democracia”, denuncia.
Cruz, sin embargo, estima que no se trataría del único caso de corrupción en las filas castrenses y apunta a denuncias en curso por mal uso de los vales de combustible de la institución. “Hay situaciones dudosas”, insiste.

UN PROBLEMA MAYOR
El problema, sin embargo, no es solo que un par de militares pudiera defraudar al Ejército y el fisco coludidos con una empresa desconocida de Estación Central. El tema de fondo, más bien, es la absoluta falta de control civil sobre la compra de armamento y repuestos, en el marco de la Ley Reservada del Cobre. Entendiendo que Chile destinará entre 7.000 y 10.000 millones de dólares a la compra de armamento hasta el año 2025, según admiten autoridades ligadas a Defensa.

Las nuevas adquisiciones, que se suman a los 9.136 millones de dólares gastados entre 1990 y 2012, buscarán fortalecer la movilidad y potencia antiaérea de las fuerzas armadas, entre otros objetivos. Hoy, las instituciones castrenses, a diferencia de ninguna otra institución pública, disponen de ahorros por unos 4.200 millones de dólares para futuras compras de armamentos. A ello se suma el flujo permanente que reciben a través de la Ley Reservada del Cobre, justamente los recursos defraudados por el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz.

Ajenos a la polémica por el desfalco cometido, los planes castrenses siguen adelante. Los planes de compras de armas -las mayores registradas en la historia del país-, incluirían una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de adquirir aeronaves para reabastecimiento en vuelo.

Todas esas operaciones, una danza de miles de millones de dólares, serán resueltas en el más absoluto secreto, sin que medie ningún control del Poder Legislativo, tal como estableció la dictadura hace más de 30 años. En ese mundo, algo libertino, se desarrollaron los hechos que hoy mantienen al coronel Clovis Montero, al cabo Juan Carlos Cruz y el empresario Francisco Huincahue en la mira de la justicia.