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El Gobierno volvió a respaldar el actuar del Servicio de Impuestos Internos (SII), cuestionado durante los últimos días por no haber dado curso a una querella o demanda que hubiese permitido que la Fiscalía pudiera haber empezado ya a meterse a la contabilidad de SQM, y de esa manera haber evitado la intervención del TC tras el requerimiento del ex gerente Patricio Contesse, lo que congeló la investigación en cuanto a medidas intrusivas, como allanamientos e incautaciones.

“Aquí lo que corresponde y no sólo lo que corresponde, de acuerdo a la ley quien investiga en Chile con el apoyo de las policía y con la ayuda del Ministerio del Interior, son los fiscales. Eso se cumplió hoy día nítidamente: La fiscalía dio una instrucción y el organismo pertinente, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos cumplió esa instrucción”, dijo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Asimismo, la autoridad subrayó que “hemos establecido reiteradamente que cuando la fiscalía opera en un caso de investigación, sea aeropuerto, sea robo de cajeros, lo que nosotros hacemos es que apoyamos la investigación. Si la fiscalía solicita recursos adicionales, nosotros vamos a apoyar a la fiscalía”.

Respecto de la supuesta lentitud en el actuar del SII, lo que el propio ente fiscalizador ha desestimado hasta el hartazgo, Aleuy dijo que
“si alguien supone en Chile que hay funcionarios publicos que quieran obstruir las investigaciones tienen que ser los suficientemente responsable y denunciarlos”.

En otro tema, la autoridad evitó, como ha sido la tónica reiterada del gobierno en las últimas semanas, referirse al caso Caval y los nuevos antecedentes dados a conocer por Qué Pasa respecto de Caval, en cuanto al segundo contrato entre el empresario Hugo Silva y Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon en la pyme.

“Nosotros hemos dicho reiteradamente y yo en particular lo he dicho como 300 veces: el gobierno no opina sobre las investigaciones judiciales”, dijo el subsecretario.

Aleuy remarcó que “eso lo lleva la fiscalía, que determinará qué es lo que hace, cómo lo hace. A nosotros no nos corresponde, no tenemos atribuciones legales para investigar o dar opiniones sobre lo que hacen el resto de los poderes del Estado”.